La iniciativa elimina restricciones para acceder al pago rebajado, reduce trámites recurrentes y busca entregar mayor certeza a pequeños y medianos productores.
El proyecto de ley que modifica el régimen de patentes mineras quedó en condiciones de ser votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de superar su revisión en la Comisión de Hacienda. La iniciativa, primera propuesta legislativa específicamente minera impulsada por el actual Gobierno, busca simplificar el acceso a las patentes rebajadas y corregir exigencias que han dificultado su utilización por parte de pequeños y medianos productores.
La propuesta introduce cambios al Código de Minería en materias relacionadas con la postulación y el pago de la patente rebajada para concesiones de explotación. Entre sus principales ajustes se encuentran la eliminación del aumento progresivo del valor de las patentes y la supresión de requisitos vinculados con la superficie máxima de 500 hectáreas, los parentescos entre titulares y los tipos societarios utilizados para desarrollar la actividad.
También incorpora una nueva causal de rebaja asociada a la exploración minera, con el objetivo de evitar que los titulares tengan que volver a presentar una solicitud cada año para mantener el beneficio.
El avance legislativo abre una discusión relevante para la pequeña y mediana minería, segmentos que operan con menor capacidad financiera y administrativa que las grandes compañías, pero que mantienen una presencia productiva significativa en regiones como Atacama, Coquimbo, Antofagasta y Valparaíso.
Menos restricciones para acceder a la rebaja
El sistema de patentes mineras cumple una doble función. Por una parte, permite mantener vigente el derecho sobre una concesión y, por otra, busca incentivar que las pertenencias sean efectivamente exploradas o explotadas, evitando la acumulación de propiedad minera sin actividad.
Las modificaciones implementadas durante los últimos años elevaron el costo de mantener concesiones que no acreditaran determinadas condiciones productivas. El diseño incorporó patentes progresivas, cuyo valor aumenta a medida que transcurre el tiempo, junto con mecanismos de rebaja destinados a quienes demuestren labores mineras.
El problema para parte de la pequeña minería ha estado en los requisitos administrativos y societarios exigidos para acceder a ese tratamiento preferente. La estructura de muchas operaciones familiares, asociaciones de productores y sociedades de menor tamaño no siempre se ajusta a las condiciones formales contempladas por la normativa.
La eliminación de la restricción de 500 hectáreas permitiría que la evaluación se concentre en la actividad desarrollada y no exclusivamente en la superficie total controlada por un productor. La supresión de exigencias relacionadas con parentescos también apunta a reconocer una característica habitual del sector: una proporción importante de las operaciones de menor escala se organiza mediante empresas familiares o concesiones compartidas entre personas vinculadas.
En materia societaria, el proyecto busca impedir que la forma jurídica utilizada por el productor se convierta en una barrera automática para obtener la patente rebajada. Con ello, el beneficio podría alcanzar a una gama más amplia de organizaciones mineras, siempre que cumplan las condiciones operacionales definidas por la legislación.
Exploración minera con una postulación menos recurrente
Otro de los cambios centrales corresponde a la creación de una causal específica de rebaja por exploración. El objetivo es reconocer que las labores destinadas a identificar y evaluar recursos minerales forman parte del desarrollo efectivo de una concesión, incluso cuando todavía no existe producción comercial.
La exploración requiere campañas de levantamiento geológico, muestreo, sondajes, estudios técnicos y evaluaciones económicas que pueden extenderse durante varios años. Para empresas pequeñas, asumir esos costos mientras se paga una patente creciente puede afectar la continuidad de los programas o acelerar la devolución de propiedades con potencial todavía no determinado.
El proyecto plantea que los titulares que acrediten exploración no tengan que postular anualmente a la rebaja. Este ajuste reduciría la carga administrativa tanto para los productores como para los organismos encargados de revisar los antecedentes.
La modificación no elimina la obligación de demostrar actividad. Su efecto sería extender el reconocimiento del beneficio durante el período establecido por la normativa, evitando la repetición anual de procedimientos sobre concesiones que mantienen trabajos verificables.
Impacto para la pequeña y mediana minería
La discusión tiene especial importancia para distritos donde conviven productores independientes, plantas de procesamiento, empresas contratistas y poderes compradores. En estas zonas, el costo de mantener una propiedad minera puede determinar si un proyecto continúa en evaluación, busca financiamiento o queda disponible para un nuevo operador.
Una estructura de patentes más simple podría mejorar la planificación financiera de las faenas pequeñas y medianas, especialmente en períodos de baja producción, menores leyes minerales, interrupciones operacionales o dificultades para acceder a capital de trabajo.
También puede generar efectos sobre la cartera de propiedades mineras. Al facilitar la mantención de concesiones que acrediten exploración o explotación, la norma entregaría mayor tiempo para completar estudios, negociar asociaciones o estructurar financiamiento. Al mismo tiempo, el desafío regulatorio será impedir que las rebajas terminen protegiendo pertenencias sin actividad real.
La fiscalización y la calidad de los antecedentes presentados serán determinantes para mantener el equilibrio entre el apoyo a los productores activos y el objetivo de reducir la concentración especulativa de concesiones.
Para los proveedores regionales, la continuidad de proyectos de menor escala tiene impactos que superan el pago de la patente. Estas operaciones demandan perforación, transporte, servicios geológicos, mantenimiento, arriendo de equipos, análisis de laboratorio, movimiento de material y abastecimiento industrial.
Aunque cada faena posee dimensiones acotadas, su actividad conjunta sostiene redes de empleo y contratación local en comunas con alta dependencia de la minería.
Próxima etapa en la Cámara
Tras la aprobación en la Comisión de Hacienda, el proyecto deberá ser sometido a votación en la Sala de la Cámara. Si obtiene respaldo, continuará su tramitación constitucional en el Senado, donde sus disposiciones podrán ser revisadas y eventualmente modificadas.
El debate parlamentario deberá precisar la forma en que se acreditarán las labores de explotación y exploración, la duración de las rebajas, las facultades de fiscalización y los procedimientos para resolver solicitudes rechazadas u observadas.
También será necesario evaluar la capacidad institucional para procesar los antecedentes y actualizar los registros de concesiones. Una simplificación legal pierde efectividad si los procedimientos posteriores mantienen plazos extensos, criterios poco uniformes o exigencias documentales difíciles de cumplir.
La iniciativa instala nuevamente el régimen de propiedad minera en la agenda legislativa, esta vez desde la perspectiva de la operación efectiva y la realidad de los productores de menor tamaño. Su resultado será observado especialmente en Atacama y Coquimbo, donde la pequeña y mediana minería cumple un papel productivo, laboral y territorial que no siempre queda reflejado en las cifras de las grandes faenas.
El avance hacia la Sala representa un paso relevante, pero todavía no constituye la aprobación definitiva de la reforma. La discusión que sigue deberá resolver cómo entregar alivio administrativo y certeza económica sin debilitar el principio de que las concesiones mineras deben mantenerse vinculadas a trabajos efectivos de exploración o explotación.
