La Región de Atacama cuenta con una cartera de 156 proyectos de inversión por US$40.887 millones, principalmente vinculados a minería, energía e infraestructura. Sin embargo, su materialización enfrenta desafíos que van más allá del financiamiento: resolver restricciones de infraestructura, agilizar permisos y preparar trabajadores y proveedores capaces de participar en las nuevas operaciones. Así lo establece un estudio presentado el 20 de octubre de 2026 por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e Inacap en Copiapó.
El documento, denominado Atacama: Motores productivos, inversión y talento para el desarrollo regional, fue entregado al Presidente de la República, José Antonio Kast, durante Expo FOREDE 2026. Su principal conclusión es que la existencia de grandes inversiones no garantiza que sus beneficios económicos y laborales permanezcan en la región.
El diagnóstico incluye un antecedente especialmente relevante: durante la construcción, Atacama retendría entre el 31% y el 32% del impacto total estimado sobre el Producto Interno Bruto (PIB). El resto se distribuiría hacia otros territorios que suministran ingeniería, maquinaria, materiales, equipamiento y servicios.
Esta proporción no significa que dos tercios de la inversión salgan directamente de Atacama, sino que una parte considerable del efecto económico generado por las obras se produciría fuera de la región.
De 76 proyectos avanzados a una cartera de 156 iniciativas
La investigación distingue diferentes escenarios según el grado de avance de las inversiones.
El primero, denominado Trayectoria Tendencial, considera 76 proyectos por US$17.417 millones. Son iniciativas que cuentan con cronogramas de construcción definidos o se encuentran al menos en ingeniería de detalle, con su tramitación ambiental resuelta cuando corresponde.
Este conjunto declara 27.451 puestos temporales durante la construcción y 5.713 empleos para la etapa de operación.
El segundo escenario, denominado Trayectoria de Activación, incorpora otros 80 proyectos que todavía se encuentran en tramitación. Con ello, la cartera alcanza 156 iniciativas por US$40.887 millones.
En este escenario ampliado, los proyectos declaran 56.215 puestos temporales de construcción y 19.070 empleos asociados a su futura operación.
La diferencia es importante: los 156 proyectos no están necesariamente aprobados, financiados ni próximos a iniciar sus obras. El escenario más amplio incorpora inversiones cuyo desarrollo todavía depende de superar etapas administrativas, técnicas y económicas.
Por lo mismo, los 56.215 puestos de construcción representan empleos temporales declarados para distintos proyectos, no vacantes actualmente disponibles ni trabajadores que necesariamente serán contratados al mismo tiempo.
El impacto económico podría alcanzar el 25,6% del PIB regional
Además de contabilizar inversiones y puestos de trabajo, la CPC e Inacap evaluaron cómo cambiaría la economía regional si los proyectos llegaran a materializarse.
Para las 76 iniciativas más avanzadas, el modelo calcula un aumento equivalente al 9,6% del PIB de Atacama y un efecto laboral equivalente a 11.001 puestos en la economía regional.
Al incorporar los 80 proyectos adicionales, el impacto estimado aumenta hasta 25,6% del PIB regional, con un efecto equivalente a 23.971 puestos de trabajo.
Estos últimos valores corresponden a resultados de una simulación económica que contempla relaciones entre industrias, proveedores y otros territorios. No deben confundirse con los empleos declarados directamente por los titulares de los proyectos ni interpretarse necesariamente como nuevas contrataciones netas.
Tampoco existe un año específico comprometido para alcanzar esos resultados. Las estimaciones representan escenarios de largo plazo cuya concreción depende de la ejecución efectiva de las inversiones.
Permisos, energía y agua: los obstáculos que deben resolverse
La magnitud de la cartera obliga a considerar las condiciones materiales necesarias para construir y operar las futuras instalaciones.
Entre las prioridades identificadas aparecen la tramitación de permisos y el desarrollo de infraestructura vial, portuaria, eléctrica, hídrica y urbana.
En energía, el informe advierte sobre restricciones de transmisión y almacenamiento que deben abordarse para aprovechar mejor el potencial renovable de Atacama. La disponibilidad de generación eléctrica, por sí sola, no asegura que toda esa capacidad pueda abastecer nuevas operaciones industriales.
La disponibilidad de agua constituye otra condición relevante. La propuesta plantea fortalecer la infraestructura hídrica y la resiliencia del abastecimiento, incorporando oportunidades vinculadas a desalación y gestión del recurso.
También se requieren condiciones para transportar trabajadores, movilizar maquinaria, instalar faenas y sostener actividades productivas de largo plazo.
La hoja de ruta propone revisar periódicamente los proyectos prioritarios, identificar sus obstáculos y coordinar soluciones entre instituciones públicas y empresas.
Entre los participantes propuestos figuran el Gobierno Regional de Atacama, los ministerios de Obras Públicas, Energía y Economía, el Servicio de Evaluación Ambiental, Bienes Nacionales, municipios y titulares de proyectos.
La paradoja de Atacama: crece la minería, pero el empleo no avanza al mismo ritmo
Uno de los principales problemas identificados es la diferencia entre la actividad económica regional y su capacidad de generar empleo.
