Chile y Argentina reactivaron la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un instrumento firmado hace 28 años que permite desarrollar proyectos ubicados a ambos lados de la cordillera bajo reglas especiales de operación fronteriza.
La reunión, realizada en Buenos Aires durante julio, fue la primera de esta instancia bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast y marcó el retorno formal de una agenda binacional que había permanecido con escasa actividad durante los últimos años.
El principal asunto sobre la mesa es el futuro del proyecto Vicuña, controlado en partes iguales por BHP y Lundin Mining. El distrito integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados principalmente en la provincia argentina de San Juan, pero con derechos mineros y mineralización que se extienden hacia la Región de Atacama.
Para avanzar como un complejo unificado, Vicuña requiere un protocolo adicional específico que regule su etapa de construcción y explotación. Ese documento deberá resolver cómo funcionarán los movimientos de trabajadores, equipos, insumos, minerales, infraestructura y servicios entre ambos territorios.
Un acuerdo diseñado para operar sobre la frontera
El Tratado de Integración y Complementación Minera fue suscrito el 29 de diciembre de 1997 por los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem. Posteriormente se incorporó un protocolo complementario en 1999 y el marco entró en vigor durante el año 2000.
Su característica central es que permite establecer áreas de operación que cruzan la frontera internacional. Dentro de esos espacios, las empresas pueden desarrollar actividades mineras y utilizar infraestructura ubicada en cualquiera de los dos países, siempre bajo la legislación interna de cada Estado y las condiciones establecidas en los protocolos particulares.
El tratado no crea un territorio independiente ni elimina las soberanías nacionales. Su función es coordinar normas que normalmente se aplican por separado, especialmente en materias aduaneras, tributarias, migratorias, laborales, sanitarias, ambientales, de seguridad, transporte e infraestructura.
Ningún otro par de países mantiene un acuerdo jurídico de alcance comparable específicamente diseñado para la explotación minera binacional en una zona fronteriza.
La Comisión Administradora es la encargada de interpretar el tratado, analizar las solicitudes de las compañías y recomendar los protocolos aplicables a cada iniciativa. En ella participan autoridades de minería, relaciones exteriores y otros organismos públicos de ambos países.
Vicuña ya cuenta con reglas para exploración
El proyecto Vicuña no parte desde cero dentro de este marco. Chile y Argentina aprobaron anteriormente un protocolo adicional específico para facilitar las actividades de prospección y exploración en el área fronteriza.
Ese instrumento definió una zona de operaciones que comprende territorios de la provincia de San Juan y sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo. También habilitó procedimientos especiales para el traslado de personas, equipos y mercancías asociados a las campañas exploratorias.
El protocolo contempla pasos fronterizos utilizados exclusivamente por el proyecto, mecanismos de control aduanero, nóminas de trabajadores autorizados, coordinación entre autoridades de seguridad y facilidades para las operaciones aéreas, telecomunicaciones y atención de emergencias.
Sin embargo, esas disposiciones fueron diseñadas para una etapa exploratoria y no bastan para la construcción y operación de un complejo minero de gran escala.
Vicuña Corp. necesita ahora una nueva regulación que cubra faenas permanentes, plantas de procesamiento, transporte de concentrados, abastecimiento energético, recursos hídricos, caminos, campamentos, depósitos de residuos y circulación continua de contratistas y proveedores.
BHP y Lundin proyectan un complejo de escala mundial
Vicuña Corp. fue constituida en 2025 después de que BHP y Lundin Mining completaran la adquisición de Filo Corp. y consolidaran Filo del Sol con Josemaría bajo una sociedad conjunta 50/50.
La integración busca capturar las sinergias entre ambos depósitos, separados por aproximadamente 10 kilómetros. El diseño considera una ejecución por etapas, comenzando con Josemaría y avanzando posteriormente hacia las zonas de mayor escala y ley mineral identificadas en Filo del Sol.
El estudio técnico integrado divulgado en febrero de 2026 estimó una inversión inicial de US$7.100 millones para la primera etapa. El plan considera una planta para procesar sulfuros y el desarrollo inicial del yacimiento Josemaría.
