La caída de las leyes de cobre, el estancamiento productivo y la concentración de inversiones en operaciones existentes plantean una pregunta estratégica: ¿está Chile invirtiendo lo suficiente en descubrir las minas que necesitará durante las próximas décadas?
Por Cristian Recabarren Ortiz | Ingeniero en Minas, Editor y Fundador de REDIMIN
Chile enfrenta un problema estructural que, a mi juicio, no está recibiendo la urgencia que merece. Seguimos siendo una potencia mundial en producción de cobre, disponemos de una industria minera altamente desarrollada y mantenemos una cartera de inversiones considerable. Sin embargo, una parte importante de nuestros esfuerzos está concentrada en prolongar la vida útil de yacimientos conocidos, compensar la disminución de sus leyes y sostener una capacidad productiva que enfrenta crecientes exigencias técnicas y económicas.
La exploración brownfield es necesaria. Permite incorporar recursos próximos a operaciones existentes, aprovechar infraestructura instalada y reducir determinados riesgos de desarrollo. Pero debemos reconocer sus límites: extender la vida de nuestras minas no equivale a descubrir la siguiente generación de grandes yacimientos que sostendrá la minería chilena durante los próximos 30, 40 o 50 años.
En términos estratégicos, considero que el brownfield puede convertirse en pan para hoy y hambre para mañana si termina desplazando sistemáticamente la inversión en exploración greenfield.
No planteo abandonar los proyectos de expansión, reposición o continuidad operacional. Sería un error desde la perspectiva de la ingeniería y de la economía minera. Lo que propongo es corregir un desequilibrio: Chile necesita invertir simultáneamente en producir mejor el mineral que conoce y descubrir los recursos que todavía desconoce.
La producción de cobre muestra señales que no deberíamos ignorar
Las estadísticas permiten dimensionar el problema. El Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 2025 de Cochilco registra una producción nacional de 5,388 millones de toneladas de cobre fino durante 2025, equivalente a una disminución de 2,1% respecto de 2024.
La cifra adquiere mayor relevancia cuando se compara con 2018, año en que Chile produjo 5,832 millones de toneladas. Siete años después, pese a las inversiones realizadas en nuevas instalaciones, ampliaciones, automatización, equipos y sistemas de procesamiento, el país todavía no había recuperado aquel nivel productivo.
La debilidad también se refleja en 2026. Entre enero y agosto, la producción acumulada alcanzó aproximadamente 3,248 millones de toneladas de cobre fino, un 7,7% menos que durante el mismo período de 2025, de acuerdo con la serie mensual de producción minera de Cochilco publicada por el Banco Central.
Esto no significa que toda disminución de producción responda al agotamiento de recursos. Las mantenciones, interrupciones operacionales, problemas geotécnicos, restricciones de tratamiento, cambios en las secuencias de explotación y variaciones en la recuperación metalúrgica también influyen en los resultados anuales.
Pero sería igualmente equivocado interpretar el comportamiento productivo únicamente como una sucesión de dificultades transitorias. Existe una presión de fondo que condiciona a buena parte de nuestra industria: la disminución histórica de las leyes del mineral procesado.
La caída de las leyes está cambiando la economía de nuestras minas
Uno de los datos que considero más preocupantes es la evolución de la ley promedio del mineral procesado.
Las estadísticas de Cochilco muestran que la ley promedio ponderada del mineral tratado en Chile pasó de 1,29% de cobre en el año 2000 a 0,58% en 2025, una disminución cercana al 55% en apenas 25 años.
En el caso específico de las plantas concentradoras, la ley promedio alcanzó 0,69% en 2025. En lixiviación en pilas fue de 0,45%.
Estas cifras no representan la ley de cada yacimiento, sino un promedio nacional ponderado por el mineral tratado. Sin embargo, reflejan con claridad la transformación de las condiciones bajo las cuales opera nuestra industria.
La consecuencia es directa: cuando disminuye la concentración de cobre en el mineral, necesitamos procesar mayores cantidades de roca para recuperar una cantidad equivalente de metal, suponiendo condiciones metalúrgicas comparables.
