La iniciativa, presentada en 2023, busca modificar las relaciones comerciales entre distribuidores mayoristas y minoristas. La Fiscalía Nacional Económica estimó en 2021 que las deficiencias competitivas generaban un sobrecosto de US$181 millones anuales para los consumidores.
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados retomó este miércoles 7 de octubre la discusión del proyecto de ley que busca mejorar la competencia en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) en Chile. La propuesta, ingresada al Congreso en junio de 2023, pretende eliminar restricciones comerciales entre empresas mayoristas y distribuidores minoristas, facilitar la comercialización de cilindros de distintas marcas y generar condiciones que permitan reducir los precios pagados por los hogares.
La iniciativa, correspondiente al boletín N°16.035-03, vuelve a la agenda legislativa después de más de tres años de tramitación sin avances sustantivos. Su contenido responde a las deficiencias estructurales identificadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo que advirtió sobre la elevada concentración del mercado, la escasa competencia y los vínculos comerciales que dificultan el ingreso de nuevos participantes.
Las medidas que buscan cambiar el mercado del gas
Uno de los principales objetivos del proyecto es modificar la relación entre las grandes compañías que abastecen el mercado y los distribuidores que venden directamente los cilindros a los consumidores.
El diagnóstico de la FNE identificó una estructura comercial caracterizada por la integración vertical, mediante la cual las empresas mayoristas participan también en la distribución al consumidor final, directamente o a través de contratos con comerciantes minoristas.
Estos acuerdos incluyen cláusulas de exclusividad e incentivos económicos que pueden limitar la libertad de los distribuidores para adquirir productos de distintos proveedores.
Para corregir estas condiciones, la iniciativa propone prohibir las cláusulas de exclusividad y otros mecanismos contractuales que produzcan efectos similares.
La modificación permitiría que los distribuidores minoristas cuenten con mayores alternativas de abastecimiento y puedan negociar condiciones comerciales con diferentes empresas, favoreciendo la competencia por precios y servicios.
Otro componente relevante es el reconocimiento legal de la intercambiabilidad de los cilindros de gas licuado, medida destinada a facilitar su circulación entre los distintos operadores del mercado.
El proyecto contempla una plataforma informática reservada de monitoreo de cilindros, administrada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para reforzar su trazabilidad y fiscalización.
FNE estimó sobrecostos de US$181 millones anuales
El fundamento económico de la reforma proviene del estudio del mercado del gas realizado por la Fiscalía Nacional Económica en 2021, que examinó el comportamiento de la industria durante la década anterior.
La investigación concluyó que existía una baja intensidad competitiva en el segmento mayorista, junto con factores estructurales que elevaban el riesgo de coordinación entre las empresas participantes.
Entre 2014 y 2020, los márgenes de los distribuidores mayoristas aumentaron desde aproximadamente un 35% hasta niveles de entre 50% y 55%, pese a la reducción de sus costos.
La FNE estimó que esa evolución generaba ingresos adicionales para los mayoristas por alrededor de US$261 millones anuales. Parte de esos mayores márgenes se traducía en un costo adicional para los consumidores finales.
En concreto, el organismo calculó un sobrecosto aproximado de US$181 millones por año, equivalente a cerca del 15% del precio de venta al público de los cilindros de gas licuado.
La Fiscalía planteó entonces que una mayor competencia podría traducirse en reducciones de precios cercanas al 15%, bajo las condiciones analizadas en ese periodo.
Estas cifras corresponden a estimaciones del estudio de 2021 y no constituyen una medición actualizada del mercado en 2026. Tampoco garantizan que la eventual aprobación del proyecto produzca una rebaja inmediata de esa magnitud.
Distribuidores minoristas piden sanciones y nuevas restricciones comerciales
Durante la sesión legislativa participaron representantes de la Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas), encabezados por su presidente, Jonathan Cereceda, junto al abogado Mauricio Daza.
La organización respaldó el diagnóstico de la FNE y la necesidad de introducir modificaciones legales que permitan aumentar la competencia y reducir las restricciones comerciales existentes.
Sin embargo, solicitó fortalecer varios aspectos del proyecto.
Entre sus propuestas figura prohibir expresamente el modelo de comercialización comisionista concesionario y las prácticas de fijación de precios de reventa, con el propósito de impedir que los distribuidores mayoristas mantengan mecanismos de control sobre los operadores minoristas.
Asdigas también planteó incorporar un deber de suministro, establecer prohibiciones contra eventuales represalias comerciales y asegurar que las cláusulas de exclusividad pierdan exigibilidad desde la publicación de la futura ley.
En materia de fiscalización, el gremio pidió establecer sanciones suficientemente disuasivas y permitir que las asociaciones gremiales puedan presentar denuncias frente a posibles incumplimientos.
