El país busca aprovechar sus grandes reservas de tierras raras y otros minerales estratégicos para desarrollar procesamiento e industria local. La nueva política contempla hasta R$ 7.000 millones en apoyo, aunque el rol que tendrá un nuevo consejo estatal sobre inversiones y proyectos genera inquietud en parte de la industria.
Brasil está a un paso de estrenar un nuevo marco para sus minerales críticos y estratégicos, con una apuesta que busca llevar al país más allá de la extracción y convertirlo también en un polo de procesamiento y transformación. El Senado aprobó el 2 de septiembre el proyecto que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, que posteriormente fue enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su sanción.
El plan llega en momentos en que tierras raras, litio, níquel, grafito y otros materiales han adquirido un peso creciente en las cadenas de suministro de tecnologías, energía y defensa. Brasil cuenta además con una de las mayores bases de recursos del planeta, lo que ha despertado el interés de Estados Unidos, Europa y China.
Sin embargo, la apuesta brasileña también contiene una tensión que podría ser decisiva: el mismo marco que busca atraer capital para desarrollar la industria aumentará la intervención del Estado en la definición de qué proyectos reciben apoyo y en el control de operaciones consideradas estratégicas.
Brasil quiere procesar sus minerales antes de exportarlos
El proyecto PL 2.780/2024 contempla hasta R$ 7.000 millones en instrumentos de apoyo. De esa cifra, R$ 2.000 millones serían destinados al Fondo Garantidor de la Actividad Mineral, mientras otros R$ 5.000 millones respaldarían actividades de procesamiento y transformación de minerales dentro de Brasil.
El objetivo es reducir un problema que Brasil comparte con otros grandes productores de materias primas: extraer minerales, pero capturar una fracción menor del valor generado en las etapas posteriores de refinación, fabricación de materiales avanzados y producción tecnológica.
Los incentivos fiscales previstos para esas actividades alcanzarán hasta el 20% de determinados gastos elegibles. No obstante, uno de los puntos relevantes es su calendario: los créditos están programados para el período 2030-2034, con un límite global de R$ 1.000 millones por año y sujetos a disponibilidad presupuestaria.
La política también incorpora la investigación y prospección minera a los proyectos que pueden financiarse mediante instrumentos incentivados del mercado de capitales, mientras establece aportes de las empresas para financiar investigación, desarrollo e innovación.
El nuevo consejo concentra parte de las dudas
Uno de los puntos más discutidos es la creación del Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (CIMCE), vinculado a la Presidencia de la República.
Los proyectos deberán incorporarse a un registro nacional y ser habilitados para acceder a los instrumentos públicos de fomento. La normativa también aumenta el foco estatal sobre la industrialización, la trazabilidad y el aprovechamiento de estos recursos dentro del país.
Durante la discusión legislativa, representantes de la industria cuestionaron que el organismo pueda terminar superponiendo atribuciones de otras instituciones o demorando decisiones de inversión. En mayo, durante una audiencia en el Senado, la Asociación de Minerales Críticos advirtió que entregar al consejo atribuciones sobre transacciones societarias podría generar inseguridad jurídica, considerando la fuerte necesidad de capital que tienen este tipo de proyectos.
La preocupación no implica un rechazo a una política nacional de minerales críticos. El debate se concentra más bien en hasta qué punto Brasil puede aumentar el control estratégico sin dificultar la entrada del financiamiento y la tecnología extranjera que necesita para construir una cadena industrial propia.
Grandes reservas, pero una producción todavía pequeña
La posición geológica de Brasil explica buena parte de esta ofensiva. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país cuenta con alrededor de 21 millones de toneladas de reservas de tierras raras, frente a 44 millones de toneladas de China.
La diferencia aparece al mirar la producción. Brasil produjo unas 2.000 toneladas de óxidos de tierras raras en 2025, mientras China alcanzó cerca de 270.000 toneladas. Esto muestra que disponer de grandes reservas no se traduce automáticamente en una posición equivalente dentro del mercado.
El desafío es todavía mayor en las etapas posteriores. China conserva una posición dominante en separación, refinación y fabricación de productos derivados de tierras raras, precisamente las actividades de mayor complejidad tecnológica que Brasil ahora intenta desarrollar dentro de sus fronteras.
Esa concentración también ha aumentado la urgencia entre las economías occidentales. Las restricciones chinas a la exportación de distintos elementos durante los últimos años expusieron la vulnerabilidad de industrias que necesitan estos materiales para fabricar motores eléctricos, imanes permanentes, semiconductores y sistemas de defensa.
Una oportunidad que dependerá de cómo se aplique la nueva política
La Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos ya completó su tramitación en el Congreso y fue remitida a la Presidencia el 4 de septiembre. El registro del Senado mantiene abierto hasta el 25 de septiembre el plazo correspondiente para su sanción o eventual veto.
Para Brasil, el objetivo es aprovechar el interés internacional sin repetir un modelo basado principalmente en exportar materias primas. La apuesta es que parte de la refinación, el desarrollo tecnológico y la fabricación permanezcan dentro del país.
El resultado dependerá, sin embargo, de un equilibrio difícil: entregar incentivos suficientes para levantar proyectos de largo plazo, mantener reglas ambientales y regulatorias claras y ejercer control sobre recursos considerados estratégicos sin convertir esa supervisión en una nueva barrera para las inversiones que el propio sector necesita.