Esto implica mayores exigencias sobre prácticamente toda la cadena productiva:
- Más movimiento de material y potencialmente mayores distancias de transporte.
- Mayor demanda de capacidad de chancado y molienda.
- Más energía consumida por unidad de cobre recuperado, dependiendo de las características del mineral.
- Mayores necesidades de manejo de relaves y estériles.
- Mayor presión sobre disponibilidad física, utilización y mantenimiento de equipos.
- Mayor sensibilidad económica frente a interrupciones operacionales y variaciones de recuperación metalúrgica.
La automatización, los sistemas de gestión de flota, la analítica operacional, la clasificación de mineral y las tecnologías de preconcentración pueden ayudar a compensar parte de estas presiones.
Pero existe un límite físico y económico para lo que podemos lograr únicamente mediante eficiencia operacional.
No podemos resolver indefinidamente la disminución de las leyes aumentando las toneladas procesadas. En algún momento debemos preguntarnos si estamos destinando suficientes recursos a encontrar mineralizaciones con mejores condiciones geológicas y metalúrgicas.
El brownfield está concentrando nuestra visión de inversión
Un segundo antecedente refuerza esta preocupación.
El Informe de Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025-2034 de Cochilco identifica inversiones proyectadas por US$104.549 millones para la próxima década.
La cifra es significativa y demuestra que Chile mantiene una industria capaz de atraer grandes volúmenes de capital.
Sin embargo, el 81% de la cartera corresponde a iniciativas brownfield, principalmente proyectos de reposición, expansión y continuidad operacional. Solo el 19% corresponde a nuevos desarrollos.
Esta distribución merece una reflexión.
Las compañías están respondiendo racionalmente a las condiciones actuales. Un proyecto desarrollado dentro de un distrito minero conocido puede aprovechar caminos, suministro eléctrico, abastecimiento hídrico, instalaciones de procesamiento, campamentos y conocimiento geológico acumulado.
También puede presentar menores incertidumbres que desarrollar una operación completamente nueva.
Desde una perspectiva financiera, resulta comprensible que las empresas prefieran asignar capital a proyectos donde conocen mejor sus recursos, sus costos y sus riesgos.
Pero la suma de decisiones racionales para cada compañía no necesariamente produce la mejor estrategia minera para el país.
Si la mayor parte de la inversión futura se orienta a sostener operaciones existentes, Chile corre el riesgo de construir una cartera de proyectos muy concentrada en los mismos distritos y estructuras productivas.
Podemos terminar invirtiendo enormes cantidades de capital para compensar el agotamiento progresivo de nuestros activos, sin generar una cantidad suficiente de nuevos descubrimientos capaces de ampliar significativamente nuestra base productiva.
Ese es el peligro de depender excesivamente del brownfield.
Exploración greenfield: necesitamos descubrir nuevas oportunidades, no solamente ampliar las conocidas
Cuando hablo de recuperar la exploración greenfield, me refiero a fortalecer la búsqueda de depósitos minerales fuera de las áreas operacionales conocidas, especialmente en sectores con potencial geológico insuficientemente evaluado.
No significa perforar indiscriminadamente ni asumir que cualquier territorio no explorado contiene un nuevo gran yacimiento.
Significa recuperar la capacidad de asumir riesgo geológico mediante programas de exploración sistemáticos, financiados adecuadamente y sustentados en modelos metalogenéticos, geofísica, geoquímica, cartografía estructural y nuevas herramientas de interpretación.
La historia de la minería chilena demuestra la importancia de esta visión.
Escondida, cuyo descubrimiento se produjo a comienzos de la década de 1980, representa uno de los ejemplos más relevantes de exploración que consiguió identificar mineralización económica bajo una importante cobertura estéril.
La propia historia publicada por BHP recuerda que el descubrimiento se produjo después de sucesivos intentos de perforación que inicialmente no encontraron los resultados esperados.
Este antecedente es importante porque demuestra que los grandes descubrimientos no necesariamente se encuentran asociados a manifestaciones superficiales evidentes.
