La agrupación planteó a la estatal mejoras en sus instalaciones y programas de fomento. También abordó el futuro de la fundición de Paipote, cuya viabilidad financiera depende, entre otros factores, de asegurar el suministro de concentrados.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) pidió a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) ampliar el apoyo a los pequeños productores y modernizar sus plantas y poderes de compra. La solicitud fue presentada al vicepresidente ejecutivo de la estatal, Juan Carlos Sáez, en una reunión dada a conocer el 22 de septiembre. El gremio también consultó por el proyecto de la fundición de Paipote, paralizada desde 2024.
La delegación fue encabezada por el presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica, junto al vicepresidente del gremio, Fernando Gattas, y el abogado Tomás González. Por ENAMI participaron además el gerente comercial interino, Adrián Soto, y el gerente de Fomento interino, Yerko González.
Qué pidió el gremio para la pequeña minería
AGRUMIN planteó que ENAMI debe fortalecer sus programas de fomento y renovar las instalaciones donde recibe y procesa minerales de pequeños productores. Los poderes de compra son parte de esa red: permiten a los mineros entregar su producción a la estatal, mientras las plantas cumplen las etapas de tratamiento necesarias para comercializarla.
Gatica sostuvo que la empresa necesita recuperar y fortalecer ese papel. La información difundida tras el encuentro no detalló un presupuesto, un calendario de obras ni compromisos específicos para las plantas solicitadas por el gremio.
ENAMI ya mantiene instrumentos de apoyo a la pequeña minería. En la convocatoria 2026 de su Programa de Reconocimiento de Recursos y Reservas, la empresa modificó requisitos para permitir la postulación de productores que antes quedaban fuera, incluidos algunos que aún no registran ventas. El programa financia labores y estudios destinados a determinar el potencial de una faena, sujetos a evaluación técnica y económica. La petición de AGRUMIN apunta a profundizar ese tipo de apoyo y a mejorar, además, la infraestructura de compra y procesamiento.
En Atacama existe un convenio reciente para renovar equipos concretos. A comienzos de septiembre, ENAMI y el Gobierno Regional acordaron destinar $1.682 millones a cuatro chancadores primarios: dos para la Planta Manuel Antonio Matta, en Copiapó, y dos para la Planta Osvaldo Martínez, en El Salado. La ejecución prevista es de 18 meses. Los nuevos equipos reemplazarán maquinaria que cumplió su vida útil y permitirán recibir rocas de hasta 20 pulgadas, frente al límite actual de 12 pulgadas.
Durante el mismo congreso minero regional se suscribieron otros dos convenios entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Minería: uno por $6.500 millones para fomento, asistencia técnica y regularización de faenas, y otro por cerca de $750 millones para apoyar a productores afectados por las lluvias. Son recursos comprometidos para Atacama; la reunión de AGRUMIN planteó necesidades de alcance nacional.
Paipote: aprobación ambiental y suministro pendiente
La modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, en Paipote, fue el otro asunto central. El plantel dejó de producir ánodos en febrero de 2024, luego de que sus dos principales proveedoras suspendieran el envío de concentrados. De acuerdo con ENAMI, ambas empresas aportaban casi el 80% del abastecimiento de la fundición. La estatal mantuvo entonces la compra de minerales a pequeños productores a través de sus otras instalaciones.
El proyecto para reemplazar la fundición obtuvo aprobación ambiental en octubre de 2025. ENAMI proyecta una instalación capaz de procesar 850 mil toneladas de concentrado de cobre al año, junto con una refinería electrolítica diseñada para producir 240 mil toneladas anuales de cátodos. Esas cifras corresponden a la capacidad prevista para el nuevo complejo, no a producción actual.
En diciembre de 2025, ENAMI encargó a J.P. Morgan y Citi estructurar opciones de financiamiento para una inversión que la empresa estimó en US$1.700 millones. En ese momento, la estatal preveía iniciar obras durante el primer semestre de 2026. La información difundida tras la reunión con AGRUMIN no precisó un nuevo cronograma de construcción.
Gatica afirmó que Sáez manifestó su intención de continuar con la iniciativa, aunque todavía hacen falta estudios. El dirigente atribuyó al ejecutivo una condición adicional para su viabilidad financiera: que las empresas llamadas a abastecer la futura fundición comprometan la entrega de concentrados. Tras el encuentro no se informaron contratos de suministro ni volúmenes comprometidos.
