El 19° Juzgado Civil de Santiago desestimó la acción judicial presentada por el exsenador contra el Estado, el Servicio de Impuestos Internos y el exfiscal regional. La resolución descartó irregularidades que justificaran una indemnización y ordenó al exparlamentario asumir las costas del juicio.
Un nuevo capítulo judicial relacionado con el caso SQM terminó con un resultado desfavorable para el exsenador Fulvio Rossi. El 19° Juzgado Civil de Santiago rechazó íntegramente la demanda por $500 millones que había presentado contra el Estado de Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el exfiscal regional Pablo Gómez, a quienes responsabilizaba por los perjuicios que aseguraba haber sufrido durante la investigación penal en su contra.
La sentencia, firmada el 10 de julio de 2026 por la jueza Jacqueline Benquis y cuyo resultado se conoció este martes 20 de octubre, también estableció que Rossi deberá pagar las costas del proceso judicial.
La decisión representa un revés para el exparlamentario, quien buscaba obtener una reparación económica y otras medidas por lo que consideraba una investigación injustificada que habría afectado su reputación, su entorno familiar y su trayectoria política.
Por qué Fulvio Rossi demandó al Estado y al exfiscal Gómez
El conflicto judicial comenzó en septiembre de 2021, cuando Rossi presentó una demanda civil después de haber sido sobreseído en la investigación vinculada al caso SQM.
El exsenador cuestionaba las actuaciones desarrolladas durante la persecución penal relacionada con presuntos delitos tributarios, sosteniendo que las diligencias habían sido deficientes y carentes de justificación.
En su presentación, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, argumentó que las actuaciones del Ministerio Público y del SII habían provocado consecuencias personales y políticas.
Entre los perjuicios denunciados figuraban el deterioro de su imagen pública, las consecuencias sobre su vida familiar y el impacto que atribuía al proceso judicial en sus posibilidades de reelección parlamentaria.
Rossi también cuestionaba haber enfrentado procedimientos como el desafuero, la formalización y la acusación penal por hechos respecto de los cuales defendía su inocencia.
La demanda buscaba establecer responsabilidades civiles por estas actuaciones y obtener una compensación por los daños que aseguraba haber sufrido.
Los $500 millones y las otras exigencias de la demanda
La acción judicial no se limitaba a una indemnización económica. El exsenador solicitó distintas medidas que consideraba necesarias para reparar los perjuicios derivados de la investigación.
Entre sus principales peticiones estaban:
- Una indemnización de $500 millones por concepto de daño moral.
- Disculpas públicas por parte de los demandados.
- La realización de cursos sobre Derecho Penal y Derecho Procesal por parte de los responsables señalados en la demanda.
- La condena en costas contra los demandados.
Sin embargo, ninguna de estas solicitudes fue acogida por el tribunal.
La magistrada concluyó que no se habían acreditado los presupuestos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades reclamadas.
Además, determinó que el demandante debía asumir las costas del litigio, una consecuencia económica adicional al rechazo de la indemnización.
El monto específico de esas costas no quedó establecido en los antecedentes conocidos de la resolución.
Tribunal descarta responsabilidad personal de Pablo Gómez
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la situación del exfiscal regional Pablo Gómez, quien había sido demandado personalmente por Rossi.
El tribunal acogió la excepción de falta de legitimación pasiva presentada respecto del ex persecutor.
Esta determinación significa que Gómez no podía ser considerado personalmente responsable en los términos planteados por la demanda, debido a que las actuaciones cuestionadas fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones institucionales.
La jueza estableció que la eventual responsabilidad derivada de ese tipo de actuaciones debía examinarse respecto del Estado y no atribuirse directamente al funcionario como persona natural en este litigio.
La distinción es relevante porque delimita las condiciones bajo las cuales pueden perseguirse responsabilidades civiles por decisiones adoptadas en el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, la sentencia también examinó las acusaciones dirigidas contra los organismos estatales y descartó que existieran fundamentos suficientes para establecer una obligación de indemnizar.
Fiscalía y SII actuaron dentro de sus atribuciones
El fallo también abordó la actuación del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos durante la investigación penal.
La magistrada concluyó que ambas instituciones habían desarrollado sus actuaciones dentro del ámbito de sus atribuciones legales y considerando antecedentes objetivos que justificaban la investigación.
Por esa razón, descartó la existencia de dolo, negligencia grave o falta de servicio en los términos reclamados por el exsenador.
Asimismo, el tribunal consideró que no se había acreditado el daño cuya reparación económica se solicitaba.
Este punto resulta fundamental para comprender la resolución: el sobreseimiento de una persona en una investigación penal no significa automáticamente que exista responsabilidad civil del Estado por haberla investigado.
Para obtener una indemnización, es necesario acreditar los requisitos jurídicos correspondientes, entre ellos la existencia de una actuación que genere responsabilidad, el daño reclamado y su relación causal.
En este caso, el tribunal consideró que esos elementos no estaban demostrados.
Exfiscal Gómez valora la resolución judicial
Tras conocerse el resultado del proceso, Pablo Gómez manifestó su conformidad con la decisión del tribunal.
El exfiscal calificó la demanda como una "liviana acusación" y defendió la necesidad de que los cuestionamientos contra funcionarios públicos sean examinados mediante procedimientos institucionales y argumentos jurídicos.