La geología chilena todavía ofrece oportunidades de exploración bajo cobertura, a mayor profundidad y en sectores donde la información disponible es insuficiente para descartar sistemas mineralizados.
Por supuesto, un depósito greenfield no tiene necesariamente mejores leyes que una mina existente. Tampoco su eventual mayor ley garantiza competitividad económica.
La geometría del cuerpo mineralizado, la relación estéril-mineral, profundidad, continuidad, mineralogía, recuperación metalúrgica, infraestructura y costos de acceso pueden transformar un depósito aparentemente atractivo en un proyecto económicamente inviable.
Pero precisamente por eso necesitamos explorar: para identificar nuevas combinaciones de ley, tonelaje, profundidad y recuperabilidad que permitan desarrollar operaciones competitivas en el largo plazo.
Y esa búsqueda no puede depender exclusivamente de las necesidades inmediatas de reposición de reservas de las grandes compañías.
Estamos explorando, pero todavía privilegiamos el menor riesgo
En 2025, el presupuesto de exploración minera en Chile alcanzó US$874,7 millones, un aumento de US$80,7 millones respecto de 2024.
Este crecimiento es positivo, pero su distribución revela dónde se están concentrando las decisiones de inversión.
El Catastro de Empresas Exploradoras 2025 de Cochilco identifica la siguiente asignación:
- US$449,3 millones, equivalentes al 51,4%, destinados a exploración en mina.
- US$206,5 millones, equivalentes al 23,6%, destinados a exploración inicial.
- US$218,9 millones, equivalentes al 25%, destinados a exploración avanzada y factibilidad.
Estas categorías describen etapas de exploración y no equivalen exactamente a la distinción greenfield-brownfield. Aun así, permiten observar la importancia que mantiene la exploración cercana a operaciones existentes.
Otro dato resulta particularmente relevante: las grandes compañías concentran el 78,9% del presupuesto exploratorio, mientras las empresas junior representan apenas el 14,8%.
Esta concentración introduce una debilidad en nuestro sistema de generación de proyectos.
Las grandes mineras desempeñan un papel fundamental, pero sus programas exploratorios responden a estrategias corporativas, prioridades de inversión y horizontes de retorno específicos.
Las empresas junior, en cambio, pueden especializarse en identificar, investigar y madurar prospectos que todavía no reúnen las condiciones de inversión exigidas por los grandes operadores.
Si estas compañías enfrentan restricciones persistentes de financiamiento, el sistema pierde parte de su capacidad de generar nuevas oportunidades independientes.
El catastro también identifica 235 prospectos y proyectos, de los cuales 158 estaban activos y 77 paralizados.
Para mí, este último antecedente requiere tanta atención como el presupuesto total. No basta con aumentar el dinero destinado a explorar si una proporción relevante de los proyectos no logra avanzar.
Chile necesita conocer las razones concretas detrás de esa paralización: problemas de financiamiento, derechos mineros, acceso territorial, permisos, resultados geológicos insatisfactorios o dificultades de ejecución.
Sin ese diagnóstico, cualquier nuevo programa de incentivos corre el riesgo de repetir las mismas limitaciones.
Una propuesta: comenzar a planificar el procesamiento antes de descubrir el yacimiento
Aquí es donde considero que Chile podría introducir una innovación importante en su estrategia de desarrollo minero.
Tradicionalmente, evaluamos los proyectos mineros siguiendo una secuencia relativamente definida: exploración, estimación de recursos, estudios de ingeniería, evaluación económica, permisos, construcción y operación.
La capacidad de procesamiento generalmente se determina a medida que avanzan los estudios de desarrollo del yacimiento.
Pero ¿qué ocurriría si comenzáramos a diseñar una estrategia territorial de procesamiento que permitiera identificar anticipadamente qué tipos de nuevos depósitos podrían convertirse en negocios mineros viables?
Propongo avanzar hacia un modelo de planificación territorial del procesamiento minero, donde la infraestructura existente, las capacidades metalúrgicas, la logística y el potencial geológico sean analizados conjuntamente.