Adicionalmente, propuso exigir condiciones comerciales transparentes y descuentos no discriminatorios.
Otro punto relevante es la evaluación posterior de los resultados de la reforma. Los distribuidores solicitaron realizar mediciones a los dos y cuatro años de su implementación para determinar si las eventuales reducciones de costos efectivamente llegan a los consumidores finales.
Estas modificaciones corresponden a planteamientos del gremio y deberán ser analizadas durante la discusión parlamentaria.
Diputados respaldan mayor competencia, pero surgen dudas sobre el diagnóstico
La discusión parlamentaria evidenció respaldo al propósito de mejorar la competencia, aunque también surgieron diferencias respecto de los fundamentos y alcances de la intervención regulatoria.
Los diputados Bernardo Salinas y José Antonio Rivas apoyaron la iniciativa y acogieron los planteamientos de los distribuidores minoristas, considerando que una mayor competencia podría beneficiar directamente al presupuesto familiar.
Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela manifestó estar de acuerdo con el objetivo general, pero expresó dudas sobre algunos aspectos de la propuesta, particularmente porque la Fiscalía Nacional Económica no ha establecido que exista colusión en el mercado del gas licuado.
Esta distinción resulta relevante: el estudio de la FNE identificó riesgos de coordinación y problemas en la estructura competitiva de la industria, pero esas conclusiones no equivalen a acreditar la existencia de acuerdos colusorios entre empresas.
El diputado Marco Antonio Sulantay, en tanto, defendió la reactivación del proyecto considerando las condiciones económicas y la importancia del gas como producto de primera necesidad.
El parlamentario sostuvo que la discusión permite revisar aspectos relevantes de la integración vertical que caracteriza al sector y evaluar cambios orientados a modificar su funcionamiento.
Una reforma pendiente desde 2023
El proyecto ingresó al Congreso el 19 de junio de 2023, acompañado de propuestas regulatorias destinadas a corregir las deficiencias detectadas por la autoridad de competencia.
Durante ese año se desarrolló una mesa técnica coordinada por la Comisión Nacional de Energía, con participación de representantes gubernamentales, asesores parlamentarios y distintos actores vinculados a la industria.
El proceso permitió recoger antecedentes técnicos y comerciales, pero la tramitación legislativa no consiguió concretar la aprobación de la reforma.
La reactivación del debate en octubre de 2026 abre una nueva etapa para definir las condiciones bajo las cuales podrán operar las empresas mayoristas y minoristas.
Por ahora, la iniciativa continúa en su primer trámite constitucional y no introduce cambios inmediatos en los contratos comerciales ni en los precios de venta del gas.
Su eventual impacto dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso, de los mecanismos de fiscalización y de la respuesta competitiva de las empresas.
El principal desafío será determinar si la eliminación de las restricciones comerciales permite aumentar la competencia entre proveedores y trasladar sus beneficios al precio que pagan los consumidores.
REDIMIN Responde
¿Qué busca el proyecto de ley discutido por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados?
El proyecto de ley busca mejorar la competencia en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) en Chile, eliminando restricciones comerciales entre empresas mayoristas y distribuidores minoristas, facilitando la comercialización de cilindros de distintas marcas y generando condiciones para reducir los precios pagados por los hogares.
¿Qué estimó la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas en 2021?
La Fiscalía Nacional Económica estimó en 2021 que las deficiencias competitivas en el mercado del gas generaban un sobrecosto de US$181 millones anuales para los consumidores, equivalente a cerca del 15% del precio de venta al público de los cilindros de gas licuado.
¿Cuáles son algunas de las propuestas de la Asociación Gremial de Distribuidores de Gas Licuado (Asdigas)?
Asdigas propuso prohibir el modelo de comercialización comisionista concesionario, las prácticas de fijación de precios de reventa, y establecer un deber de suministro. También sugirió sanciones disuasivas, permitir denuncias por incumplimientos y exigir condiciones comerciales transparentes y descuentos no discriminatorios.
¿Qué dudas surgieron durante la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley?
Durante la discusión parlamentaria, surgieron dudas sobre algunos aspectos del proyecto, especialmente porque la Fiscalía Nacional Económica no ha establecido que exista colusión en el mercado del gas licuado. Aunque se identificaron riesgos de coordinación y problemas en la estructura competitiva, no se acreditó la existencia de acuerdos colusorios entre empresas.
¿Cuál es el estado del proyecto de ley desde su ingreso al Congreso en 2023?
El proyecto de ley ingresó al Congreso el 19 de junio de 2023, pero no logró concretar su aprobación debido a la falta de avances sustantivos en la tramitación legislativa. La reactivación del debate en octubre de 2026 marca una nueva etapa para definir las condiciones bajo las cuales se implementará la reforma.