Entre 2019 y 2025, el PIB de Atacama aumentó aproximadamente 30%, mientras que el empleo registró un crecimiento cercano al 6,7%.
La minería explica buena parte de esa diferencia. Durante 2025 concentró el 57,2% del PIB regional, pero representó el 18,2% del empleo.
El mismo año, la actividad minera aportó el 97,1% de las exportaciones regionales, reflejando la elevada dependencia de Atacama respecto de este sector.
En contraste, la tasa de desocupación regional alcanzó el 9,2% durante 2025, frente al promedio nacional de 8,6%. La informalidad laboral llegó al 29%.
Estos antecedentes muestran que el aumento de la producción minera no necesariamente se traduce en un incremento equivalente de puestos de trabajo. La intensidad de capital, la tecnología y las características de las operaciones influyen en esa relación.
Por ello, el estudio plantea que una mayor participación de proveedores regionales permitiría extender la actividad económica hacia construcción, transporte, mantenimiento, servicios industriales y otras especialidades.
Las empresas locales enfrentan su propia brecha
La capacidad de capturar una mayor parte del impacto económico dependerá también del desarrollo empresarial.
En Atacama, las micro y pequeñas empresas representan el 94,1% de las unidades económicas y concentran el 30,4% del empleo dependiente regional.
Sin embargo, una proporción importante de los bienes y servicios demandados por los sectores productivos se adquiere fuera de la región.
Para modificar esa situación, el estudio propone fortalecer las capacidades técnicas, contractuales y financieras de los proveedores, junto con ampliar su certificación, digitalización y participación en procesos de contratación.
La diferencia entre construir y operar también resulta determinante. Mientras las obras generan una demanda elevada, pero transitoria, las instalaciones en funcionamiento necesitan mantenimiento, repuestos, servicios tecnológicos, transporte e insumos durante períodos prolongados.
El fortalecimiento de estas actividades podría permitir que más empresas locales participen permanentemente en las cadenas de abastecimiento mineras y energéticas.
Qué trabajadores necesitarán los nuevos proyectos
La formación de capital humano constituye otra prioridad de la propuesta.
Entre los perfiles identificados aparecen operadores, técnicos en energía, especialistas electromecánicos para plantas desaladoras y trabajadores vinculados al mantenimiento industrial.
También se anticipa una mayor necesidad de competencias en automatización, operaciones remotas, análisis de datos, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo.
El informe propone actualizar programas educativos, ampliar sistemas de certificación de competencias y desarrollar iniciativas de aprendizaje directamente vinculadas con las empresas.
Un objetivo adicional es aumentar la contratación de residentes de Atacama, evitando que una proporción elevada de las oportunidades laborales dependa de trabajadores trasladados desde otras regiones.
Esto exige abordar simultáneamente las condiciones de vivienda, salud, educación y servicios urbanos necesarias para atraer y mantener personal especializado.
La hoja de ruta para convertir la cartera en inversiones reales
La CPC e Inacap plantean utilizar el Consejo Productivo Regional como instancia de coordinación entre autoridades, empresas, gremios e instituciones educativas.
El seguimiento propuesto distinguirá los proyectos maduros que pueden avanzar hacia su ejecución, las inversiones que requieren resolver obstáculos y las oportunidades que todavía necesitan demostrar su viabilidad.
La investigación también contempla un tercer escenario, denominado Despegue, que simula una mejora simultánea del 10% en la productividad de ocho ámbitos productivos priorizados.
Bajo ese supuesto, el modelo estima un efecto equivalente al 9,2% del PIB regional y al 5,4% del empleo. Se trata de un ejercicio de simulación, no de una proyección garantizada.
La agenda busca extender el crecimiento hacia actividades complementarias, entre ellas minerales críticos, aprovechamiento de relaves, desalación, logística y servicios tecnológicos.
Para Atacama, la próxima etapa consistirá en comprobar cuántos de los US$40.887 millones identificados logran transformarse en inversiones ejecutadas y qué proporción de sus beneficios puede permanecer efectivamente en la región.
La diferencia entre disponer de una cartera millonaria y convertirla en empleo, proveedores e infraestructura será decisiva para medir los resultados de esta estrategia durante la próxima década.
REDIMIN Responde
¿Cuántos proyectos de inversión hay en la Región de Atacama y cuál es su valor total?
La Región de Atacama cuenta con una cartera de 156 proyectos de inversión por un valor total de US$40.887 millones.
¿Qué porcentaje del impacto económico de los proyectos se retendría en Atacama durante la construcción?
Durante la construcción, Atacama retendría entre el 31% y el 32% del impacto total estimado sobre el Producto Interno Bruto (PIB).
¿Cuántos empleos temporales y permanentes se declaran en el escenario de Trayectoria Tendencial?
En el escenario de Trayectoria Tendencial, se declaran 27.451 puestos temporales durante la construcción y 5.713 empleos para la etapa de operación.
¿Cuál es el impacto estimado en el PIB regional si se materializan todos los proyectos?
Si se materializan todos los proyectos, el impacto estimado podría alcanzar el 25,6% del PIB regional.
¿Qué porcentaje del PIB regional y del empleo representó la minería en Atacama durante 2025?
Durante 2025, la minería representó el 57,2% del PIB regional y el 18,2% del empleo en Atacama.
