La nueva regulación alcanza a iniciativas cuya demanda represente al menos el 0,5% del consumo medio del Mercado Eléctrico Mayorista, equivalente actualmente a unos 80 MW. Los proyectos deberán respaldar su consumo con nueva generación y potencia firme.
Argentina estableció nuevas condiciones para la conexión de proyectos de gran consumo eléctrico, entre ellos desarrollos mineros, centros de datos, plantas de gas natural licuado e instalaciones de producción de hidrógeno. Desde este 25 de septiembre, las iniciativas que superen determinado nivel de demanda deberán presentar un plan especial de abastecimiento que incorpore nueva oferta de energía y potencia, con el objetivo de evitar que su entrada reduzca las reservas disponibles para los consumidores ya conectados.
La medida fue formalizada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 264/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.
La regulación crea el régimen para las denominadas Demandas Extratendenciales (XDEM) dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), categoría que abarcará tanto nuevas instalaciones como ampliaciones de proyectos existentes cuando el incremento solicitado represente al menos el 0,5% de la demanda media del mercado eléctrico argentino.
Ese nivel corresponde actualmente a alrededor de 80 MW, aunque la cifra concreta podrá variar junto con la evolución de la demanda total del sistema.
Al menos 80% deberá provenir de nueva producción
Los proyectos incluidos en el régimen tendrán que presentar un Plan Especial de Abastecimiento antes de incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista.
Ese documento deberá garantizar que al menos el 80% de su consumo sea respaldado mediante nueva producción de energía. Para efectos del régimen, será considerada nueva oferta aquella cuya habilitación comercial ocurra después de la presentación de la solicitud de incorporación del proyecto.
Esto significa que una operación minera o un centro de datos no podrá depender exclusivamente de la capacidad de generación que ya abastece al mercado.
Los desarrolladores podrán definir la tecnología y el proveedor que utilizarán para cumplir esta obligación. También podrán incorporar generación propia ubicada en el punto de conexión, siempre que se ajuste a los requisitos establecidos.
La regulación busca limitar la exposición de estas grandes cargas al mercado spot y evitar que una demanda adicional de gran escala utilice reservas de generación que originalmente estaban destinadas a respaldar al resto del sistema.
Minería deberá respaldar el 100% de su potencia
Además de la energía, la resolución establece requisitos específicos sobre potencia firme, es decir, capacidad disponible para responder cuando el proyecto alcance su nivel máximo de consumo.
Para proyectos productivos, categoría que incluye a la minería, el respaldo deberá cubrir como mínimo el 100% de la demanda máxima.
La exigencia será aún mayor para las instalaciones dedicadas al procesamiento de datos. Los data centers deberán acreditar potencia firme equivalente al 115% de su demanda máxima.
La Secretaría de Energía justificó esta diferencia por las características operacionales de estas instalaciones, que normalmente registran consumos continuos, altas concentraciones de carga y una elevada sensibilidad frente a interrupciones del suministro.
La nueva potencia utilizada como respaldo deberá incorporarse dentro del Plan Especial de Abastecimiento de cada proyecto.
El impacto para futuros proyectos mineros
La regulación adquiere especial relevancia para el desarrollo de grandes proyectos mineros en Argentina, particularmente aquellos ubicados en zonas donde la infraestructura eléctrica todavía requiere importantes ampliaciones.
El documento identifica expresamente a la minería, junto con las plantas de GNL, instalaciones de producción de hidrógeno y centros de datos, entre las actividades capaces de incorporar volúmenes de demanda que no estaban suficientemente contemplados bajo las reglas anteriores.
En provincias con carteras mineras de gran escala, la disponibilidad de energía y capacidad de transmisión se ha convertido en uno de los factores determinantes para avanzar hacia construcción y operación.
Un ejemplo es la provincia de San Juan, donde distintos proyectos de cobre proyectan requerimientos eléctricos de cientos de megavatios y necesitan nuevas líneas y estaciones transformadoras para conectarse al Sistema Argentino de Interconexión.
La normativa no elimina los procedimientos existentes para obtener acceso a las redes. Las autorizaciones de conexión, ampliación y utilización de las instalaciones de transporte y distribución continuarán bajo las competencias de los organismos reguladores y operadores correspondientes.
Por lo tanto, asegurar generación propia o contratada no reemplazará la necesidad de construir infraestructura de transmisión cuando el sistema existente no cuente con capacidad suficiente.
Cargos por falta de respaldo y reserva de capacidad
La resolución también incorpora mecanismos económicos para los proyectos que no mantengan los niveles de cobertura comprometidos.
El régimen contempla un cargo por déficit de potencia firme cuando la capacidad contratada sea insuficiente, además de un valor asociado a la insuficiencia de cobertura energética.
La Secretaría argumentó que una gran demanda sin contratos suficientes puede aumentar la exposición del sistema al mercado spot y utilizar recursos que no fueron incorporados originalmente para atender ese consumo.
Otro punto relevante se relaciona con la capacidad de transmisión. Cuando varios proyectos soliciten acceso a una infraestructura limitada, la regulación establece un cargo por reserva de capacidad, destinado a evitar que desarrollos que todavía no cuentan con suficiente avance bloqueen durante largos períodos infraestructura que podría ser utilizada por otras iniciativas.
El régimen contempla reembolsos parciales asociados al cumplimiento de los cronogramas. Los proyectos que avancen dentro de los plazos previstos podrán recuperar una parte relevante de lo pagado, mientras que las demoras o el abandono podrán traducirse en la pérdida de esos montos.
Régimen tendrá una duración de 15 años
Las condiciones especiales para las Demandas Extratendenciales se aplicarán durante 15 años desde la habilitación comercial del proyecto.
La autoridad energética fundamentó ese plazo en los períodos necesarios para recuperar inversiones en nuevas centrales de generación, potencia firme, conexiones eléctricas y ampliaciones del sistema de transmisión.
La regulación también alcanza a los proyectos que ya se encontraban gestionando su ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista antes de la publicación de la resolución.
Esas solicitudes tendrán un plazo de 60 días desde el 25 de septiembre de 2026 para adecuarse a las nuevas condiciones, independientemente de cuándo hayan iniciado su tramitación.
Con el nuevo régimen, Argentina traslada a los proyectos de consumo eléctrico excepcional una parte mayor de la responsabilidad por la infraestructura necesaria para abastecerlos. Para sectores como la minería y los centros de datos, la disponibilidad de energía dejará así de depender únicamente de obtener una conexión a la red: los desarrolladores también deberán demostrar que existe nueva generación y potencia suficiente para sostener su entrada al sistema sin utilizar las reservas destinadas a la demanda existente.