La idea consiste en dejar de evaluar cada descubrimiento únicamente como una futura mina aislada, incorporando también su posible integración con instalaciones existentes o nuevos centros de procesamiento compartidos.
Centros de procesamiento regional y aprovechamiento de capacidad instalada
Imaginemos un distrito minero donde existen plantas concentradoras, infraestructura eléctrica, disponibilidad de agua industrial, caminos y diferentes depósitos conocidos.
En ese territorio podrían existir prospectos greenfield con leyes atractivas, pero cuyos recursos no justifiquen individualmente construir una nueva concentradora, un sistema de relaves y toda la infraestructura requerida para una operación independiente.
Bajo un modelo convencional, algunos de estos proyectos podrían permanecer sin desarrollar.
Sin embargo, si existiera capacidad disponible en instalaciones cercanas o fuese viable construir una planta compartida, algunos depósitos podrían adquirir una alternativa de desarrollo distinta.
La estrategia permitiría estudiar modelos como:
- Procesamiento de minerales de terceros mediante contratos de tratamiento.
- Centros concentradores regionales abastecidos desde distintos yacimientos.
- Desarrollo de instalaciones modulares para determinadas escalas productivas.
- Preconcentración cercana al yacimiento para reducir el transporte de material sin valor económico.
- Integración de minerales de distintas procedencias mediante programas técnicamente controlados de mezclas.
- Planificación de corredores de transporte e infraestructura compartida entre varios proyectos.
Estas soluciones no son universalmente aplicables. La disponibilidad de capacidad instalada no garantiza compatibilidad mineralógica, y transportar mineral a grandes distancias puede destruir completamente el beneficio económico de compartir infraestructura.
Además, deben resolverse la propiedad de los activos, permisos ambientales, almacenamiento de relaves, disponibilidad de agua y energía, recuperación metalúrgica y acuerdos comerciales entre operadores.
Pero considero que existe una oportunidad importante en estudiar estos modelos desde una perspectiva distrital, y no exclusivamente mediante la evaluación individual de cada proyecto.
La planificación de procesamiento podría orientar mejor la exploración
La propuesta puede avanzar un paso más.
Si conocemos las características metalúrgicas de las instalaciones disponibles, sus restricciones de alimentación y las capacidades potenciales de procesamiento de un distrito, podríamos identificar qué tipos de recursos minerales resultan más atractivos para desarrollar.
Esto permitiría orientar determinadas campañas exploratorias hacia depósitos que no solo presenten potencial geológico, sino también una ruta técnicamente plausible hacia el procesamiento.
La integración de modelos geológicos tridimensionales, información geometalúrgica, sistemas de información geográfica y simulaciones económicas permitiría construir escenarios de desarrollo mucho antes de definir la construcción de una mina.
Esta planificación no debe reemplazar el criterio geológico en la identificación de nuevos blancos exploratorios. Su función sería complementar la exploración con información sobre las posibilidades reales de valorización de un eventual descubrimiento.
En otras palabras, no deberíamos preguntarnos solamente dónde podemos encontrar más cobre, sino también dónde podríamos encontrar cobre que resulte técnica y económicamente más conveniente procesar.
Este cambio de enfoque podría ser especialmente útil para depósitos de escala intermedia, operaciones cercanas a infraestructura existente y proyectos que hoy presentan dificultades para financiar instalaciones independientes.
Los Fondos Fénix: recuperar la idea del financiamiento exploratorio, pero corregir sus debilidades
Chile ya cuenta con antecedentes de intervención pública orientada a movilizar inversión privada hacia proyectos de exploración minera.
Uno de los más relevantes fue el programa conocido como Fondos Fénix, impulsado por Corfo en 2011.
La iniciativa contempló un financiamiento de US$150 millones, compuesto por US$92 millones mediante líneas de crédito de Corfo y US$58 millones de capital privado, con el objetivo de financiar prospección y exploración minera mediante fondos de inversión especializados.
