Cuestionamientos técnicos y ambientales reabren debate sobre iniciativa de recuperación de relaves en Chañaral
El Primer Tribunal Ambiental resolvió acoger a trámite una reclamación interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego de que el Comité de Ministros calificara favorablemente el proyecto minero Playa Verde, ubicado en la comuna de Chañaral, Región de Atacama. La acción judicial fue presentada por un particular, Manuel Cortés, quien busca revertir la decisión administrativa que permitió la aprobación ambiental de la iniciativa.
La reclamación apunta directamente a la resolución del Comité de Ministros que, en octubre de 2025, acogió el reclamo del titular del proyecto y dejó sin efecto la calificación desfavorable previamente emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Atacama en febrero de 2024. Con ello, el tribunal dio inicio a una nueva etapa de revisión judicial de un proceso que se extiende por más de ocho años.
Cuatro ejes de cuestionamiento ambiental
El reclamante sustenta su acción en cuatro aspectos centrales. En primer lugar, plantea la falta de un descarte adecuado de impactos sobre la salud de la población, señalando deficiencias en la identificación y análisis de contaminantes, así como en la evaluación de riesgos sanitarios asociados a la operación del proyecto.
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En segundo término, cuestiona los efectos sobre el medio marino, argumentando falencias en el modelo hidrogeológico presentado por el titular. Según expone, no existirían antecedentes suficientes para descartar la interacción entre el acuífero costero y el mar, ni una evaluación robusta de riesgos de rebalses o filtraciones bajo escenarios climáticos extremos.
A ello se suma, como tercer punto, la ausencia de información concluyente para evaluar los impactos sobre el recurso hídrico. Finalmente, el reclamante acusa una falta de evaluación adecuada respecto de los posibles efectos sobre el sitio prioritario de conservación Peralillo, área de relevancia ambiental en el borde costero de la zona.
Un proceso extenso y con múltiples instancias
El proyecto Playa Verde ingresó por primera vez al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2017 mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Desde entonces, ha enfrentado diversas reclamaciones administrativas y judiciales. En 2019, una primera acción administrativa fue acogida parcialmente, ordenándose retrotraer el procedimiento. Posteriormente, en 2021, el Primer Tribunal Ambiental rechazó una reclamación presentada por el mismo recurrente, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2022.
Sin embargo, el escenario cambió tras la calificación desfavorable emitida por la Coeva en 2024, lo que motivó al titular a reclamar ante el Comité de Ministros, instancia que finalmente otorgó la aprobación ambiental en 2025. Esa resolución es la que ahora vuelve a ser objeto de escrutinio judicial.
Características del proyecto
La iniciativa considera una inversión estimada de US$95 millones y tiene por objetivo la extracción, mediante dragado, de antiguos relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral. Estos materiales serían procesados para obtener cátodos y concentrados de cobre, retornando posteriormente las arenas tratadas al mismo sector. De acuerdo con el titular, el proyecto permitiría mejorar la condición ambiental del área, reconstituyendo la playa afectada históricamente por la actividad minera.
Con la admisión a trámite, el tribunal solicitó al SEA el envío del expediente administrativo completo y un informe sobre la resolución impugnada, dando así inicio formal al proceso judicial que definirá el futuro ambiental del proyecto.
