El gremio plantea revisar el mecanismo que encarece la mantención de concesiones sin actividad acreditada y sostiene que el sistema puede terminar perjudicando a propietarios con menor capacidad financiera. El proyecto que modifica el régimen ya fue aprobado en general por el Senado y entra ahora a una etapa clave de indicaciones.
La discusión por las patentes mineras volvió a tensionar al sector. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, cuestionó el diseño utilizado para incentivar el trabajo efectivo de las concesiones y planteó que el país debería revisar nuevamente el mecanismo, en momentos en que el Congreso tramita una reforma destinada precisamente a corregir problemas generados por el régimen vigente.
El debate tiene consecuencias directas para la propiedad minera, particularmente para pequeños y medianos titulares que deben asumir mayores costos para conservar pertenencias cuando no consiguen acreditar las condiciones requeridas para acceder a una patente rebajada.
El proyecto ingresó al Congreso el 18 de mayo de 2026 y modifica el Código de Minería y las leyes N°21.420 y N°21.649 en materias vinculadas al amparo minero. Tras completar su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta establece valores diferenciados dependiendo de la existencia de actividad acreditada sobre las concesiones. El esquema considera una patente anual de 0,1 UTM por hectárea para quienes acrediten trabajo y de 0,4 UTM por hectárea para quienes no lo hagan.
El cuestionamiento al mecanismo de las patentes
La crítica de Sonami no apunta únicamente al monto que deben desembolsar los propietarios. El gremio cuestiona que el pago diferenciado sea el instrumento adecuado para combatir la acumulación de concesiones sin actividad minera efectiva.
Riesco plantea volver a revisar el problema desde su origen y determinar si la inactividad de determinadas concesiones constituye efectivamente una dificultad que deba abordarse mediante un aumento en el costo de mantener la propiedad.
Su posición es que el sistema puede producir un efecto distinto al buscado: elevar las barreras para pequeños titulares sin necesariamente conseguir que las pertenencias terminen en manos de actores capaces de desarrollar nuevos proyectos.
“Esto de la patente pareciera que no es el instrumento adecuado”, sostuvo Riesco al abordar la reforma.
El presidente de Sonami también cuestionó la forma en que se introdujeron originalmente las modificaciones al sistema, utilizando una expresión particularmente dura para describir el proceso: “Entre gallo y medianoche se nos pasó gato por liebre”.
Más allá de la controversia, el problema que enfrenta actualmente el Congreso es cómo compatibilizar dos objetivos: evitar que grandes superficies permanezcan indefinidamente inmovilizadas sin actividad y, al mismo tiempo, impedir que el costo del amparo termine expulsando a pequeños productores y titulares que requieren períodos prolongados para conseguir financiamiento, explorar o poner en marcha una operación.
Un sistema que busca incentivar el trabajo de las concesiones
La lógica económica detrás de las patentes diferenciadas consiste en aumentar el costo de mantener terrenos mineros cuando no existe actividad acreditada. Con ello se busca incentivar que las concesiones sean exploradas, desarrolladas o eventualmente liberadas para que otros actores puedan intentar ponerlas en valor.
El problema es especialmente sensible en exploración.
Entre la adquisición de propiedad minera y la materialización de una campaña pueden transcurrir períodos relevantes debido a la búsqueda de capital, estudios geológicos, permisos, acuerdos superficiales y definición de blancos de perforación. En proyectos pequeños, esas etapas dependen además de recursos financieros considerablemente más limitados que los disponibles para las grandes compañías.
Sonami sostiene que los propietarios con menor respaldo económico quedan más expuestos frente al aumento de las patentes, mientras empresas con balances más robustos cuentan con una mayor capacidad para absorber el costo de mantener superficies durante períodos prolongados.
Riesco también puso en duda que el encarecimiento haya generado hasta ahora una transferencia significativa de propiedad hacia grandes compañías mediante los procesos de remate.
Senado entra en una etapa decisiva
La discusión legislativa avanzó durante septiembre. El Senado aprobó en general el proyecto por 29 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, dejando la iniciativa en condiciones de regresar a la Comisión de Minería y Energía para su discusión particular.
El plazo para presentar indicaciones quedó fijado para este 28 de septiembre.
Uno de los asuntos que ha tomado fuerza durante la tramitación es precisamente el efecto de la normativa sobre pequeños productores y pirquineros. En las sesiones de la Comisión de Minería y Energía se ha planteado la necesidad de perfeccionar el texto para abordar las dificultades específicas de este segmento.
El proyecto busca además simplificar procedimientos administrativos asociados al acceso a patentes rebajadas y eliminar algunas de las condiciones introducidas por el régimen anterior.
La discusión ocurre mientras siguen existiendo procesos de remate asociados al no pago de patentes, situación que también ha generado inquietud dentro de la industria.
A comienzos de septiembre, Sonami solicitó suspender los remates de pertenencias mientras se completa la reforma legal, argumentando que continuar con esos procedimientos durante una modificación precisamente destinada a corregir el régimen vigente aumenta la incertidumbre para los titulares.
Codelco y Enami entran al debate por la propiedad minera
La discusión también alcanza a las empresas estatales debido a las superficies mineras que mantienen bajo su control.
Riesco planteó que el desafío no debería concentrarse únicamente en desprenderse de concesiones, sino en buscar mecanismos que permitan ponerlas en valor mediante asociaciones con privados y otras fórmulas de desarrollo.
En el caso de Codelco, la disponibilidad de propiedad minera abre posibilidades para estructurar alianzas en áreas que la estatal no necesariamente desarrollará directamente dentro de sus prioridades de inversión.
Una lógica similar puede aplicarse a Enami, particularmente considerando su función de fomento y su relación con productores de menor escala.
La discusión, por lo tanto, excede el valor anual de una patente. En el fondo se relaciona con la manera en que Chile administra un recurso limitado como la propiedad minera y genera condiciones para transformar concesiones en exploración, descubrimientos y eventualmente producción.
Exploración y financiamiento aparecen como el otro frente
Sonami ha vinculado el debate de las patentes con una dificultad estructural más amplia: el acceso a financiamiento para exploración.
El sector observa con interés las iniciativas orientadas a desarrollar instrumentos similares a los existentes en jurisdicciones mineras donde compañías junior pueden levantar capital para financiar campañas exploratorias.
El acceso a capital de riesgo resulta especialmente relevante porque una concesión por sí sola no genera nueva producción. Para convertir una propiedad minera en un activo económico se requieren levantamientos geológicos, geofísica, geoquímica, sondajes, estudios técnicos y posteriormente inversiones considerablemente mayores si aparece un depósito con perspectivas comerciales.
En ese contexto, aumentar el costo de mantener concesiones sin ampliar simultáneamente las alternativas de financiamiento puede ejercer mayor presión sobre exploradores pequeños y medianos.
El desafío regulatorio será encontrar un equilibrio entre impedir la acumulación puramente especulativa de propiedad y reconocer los tiempos reales de maduración de un proyecto minero.
Con la iniciativa entrando ahora a su discusión particular en el Senado, las indicaciones serán determinantes para definir cómo se acreditará la actividad minera, quién podrá acceder efectivamente a la patente rebajada y qué protección tendrán los productores de menor escala.
Para la industria, el resultado tendrá efectos que van más allá del pago anual de las concesiones: puede influir en el costo de mantener proyectos tempranos, la disponibilidad de propiedad para nuevas exploraciones y la capacidad de pequeños actores para permanecer dentro del ecosistema minero chileno.