También destacó que el proceso terminó con el rechazo de todas las pretensiones del demandante y la condena en costas.
La postura de Gómez se concentra en la legitimidad de las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio de sus funciones y en el respaldo que, para su defensa, representa la sentencia civil.
La resolución, sin embargo, debe entenderse dentro del alcance específico de este litigio, sin extender automáticamente sus conclusiones a otros procedimientos vinculados al caso SQM.
Caso SQM: una investigación que sigue teniendo consecuencias judiciales
El conflicto entre Rossi y Gómez se inscribe en las consecuencias de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de la política que marcaron la agenda nacional durante la década pasada.
El caso SQM involucró indagaciones sobre documentos tributarios, pagos y eventuales vínculos entre recursos empresariales y actividades políticas.
Sus distintas aristas generaron procesos penales, controversias institucionales y debates sobre las atribuciones del Ministerio Público y del SII.
En octubre de 2025, un tribunal oral absolvió a ocho acusados en una de las principales causas relacionadas con SQM. Posteriormente, los organismos persecutores presentaron recursos de nulidad para cuestionar aspectos de esa decisión.
No obstante, ese procedimiento es distinto de la demanda civil presentada por Fulvio Rossi.
La resolución conocida ahora se refiere específicamente a la responsabilidad que el exsenador intentó atribuir al Estado, al SII y a Pablo Gómez por las actuaciones desarrolladas en su investigación.
Por ello, no corresponde interpretar este fallo como una decisión definitiva sobre todas las causas judiciales relacionadas con SQM.
Qué significa la condena en costas para Fulvio Rossi
La condena en costas constituye una de las consecuencias concretas del fallo.
En términos judiciales, implica que la parte condenada deberá asumir los gastos procesales que correspondan conforme a la resolución y a las reglas aplicables.
Estos pueden comprender determinadas actuaciones del procedimiento y honorarios regulados judicialmente, dependiendo de la tasación y regulación que procedan.
La condena en costas no significa que Rossi deba pagar los $500 millones que solicitaba como indemnización. Esa cifra correspondía a su pretensión económica, que fue rechazada.
El eventual desembolso derivado de las costas es una cuestión diferente y su monto no puede establecerse sin conocer la liquidación correspondiente.
También será relevante determinar si la sentencia queda firme o si se presentan y resuelven eventuales recursos procesales.
Un fallo relevante para la responsabilidad del Estado
Más allá del resultado particular, la sentencia vuelve a poner sobre la mesa una discusión importante para el sistema judicial chileno: cuándo una investigación penal puede dar origen a una indemnización por responsabilidad estatal.
El ejercicio de las facultades investigativas está sujeto a controles judiciales y al cumplimiento de las garantías legales. Sin embargo, una investigación que no termina en condena no constituye, por ese solo hecho, una actuación ilícita o indemnizable.
La decisión del 19° Juzgado Civil de Santiago establece que, en la demanda presentada por Rossi, no se acreditaron las condiciones necesarias para responsabilizar civilmente a las instituciones demandadas.
Por ahora, el resultado concreto es el rechazo total de la indemnización de $500 millones, la exclusión de responsabilidad personal del exfiscal Gómez en los términos reclamados y la condena en costas contra el exsenador.
El siguiente aspecto por observar será la eventual presentación de recursos y la situación procesal definitiva de la sentencia, que determinarán si este capítulo judicial queda cerrado o continúa ante un tribunal superior.
REDIMIN Responde
¿Qué decisión tomó el 19° Juzgado Civil de Santiago respecto a la demanda de Fulvio Rossi?
El 19° Juzgado Civil de Santiago desestimó la demanda de Fulvio Rossi contra el Estado, el Servicio de Impuestos Internos y el exfiscal regional Pablo Gómez, rechazando la solicitud de indemnización de $500 millones y ordenando al exsenador asumir las costas del juicio.
¿Cuáles eran las principales exigencias de Fulvio Rossi en su demanda?
Fulvio Rossi solicitó una indemnización de $500 millones por daño moral, disculpas públicas de los demandados, la realización de cursos sobre Derecho Penal y Derecho Procesal por parte de los responsables, y la condena en costas contra los demandados. Ninguna de estas solicitudes fue acogida por el tribunal.
¿Qué determinó el tribunal respecto a la responsabilidad personal de Pablo Gómez?
El tribunal determinó que Pablo Gómez no podía ser considerado personalmente responsable en los términos planteados por la demanda, ya que las actuaciones cuestionadas fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones institucionales. La responsabilidad debía examinarse respecto del Estado y no atribuirse directamente al funcionario como persona natural.
¿Cómo evaluó el tribunal las actuaciones del Ministerio Público y del SII?
El tribunal concluyó que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos actuaron dentro de sus atribuciones legales y con antecedentes objetivos que justificaban la investigación. No se acreditó dolo, negligencia grave o falta de servicio, ni el daño cuya reparación económica se solicitaba.
¿Qué implica la condena en costas para Fulvio Rossi?
La condena en costas significa que Fulvio Rossi deberá asumir los gastos procesales del juicio. Esta es una consecuencia económica adicional al rechazo de su demanda de indemnización.
