La controversia por la sobreestimación de producción reconocida por Codelco sigue escalando y ahora sumó presión política directa sobre el Ministerio Público. Los diputados de la UDI Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero solicitaron que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos asociados al ajuste realizado por la estatal, luego de que la minera admitiera una sobreestimación cercana a 27 mil toneladas de cobre correspondientes al ejercicio 2025.
La cifra equivale aproximadamente al 2% de la producción anual de la corporación y abrió una nueva crisis interna en la principal empresa estatal del país. Según informó la propia compañía, parte del material contabilizado aún requería procesos adicionales antes de poder ser incorporado como producción final, motivo por el cual los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Los parlamentarios valoraron que la empresa entregara los antecedentes de la auditoría, pero calificaron las medidas adoptadas hasta ahora como insuficientes frente al impacto económico y reputacional generado por el caso.
UDI apunta a posibles delitos y exige investigación prioritaria
Los legisladores sostuvieron que la situación no puede resolverse únicamente con salidas de ejecutivos o ajustes internos, sino que debe esclarecerse si hubo conductas que pudieran constituir delitos.
“Este es un error de la máxima gravedad, que no sólo afecta la credibilidad y la imagen de Codelco, sino que también compromete cuantiosos recursos que pertenecen a todos los chilenos”, afirmaron Sulantay y Romero.
En esa línea, insistieron en que la Fiscalía debe otorgar prioridad a la investigación mediante la designación de un persecutor exclusivo para el caso, considerando la magnitud de la estatal y el impacto financiero asociado a la corrección de cifras.
La solicitud ocurre en medio de crecientes cuestionamientos a la gobernanza y a los mecanismos de control interno de la minera. La controversia también se produce en un momento particularmente sensible para la compañía, que enfrenta presiones operacionales y desafíos para recuperar sus niveles históricos de producción.
El episodio se suma además a las tensiones internas que han marcado el cierre del ciclo del presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien ha debido enfrentar críticas por la gestión operacional y financiera de la estatal durante los últimos meses.
Bonos, trabajadores y presión sobre la administración
Uno de los puntos más sensibles del caso corresponde a la devolución de bonos asociados al cumplimiento de metas de producción. Tras la corrección de cifras, Codelco anunció que más de 6 mil trabajadores deberán reintegrar cerca de US$14,3 millones pagados durante 2025 producto de la estimación errónea.
Para los parlamentarios, aunque la restitución corresponde desde el punto de vista administrativo, la situación refleja fallas de gestión que exceden a los trabajadores.
“Es muy lamentable que sean los trabajadores quienes deban responder por los errores cometidos a nivel de la administración de la empresa, pero es lo que corresponde al comprobarse que hubo una sobreestimación de la producción”, señalaron.
La situación también ha reactivado el debate sobre los sistemas de verificación productiva y auditoría interna en la minera estatal, especialmente considerando que cualquier desviación en las cifras impacta directamente los resultados financieros y los aportes al Estado.
En paralelo, los diputados solicitaron que la empresa entregue más antecedentes sobre cómo se produjo la diferencia detectada y cuáles fueron los controles que fallaron durante el proceso de contabilización.
Investigación podría ampliar presión sobre Codelco
La petición de un fiscal exclusivo busca asegurar que la indagatoria avance con rapidez y profundidad, especialmente considerando que el caso podría derivar en eventuales responsabilidades penales si se acreditaran irregularidades mayores.
Los parlamentarios insistieron en que la investigación debe llegar “hasta las últimas consecuencias” y permitir recuperar íntegramente los recursos comprometidos.
El caso también podría tener repercusiones políticas y corporativas de mayor alcance, dado que la situación afecta directamente la confianza sobre la principal productora de cobre del país y una de las compañías mineras más relevantes del mundo.
