Solo estos tres países concentran más del 60% de las reservas mundiales del llamado «oro blanco», mineral clave para la transición energética.
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Desde que se descubrió su potencial para lograr cambios en la matriz energética, y así transitar hacia alternativas con bajas o nulas emisiones que permitan mejorar el panorama global del cambio climático, el avance de la electromovilidad ha sido frenético, convirtiéndose en el principal motor detrás del boom en la demanda de un mineral clave para su desarrollo: el litio.
En efecto, si a 2025 se estima que se requerirán 1,5 millones de toneladas anuales del llamado «oro blanco», esa cantidad podría duplicarse al 2023. De ahí que Chile busque liderar la carrera mundial por el litio, pese a que ya ostenta el título del segundo mayor productor a nivel global, con el 32% de las reservas.
Se ubica justo después de Australia (46%) y antes de China (10%) y Argentina (7%), según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
En la pesquisa porque nuestro país llegue a ser un oferente clave para prosperar en la descarbonización mundial, el plan anunciado por el Gobierno para explotar litio apunta a que el Estado tome el control de toda la cadena productiva, ya sea en eventuales sociedades que se creen, o en alianzas para proyectos específicos. Lo anterior, contempla por cierto el Salar de Atacama, el mayor yacimiento chileno.
Vale mencionar que este elemento estratégico se concentra principalmente en las áridas mesetas andinas entre Argentina, Chile y Bolivia, sector conocido como el «Triángulo del Litio». Solo estos tres países reúnen más del 60% de las reservas mundiales de «oro blanco» conocidas en todo el planeta.
Con todo, la explotación de este metal no se rige por el mismo modelo en toda esta zona geográfica -ya sabemos que, al menos en Chile, los salares pertenecen a Corfo, y que son dos las empresas que, según datos de Cochilco, hasta 2020 concentraban cerca del 36% de la producción minera agregada: Albemarle y SQM-.
Control estatal en Bolivia
Al revisar de norte a sur, Bolivia tiene de trasfondo la política de nacionalización de recursos naturales de 2006, periodo en el que el gobierno del ex Presidente Evo Morales comenzó a desarrollar un proyecto estatal de extracción de litio.
Consecuentemente, dos años después dicha administración declaró el Salar de Uyuni como prioridad nacional y creó el seno de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) -ente estatal para la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio-. Asimismo, se construyeron plantas pilotos para la producción del mineral
El Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí, es el mayor lago de sal del mundo y, al mismo tiempo, el mayor yacimiento de litio conocido. A pesar de ello, debido a sus condiciones geológicas, climáticas y de infraestructura, la extracción del litio no se puede realizar con la misma tecnología que las aplicadas en Chile y Argentina.
Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, comentó que «en Bolivia, el modelo ha sido completamente estatal, y con muy poca transparencia. Recién este año, se anunció que la empresa estatal de litio YLB se ‘asociaba’ con un consorcio chino que incluye a CATL, la principal fabricante de baterías de litio del mundo, para la construcción de dos plantas capaces de producir 50.000 toneladas de litio al año -un cuarto de la producción actual de Chile-«.
Por su parte, Iván Suazo, vicerrector de Investigación y doctorados de la Universidad Autónoma, subrayó que «en el caso del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia, se articula en torno a la soberanía sobre la propiedad y las rentas de los recursos minerales del país y se caracteriza por un fuerte control político del Estado central».
Argentina y las provincias
En rigor, en el país del Presidente Alberto Fernández la explotación de litio carece de una regulación especial, por lo que su extracción se enmarca dentro del régimen minero general.
En 1994, bajo la administración de Carlos Menem, se aprobó una reforma que incorporó a la Constitución Nacional un nuevo artículo que señala «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio», lo que supone que, respetando la legislación de presupuestos mínimas, las provincias cuentan con la facultad de dictar sus propias normas en materia minera.
En ese sentido, cada distrito determina el mecanismo por el cual otorga la concesión de la explotación del recurso a empresas privadas, mayormente extranjeras, por un tiempo determinado, y con condiciones de explotación en algunos casos diferentes para cada empresa y en cada provincia -entre ellas destacan Catamarca, Jujuy y Salta-.
«Puede pasar que llegue una empresa de China o de Canadá a hacer una negociación que parece muy conveniente para la provincia, pero tal vez no es lo mejor para el conjunto. Yo creo que es una de las razones por las que Chile es una potencia minera y Argentina no lo es, siendo que tenemos la misma cordillera» Julio Burdman, politólogo argentino
Sobre esto, Julio Burdman, politólogo argentino, manifestó, en entrevista con EmolTV, que «en el caso de Argentina, quienes proponen imitar el caso de Chile -la estrategia impulsada por la administración Boric- no tienen claro que, según la Constitución, los recursos naturales del subsuelo, y el litio es eso porque es un mineral, pertenecen a las provincias. Por lo tanto, el Gobierno en Argentina no podría tomar una medida parecida».
«Diría que también es parte del problema que Argentina tenga provincializada su minería y su energía, porque las provincias tienen dificultad para negociar, al ser entidades más pequeñas. Entonces, puede pasar que llegue una empresa de China o de Canadá a hacer una negociación que parece muy conveniente para la provincia, pero tal vez no es lo mejor para el conjunto. Yo creo que es una de las razones por las que Chile es una potencia minera y Argentina no lo es, siendo que tenemos la misma cordillera», añadió.
Desde otra perspectiva, Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), apuntó a Emol que la estrategia que se busca implementar en Chile «abre una oportunidad para Argentina, de mostrarse dentro del ‘Triángulo del Litio’ como la opción más abierta a la inversión privada. Y por otro lado, al formar parte de una misma región, creo que nuestro país deberá ser claro y generar certezas sobre cuál es el modelo de desarrollo que seguirá, hoy y a futuro».
«En litio, Argentina es el segundo país del mundo en cuanto a reservas, y el cuarto productor, con posibilidades de ser tercero en el mediano plazo, gracias a los proyectos más avanzados» Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
«En litio, Argentina es el segundo país del mundo en cuanto a reservas, y el cuarto productor, con posibilidades de ser tercero en el mediano plazo, gracias a los proyectos más avanzados», deslizó Mignacco.
De hecho, Nagel mencionó que en el país trasandino «hay seis proyectos en construcción, y otros 15 más en estado avanzado, con lo que Argentina se estaría acercando a los niveles de producción de Chile pronto. Cabe destacar que Argentina tiene menos reservas de litio que Chile, y que la calidad de su litio es menor, pero los problemas económicos que enfrenta el país han hecho que las autoridades se muestren flexibles con los proyectos y estos avancen».
En suma, Suazo esgrimió que «los regímenes normativos mineros de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, si bien guardan diferencias notables, han buscado generar las condiciones necesarias para poner en marcha en sus territorios una serie de actividades productivas que utilicen el litio como insumo».
«En cambio, hasta la fecha el sistema normativo de la Argentina ha dado prioridad a atraer a empresas para que exploten el recurso con mayor libertad, de manera que se ha potenciado más la posibilidad de crecimiento en cuanto al volumen de producción», cerró el académico de la Universidad Autónoma.
Fuente: Emol.com
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