Acuerdo Codelco-SQM. Un informe académico encargado por la estatal y citado por Máximo Pacheco en defensa del acuerdo con SQM proyecta utilidades para Codelco por US$ 603 millones hasta 2030 y sostiene que, frente a una licitación internacional, el trato directo habría capturado US$ 12.371 millones adicionales para el Estado. El documento se instala como contrapeso a los cuestionamientos que apuntan a una eventual pérdida de renta por no licitar.
Qué estima el informe académico citado por Codelco
Según el reporte económico difundido en el debate público, el estudio —atribuido a académicos de la Universidad de Chile y encargado por la filial Salares de Chile— compara un escenario de licitación con la negociación directa entre Codelco y SQM para operar litio en el Salar de Atacama.
Las principales cifras reportadas para el período 2025–2030 (fase 1) incluyen:
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Pagos de renta a Corfo: US$ 849 millones.
Royalty minero: US$ 202 millones.
Ganancias para Codelco: US$ 603 millones, por utilidades asociadas a la entrada de la estatal al negocio del litio.
En el comparativo global, el mismo reporte plantea que una licitación habría generado US$ 15.466 millones para el Estado, mientras que el acuerdo elevaría el total a US$ 27.837 millones, lo que explica la diferencia de US$ 12.371 millones atribuida al trato directo.
Las razones del trato directo: información, permisos y continuidad
El análisis citado por Codelco sostiene que la licitación sería menos conveniente por una combinación de factores operativos y regulatorios, con foco en la continuidad y el riesgo de transición. Entre los argumentos enumerados se incluyen:
Ventaja informacional de SQM, por décadas de operación en el salar y conocimiento técnico no transferible con facilidad.
Incertidumbre productiva y tecnológica, que favorecería a un operador con experiencia probada en el activo.
Plazos y permisos, bajo la tesis de que un nuevo entrante demoraría más en tramitar y ejecutar, ampliando el “valle productivo”.
Baja cantidad de competidores reales, lo que reduciría la presión competitiva de una licitación.
Riesgo geopolítico, particularmente ante una eventual entrada de actores chinos en un activo estratégico.
Continuidad operacional, para evitar una disrupción en producción, empleo y recaudación fiscal asociada al Salar de Atacama.
En el contexto de la Estrategia Nacional del Litio, este tipo de argumentos se alinean con la idea de priorizar control estatal y continuidad bajo un esquema público-privado.
El contrapeso: la tesis pro-licitación y el debate por las rentas
En la vereda opuesta, el documento “¿Trato directo con SQM o licitación internacional?”, elaborado por Quiroz y Asociados, sostiene que una licitación habría permitido capturar una fracción relevante de rentas adicionales y cuestiona el costo de oportunidad de privilegiar la negociación directa.
La discusión no ha sido solo técnica: ha involucrado supuestos sobre competencia efectiva, valorización del conocimiento operativo y el riesgo de atrasos regulatorios, además de consideraciones estratégicas sobre quiénes podrían participar y bajo qué condiciones.
Salar Futuro: inversión, EIA y cambio tecnológico tras 2030
El acuerdo pone como proyecto central a Salar Futuro, iniciativa destinada a la etapa posterior a 2030 y a la transición tecnológica en la operación del Salar de Atacama. El reporte citado por Codelco ubica la inversión del proyecto en un rango de US$ 3.000 millones a US$ 3.500 millones durante el período 2031–2038, con foco en incorporar alternativas como extracción directa de litio y otros procesos de modernización.
La trayectoria de este proyecto y sus ejes ha sido abordada previamente en la hoja de ruta pública de Salar Futuro, en un contexto donde la discusión técnica incluye impactos hídricos, desempeño metalúrgico y exigencias ambientales.
Fechas y definiciones clave del acuerdo
31 de mayo de 2024: firma del acuerdo de asociación Codelco–SQM.
2025–2030: fase 1, con operación bajo la continuidad de los contratos vigentes en el Salar de Atacama.
2031–2060: horizonte operativo del diseño de largo plazo asociado a la nueva estructura del acuerdo.
2031–2038: ventana de transición que el reporte citado vincula a la inversión y despliegue tecnológico del proyecto Salar Futuro.
Diciembre de 2025: avance regulatorio y administrativo asociado a contratos y continuidad, en el marco de lo informado sobre la toma de razón de Contraloría en contratos vinculados al Salar de Atacama.
Abril de 2025: etapa de control de concentración en Chile, según lo reportado sobre la aprobación de la FNE con condiciones.