Originalmente se estimó que el programa podría financiar alrededor de 50 proyectos durante su desarrollo.
Este mecanismo buscaba resolver una dificultad estructural de la actividad exploratoria: su elevado riesgo, la incertidumbre sobre los resultados de las campañas y los largos períodos que pueden transcurrir entre el descubrimiento y el eventual desarrollo de una operación.
Es importante, sin embargo, precisar su alcance histórico.
Los grandes descubrimientos que consolidaron la minería chilena moderna, como Escondida, son anteriores a la creación de Fondos Fénix. Por lo tanto, no corresponde atribuirles a estos fondos el descubrimiento de los principales yacimientos que explican nuestra producción actual.
Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que el programa produjo una nueva generación de depósitos de cobre de clase mundial.
Una evaluación publicada por Chile Explore Report en 2018 identificó financiamiento para 26 proyectos y planteó dificultades para conocer con detalle sus resultados exploratorios y determinar el éxito global de la iniciativa.
La experiencia, entonces, deja dos enseñanzas.
La primera es que Chile puede estructurar instrumentos capaces de movilizar financiamiento público y privado hacia actividades exploratorias.
La segunda es que estos instrumentos necesitan mecanismos mucho más sólidos de seguimiento, transparencia y medición de resultados.
Creo que debemos recuperar el principio de Fondos Fénix, pero desarrollar una nueva generación de instrumentos con mejores criterios técnicos y financieros.
Un nuevo modelo de capital de riesgo para exploración greenfield
Un programa moderno podría combinar inversión privada, financiamiento estatal condicionado, participación de administradores especializados y mecanismos de incorporación de socios estratégicos cuando los proyectos alcancen determinadas etapas de madurez.
El financiamiento debería liberarse progresivamente según hitos verificables:
- Generación de blancos exploratorios: interpretación geológica, información geofísica y geoquímica, revisión de antecedentes y evaluación territorial.
- Validación mediante sondajes: ejecución de campañas, análisis de laboratorio, control de calidad y revisión independiente de resultados.
- Definición de recursos: modelamiento geológico, estimaciones respaldadas por estándares reconocidos y caracterización metalúrgica preliminar.
- Evaluación de desarrollo: estudios conceptuales o económicos, infraestructura, procesamiento, permisos y escenarios de inversión.
- Incorporación de capital de desarrollo: asociaciones con compañías mineras, venta de participaciones o financiamiento privado para avanzar hacia estudios de mayor precisión.
Lo fundamental sería evitar que el capital público financie indiscriminadamente prospectos sin criterios de selección geológica ni mecanismos de control.
También sería necesario establecer una evaluación de cartera, considerando que muchos proyectos de exploración no llegarán a convertirse en minas comerciales. El éxito de un instrumento de esta naturaleza no debería medirse únicamente por el número de sondajes ejecutados o por la cantidad de empresas financiadas.
Debería medirse por su capacidad efectiva de crear nuevas oportunidades de inversión minera.
Esto exige indicadores como recursos identificados, proyectos que avanzan de etapa, capital privado movilizado, costos de descubrimiento, calidad de los activos y eventual conversión a desarrollos económicamente viables.
La inversión extranjera necesita nuevos proyectos, no solamente una cartera de ampliaciones
Chile dispone de una posición geológica privilegiada, experiencia técnica, proveedores especializados y una industria financiera que conoce el negocio minero.
Estas ventajas nos permiten competir internacionalmente por recursos destinados a exploración y desarrollo.
Pero los inversionistas no evalúan únicamente el potencial geológico de un país.
También consideran la disponibilidad de proyectos, la claridad de los derechos mineros, la estabilidad regulatoria, los mecanismos para resolver conflictos, la calidad de la información disponible y las posibilidades de recuperar su inversión.
Un país puede tener recursos minerales extraordinarios y, aun así, perder oportunidades de inversión si resulta demasiado complejo transformar un descubrimiento en un proyecto desarrollable.
En este sentido, considero que Chile debe mejorar su capacidad de atraer y facilitar la entrada de capital exploratorio internacional, especialmente aquel especializado en compañías junior y proyectos de etapas tempranas.