Durante los primeros 25 años completos de operación, el complejo podría producir en promedio alrededor de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata anuales.
En su periodo de mayor producción, Vicuña podría superar las 500.000 toneladas de cobre por año, volumen que lo ubicaría entre las mayores operaciones cupríferas del mundo. Las cifras corresponden a una evaluación preliminar y todavía están sujetas a ingeniería adicional, permisos, decisiones de inversión y condiciones de mercado.
La compañía busca adoptar una decisión de aprobación del proyecto hacia fines de 2026, aunque el calendario dependerá de los avances regulatorios y de la definición de las condiciones binacionales.
Qué debe resolver el nuevo protocolo
El protocolo para la etapa de explotación deberá determinar si Vicuña puede funcionar efectivamente como una sola unidad industrial o si tendrá que operar mediante estructuras separadas en cada país.
Entre los asuntos críticos aparece la localización de las plantas, las rutas para transportar minerales y concentrados, el tratamiento tributario de los servicios ejecutados en ambos territorios y el régimen aplicable a los equipos que crucen regularmente la frontera.
También será necesario establecer mecanismos para la contratación y movilidad de trabajadores, el reconocimiento de certificaciones técnicas, el control de mercancías y la fiscalización ambiental.
Cada país conservará la responsabilidad sobre los permisos ambientales y sectoriales correspondientes a su territorio. El tratado no reemplaza las evaluaciones ambientales nacionales ni autoriza automáticamente el uso de agua, la intervención de glaciares o la construcción de infraestructura.
La coordinación es especialmente relevante porque Filo del Sol presenta mineralización en ambos lados de la frontera. Una operación sin protocolo podría enfrentar duplicación de instalaciones, mayores costos logísticos y dificultades para aprovechar de manera conjunta los depósitos.
Proveedores y regiones observan las condiciones de competencia
La reactivación del tratado abre oportunidades para empresas de ingeniería, construcción, transporte, energía, perforación, mantenimiento y servicios mineros de Chile y Argentina.
Al mismo tiempo, genera una discusión sobre las condiciones en que competirán los proveedores de ambos países. Las diferencias tributarias, cambiarias, laborales y logísticas pueden modificar significativamente los costos de contratación.
El principio general del tratado es el trato nacional, lo que impide establecer restricciones arbitrarias por el origen de los bienes, servicios o trabajadores. La aplicación práctica de esa regla será uno de los puntos más sensibles para las autoridades y los gremios empresariales.
Para San Juan, Vicuña representa la posibilidad de incorporar una operación de cobre a gran escala y desarrollar nueva infraestructura en una provincia que aún no registra producción cuprífera industrial equivalente a los grandes distritos chilenos.
Para Chile, el proyecto puede generar actividad económica en Atacama, demanda de servicios especializados y uso de infraestructura minera, energética o portuaria. La magnitud de ese impacto dependerá de dónde se instalen las principales obras y de cómo se distribuya la cadena de abastecimiento.
Un tratado que atravesó distintos ciclos políticos
Desde su firma, el acuerdo ha permanecido vigente durante gobiernos de distinto signo político en ambos países. Su aplicación, sin embargo, ha avanzado de manera irregular y ha dependido del interés de los proyectos ubicados en la cordillera.
Pascua-Lama fue durante años el principal caso asociado al tratado, aunque sus problemas ambientales, judiciales y económicos impidieron que se consolidara como una operación binacional en producción.
La escala alcanzada por Vicuña vuelve a poner a prueba la capacidad del instrumento para transformar una frontera administrativa en un distrito minero integrado.
La reactivación de la Comisión Administradora no significa que el proyecto esté aprobado. El paso decisivo será la negociación y aprobación del protocolo de explotación, junto con los permisos ambientales, técnicos y sectoriales requeridos en Chile y Argentina.
Después de casi tres décadas de vigencia, el tratado enfrenta así su desafío más relevante: demostrar que puede sostener la construcción y operación de uno de los mayores proyectos de cobre en desarrollo en la cordillera de los Andes.
