El gravamen estadounidense alcanza a cerca del 40% de los envíos chilenos a ese mercado. El Gobierno busca incorporar nuevos productos a la lista de excepciones, mientras los sectores exportadores esperan avances tras las negociaciones realizadas en agosto.
Chile y Estados Unidos mantienen abiertas las negociaciones para mejorar las condiciones de acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense, casi dos meses después de que Washington impusiera una sobretasa arancelaria de 12,5% sobre parte de las importaciones chilenas. El diálogo se concentra actualmente en ampliar la lista de bienes excluidos del gravamen, que afecta a alrededor del 40% de las exportaciones del país hacia Estados Unidos.
Los contactos son encabezados por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El último encuentro presencial de alto nivel se realizó a fines de agosto en Santiago, cuando el representante adjunto del USTR, Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria Paula Estévez y los equipos negociadores de ambos países. Las partes acordaron mantener las conversaciones durante las semanas siguientes.
Exportadores esperan señales de avance
La negociación adquiere especial relevancia para sectores como la industria alimentaria, frutícola y salmonera, que mantienen una alta exposición al mercado estadounidense.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que las conversaciones formales están siendo conducidas por la Subrei y manifestó una evaluación favorable respecto del trabajo desarrollado hasta ahora. El dirigente diferenció estas tratativas de la agenda política que el presidente José Antonio Kast y la delegación chilena mantienen esta semana en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Una posición similar planteó el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, quien sostuvo que Naciones Unidas no constituye la instancia formal donde se discute la controversia arancelaria. No obstante, los exportadores permanecen atentos a cualquier señal que pueda surgir durante los encuentros entre autoridades chilenas y estadounidenses.
Hasta ahora no existe un acuerdo anunciado para modificar la tasa general aplicable a Chile. El objetivo inmediato del Gobierno se ha concentrado en obtener nuevas exclusiones para productos específicos, reduciendo de esa forma el porcentaje de la canasta exportadora efectivamente sometido al recargo.
Más de la mitad de los envíos ya está fuera de la sobretasa
La medida estadounidense no alcanza a toda la oferta exportadora chilena. Más de la mitad del valor de los envíos del país hacia Estados Unidos se encuentra actualmente excluido del arancel adicional.
Entre los productos que quedaron fuera de la sobretasa se encuentran cobre, litio, paltas, naranjas y kiwis, entre otros bienes. La estrategia chilena apunta ahora a ampliar esa cobertura mediante negociaciones técnicas producto por producto.
La magnitud del mercado estadounidense explica la preocupación del sector privado. Durante 2025, las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente US$17.352 millones, mientras el intercambio comercial bilateral llegó a US$33.908 millones. Estados Unidos se mantuvo como el segundo socio comercial de Chile, después de China.
Además, el comercio exterior chileno atraviesa un período de expansión. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones totales del país alcanzaron US$83.252 millones, un aumento de 19,1% frente al mismo período del año anterior. Las exportaciones no mineras sumaron US$31.123 millones durante esos ocho meses.
Por qué Estados Unidos impuso el 12,5%
La sobretasa forma parte de una investigación desarrollada por Estados Unidos bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio de 1974, dirigida contra las políticas de más de 60 economías respecto de la prohibición de importar productos elaborados mediante trabajo forzoso.
El USTR determinó en junio que las políticas de los países investigados que, a juicio de Washington, no contaban con prohibiciones suficientemente efectivas representaban una práctica susceptible de medidas comerciales. Tras un proceso que incluyó consultas, comentarios públicos y audiencias, la administración estadounidense estableció tasas de 10% o 12,5%, dependiendo de las medidas adoptadas por cada economía. Chile quedó dentro del grupo sujeto al 12,5% adicional.
El Gobierno chileno cuestionó esa conclusión. La Subrei sostuvo que el país cuenta con legislación e instituciones destinadas a prevenir y erradicar el trabajo forzoso y destacó que la resolución estadounidense no identificó productos chilenos específicos fabricados mediante esas prácticas. Santiago ha planteado además que la controversia responde a diferencias sobre los mecanismos regulatorios considerados efectivos por Estados Unidos.
La sobretasa se aplica al margen de las preferencias establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, vigente desde 2004, debido a que Washington recurrió a su legislación comercial interna para establecer el gravamen.
Una negociación que continúa sin fecha de cierre
Las tratativas bilaterales han tenido componentes técnicos y políticos durante 2026. Equipos chilenos viajaron a Washington en abril para reuniones con el USTR, mientras que en julio el canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo un encuentro con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Posteriormente, Goettman viajó a Santiago en agosto para continuar las conversaciones directamente con la Subrei.
Desde entonces, las negociaciones han continuado por canales remotos. El foco está en determinar qué otros productos podrían sumarse a las excepciones ya vigentes y bajo qué condiciones podría modificarse el tratamiento comercial de Chile.
Por ahora, no existe una fecha pública para el cierre de las conversaciones ni un anuncio de nuevas exclusiones. Para los exportadores, el resultado será relevante especialmente en sectores donde Estados Unidos representa uno de los principales destinos y donde un recargo de 12,5% puede alterar precios, márgenes y competitividad frente a proveedores de países sometidos a condiciones arancelarias distintas.