La estrategia debería incorporar información geológica precompetitiva de mayor calidad, instrumentos de coinversión, procedimientos regulatorios proporcionales al riesgo y escala de cada actividad y condiciones claras para transferir o desarrollar proyectos.
La digitalización de información geocientífica también representa una oportunidad.
La plataforma SIGEX de Sernageomin, orientada a la recepción y administración de información de exploración, constituye una base institucional que podría contribuir a mejorar el conocimiento geológico disponible, respetando los plazos y condiciones legales de acceso a los antecedentes.
Chile necesita transformar progresivamente su información geológica en una ventaja competitiva para descubrir nuevos depósitos.
No se trata de reemplazar la inversión privada por decisiones estatales sobre qué yacimientos desarrollar. Se trata de que el Estado contribuya a reducir incertidumbres iniciales, genere mejores condiciones de inversión y ayude a movilizar capital hacia actividades que producen beneficios económicos de largo plazo.
Las mayores leyes deben buscarse, pero la competitividad depende del conjunto del depósito
Quisiera detenerme en un punto esencial desde la ingeniería minera.
Es razonable aspirar a encontrar depósitos con leyes superiores a las que actualmente procesan muchas de nuestras operaciones.
Una mayor concentración de metal, manteniendo constantes otras variables, puede representar una ventaja considerable en términos de toneladas procesadas, demanda de energía, costos logísticos y productividad del capital instalado.
Sin embargo, el objetivo no debería limitarse a encontrar mineral de mayor ley.
Un depósito con buena ley, pero de pequeño tamaño, ubicado a gran profundidad o con condiciones metalúrgicas desfavorables, puede resultar menos atractivo que uno de menor ley con grandes recursos, buena recuperación y costos operacionales competitivos.
La evaluación debe considerar el metal económicamente recuperable durante toda la vida del proyecto.
Por eso, creo que la exploración greenfield moderna debe incorporar criterios geometalúrgicos y de procesamiento desde etapas más tempranas.
No basta con identificar cobre contenido en el subsuelo. Necesitamos comprender cuánto de ese cobre será recuperable, mediante qué procesos, con qué intensidad energética y bajo cuáles condiciones económicas y ambientales.
Una exploración que integre estas variables puede mejorar la calidad de los proyectos que avanzan hacia la ingeniería y reducir el riesgo de financiar recursos que posteriormente no resulten competitivos.
Una política minera que mire más allá de la próxima década
El desafío exige coordinación entre instituciones públicas, compañías mineras, inversionistas, universidades y empresas de exploración.
A mi juicio, Chile debería impulsar una agenda nacional de exploración greenfield sobre cinco ejes prioritarios:
Primero: ampliar la generación de conocimiento geológico. Fortalecer la cartografía, geofísica regional y la disponibilidad de información precompetitiva, con especial atención a sistemas mineralizados bajo cobertura y territorios insuficientemente investigados.
Segundo: desarrollar instrumentos de financiamiento especializados. Crear mecanismos de coinversión y capital de riesgo que permitan a las empresas junior sostener programas exploratorios técnicamente fundamentados.
Tercero: integrar exploración y procesamiento. Identificar distritos donde la infraestructura existente, la capacidad de procesamiento y los nuevos depósitos puedan generar oportunidades conjuntas de desarrollo.
Cuarto: mejorar las condiciones de ejecución. Reducir incertidumbres regulatorias y administrativas sin debilitar las exigencias ambientales, de seguridad o de participación territorial. La exploración debe tener procedimientos claros y previsibles, apropiados para su escala y nivel de intervención.
Quinto: medir los resultados en términos de descubrimientos y proyectos desarrollables. Establecer seguimiento público de los programas de fomento, incluyendo recursos movilizados, avances técnicos, nuevas oportunidades identificadas y capital privado comprometido.
Esta política también debería distinguir entre la exploración orientada a sostener una operación existente y aquella destinada a descubrir nuevos distritos mineros.
Ambas son necesarias, pero cumplen objetivos estratégicos diferentes y deberían medirse mediante indicadores distintos.
El punto crítico: Chile debe dejar de confundir continuidad operacional con crecimiento futuro
Existe una diferencia fundamental entre sostener la producción y ampliar verdaderamente nuestra capacidad minera de largo plazo.
Los proyectos brownfield cumplen una función indispensable: reemplazan reservas agotadas, extienden la vida de las operaciones y permiten utilizar mejor los activos existentes.
Pero no podemos asumir que esos proyectos asegurarán, por sí solos, una nueva etapa de crecimiento productivo nacional.
Incluso la cartera de inversiones proyectada debe interpretarse cuidadosamente. Los US$104.549 millones identificados por Cochilco representan iniciativas con distintos grados de madurez e incertidumbre, no recursos completamente comprometidos ni producción futura garantizada.
Además, una parte relevante de esas inversiones está orientada precisamente a evitar la pérdida de capacidad productiva de operaciones maduras.
Esta distinción debería incorporarse con mayor fuerza en nuestra planificación minera nacional.
La pregunta no es únicamente cuánto estamos invirtiendo, sino qué proporción de esa inversión está creando nueva capacidad productiva y qué proporción está compensando el deterioro natural de nuestros activos actuales.
En mi opinión, necesitamos ambas cosas, pero debemos reconocer sus diferencias.
Si queremos aumentar sostenidamente la producción de cobre, mejorar nuestras condiciones de competitividad y seguir atrayendo inversión internacional, necesitamos una cartera permanente de nuevos descubrimientos.
Algunos se transformarán en operaciones de gran escala. Otros podrán desarrollarse como minas medianas o mediante instalaciones de procesamiento compartidas. Muchos prospectos, inevitablemente, demostrarán no tener viabilidad económica.
Esa incertidumbre forma parte del negocio exploratorio.
Lo que no podemos hacer es permitir que el temor al riesgo termine paralizando la búsqueda de los depósitos que podrían definir el futuro del país.
Chile debe comenzar hoy a construir las minas que necesitará mañana
Creo que el gran riesgo estratégico de la minería chilena no es solamente producir menos cobre en un determinado año. Es acostumbrarnos a administrar la disminución progresiva de nuestra capacidad productiva sin desarrollar suficientes alternativas para reemplazarla.
Tenemos experiencia, instituciones, profesionales, tecnología, capital humano y una larga historia de descubrimientos geológicos relevantes.
También tenemos una industria que ha demostrado capacidad para operar bajo condiciones técnicas extraordinariamente exigentes.
Pero ninguna de esas fortalezas sustituye la necesidad de encontrar nuevos recursos minerales.
Chile necesita recuperar una cultura de exploración ambiciosa, sustentada en ciencia, ingeniería, inversión de riesgo y una visión de desarrollo de largo plazo.
Necesitamos que las empresas junior vuelvan a encontrar condiciones atractivas para explorar, que el financiamiento público y privado esté mejor articulado y que las nuevas tecnologías nos permitan identificar oportunidades geológicas que anteriormente resultaban difíciles de investigar.
Y necesitamos comenzar a pensar la infraestructura de procesamiento desde una perspectiva territorial, vinculando descubrimientos, capacidad instalada y nuevas alternativas de desarrollo.
Mi propuesta es concreta: Chile debería establecer una estrategia nacional de exploración greenfield, acompañada por nuevos instrumentos de capital de riesgo y un programa de planificación territorial del procesamiento minero. Su implementación debería comenzar con distritos piloto seleccionados por potencial geológico, infraestructura disponible, viabilidad metalúrgica y condiciones ambientales y sociales.
El brownfield seguirá siendo imprescindible para sostener nuestra producción durante los próximos años.
Pero las minas que todavía no hemos descubierto son las que podrían definir la posición competitiva de Chile durante las próximas décadas.
No podemos seguir pensando solamente en cómo extraer más cobre de los yacimientos que conocemos. Debemos recuperar la capacidad de descubrir los que todavía nos faltan.
