Codelco vuelve a quedar bajo presión institucional tras la designación del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para dirigir la investigación penal por las eventuales irregularidades asociadas a la sobreestimación de producción de cobre reportada durante 2025. El caso, que ya había escalado desde una auditoría interna al Ministerio Público, incorpora ahora un elemento sensible para la estatal: la eventual citación a declarar del expresidente del directorio, Máximo Pacheco, cuyo abogado ya habría transmitido disposición a colaborar y coordinar prontamente una declaración. La indagatoria se concentra en 26.875 toneladas métricas finas que fueron registradas como producción terminada, pese a que requerían procesamiento posterior. El episodio no solo reabre preguntas sobre los controles internos de la principal minera estatal del país, sino que se instala en medio de un cambio de mando en la compañía y de una crisis reputacional.
Fiscalía asume una causa “altamente compleja”
La Fiscalía Nacional designó oficialmente a Aquiles Cubillos para encabezar la investigación penal relacionada con eventuales irregularidades en la gestión de Codelco por la sobreestimación de producción de toneladas métricas de cobre reportadas durante 2025. La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en virtud del artículo 19 de la Ley N.º 19.640, considerando las denuncias presentadas por la propia cuprífera estatal y por el diputado Jaime Mulet. Cubillos anticipó que dentro de los próximos días deberían ejecutarse las primeras diligencias, entre ellas declaraciones de quienes participaron en la auditoría y de directores involucrados en los antecedentes denunciados.
El fiscal regional de O’Higgins sostuvo que no se descarta citar a Máximo Pacheco y afirmó que el abogado del expresidente del directorio ya manifestó disposición a colaborar con la investigación. Según lo informado, la causa analizará eventuales delitos como falsificación de instrumento público, fraude al fisco, posible malversación de caudales públicos y, probablemente, administración desleal. La magnitud del caso se explica no solo por el volumen corregido, sino por su impacto sobre metas, incentivos corporativos y gobierno interno, un foco que ya tensionaba a la estatal tras la presión política por un fiscal exclusivo en la investigación.
El origen: producción registrada antes de completar el proceso
El centro técnico del caso está en 26.875 toneladas métricas finas de cobre que fueron reportadas como producción terminada durante 2025. Según Codelco informó oficialmente, la auditoría interna detectó desviaciones en la aplicación de normas corporativas asociadas al reconocimiento de producción: 20.000 toneladas contenidas en óxidos de la División Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en arsenito de calcio de la División Ministro Hales. La estatal precisó que esos materiales requerían procesamiento posterior y no cumplían completamente las condiciones exigidas para ser considerados productos terminados.
La auditoría también identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias. Además, estableció efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos, aunque Codelco aseguró que no se identificaron impactos negativos que obligaran a modificar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025. En lugar de aquello, la empresa anunció notas aclaratorias respecto de la cifra de producción en la memoria, análisis razonado, sitio web corporativo y otras comunicaciones oficiales. El ajuste derivó en sanciones internas y abrió un conflicto laboral por incentivos, especialmente tras conocerse que más de 6 mil trabajadores podrían enfrentar devolución de bonos.
Qué diligencias aparecen en el horizonte
Las primeras diligencias apuntarían a reconstruir la cadena de decisiones que permitió registrar como producción terminada material que aún debía mantenerse como producto en proceso. En esa línea, el Ministerio Público podría tomar declaración a auditores internos, ejecutivos, exejecutivos y directores vinculados a los antecedentes que fueron entregados a la fiscalía. También será relevante determinar si hubo errores administrativos, incumplimientos de control o eventuales conductas con relevancia penal. La diferencia no es menor: una desviación normativa puede tener consecuencias disciplinarias, pero la investigación penal deberá establecer si existió dolo, perjuicio fiscal o manipulación deliberada de información.
Los puntos que podrían concentrar la revisión son:
La trazabilidad de las 20.000 toneladas asociadas a óxidos de Chuquicamata.
La clasificación de las 6.875 toneladas vinculadas a arsenito de calcio de Ministro Hales.
Las aprobaciones internas utilizadas para reconocer producción terminada.
El impacto de la corrección en metas corporativas e incentivos.
La participación o conocimiento de ejecutivos, exejecutivos y miembros del directorio.
La consistencia entre reportes internos, comunicaciones oficiales y cifras públicas.
La eventual declaración de Pacheco se ubicaría dentro de ese mapa de responsabilidades institucionales, en un momento en que Codelco intenta ordenar su narrativa bajo nuevo liderazgo.
Pacheco, Codelco y el cambio de ciclo
La eventual citación a Máximo Pacheco agrega presión a un cierre de ciclo que ya venía marcado por cuestionamientos a la gestión productiva, tensiones políticas y el reordenamiento del gobierno corporativo de la estatal. Pacheco terminó su período al frente del directorio en medio de la auditoría por producción y posteriormente renunció a NovAndino Litio, sociedad clave para la estrategia estatal en el Salar de Atacama.
El caso también coincide con la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio, con una agenda marcada por producción, deuda, control interno y recuperación de confianza. La nueva administración recibe una empresa obligada a demostrar que sus cifras operacionales son robustas, verificables y consistentes con sus propias normas. En esa línea, el foco de gestión no estará únicamente en aumentar toneladas, sino en restablecer credibilidad ante el mercado, los trabajadores, el Gobierno y los organismos de control. La crisis por producción aparece así como el primer gran test de gobernanza para la etapa que se abre con Fontaine al mando de Codelco.
Un caso que cruza gobierno corporativo, producción y confianza pública
La investigación penal deberá separar responsabilidades administrativas, eventuales delitos y fallas de diseño en los controles de Codelco. La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, ya había señalado que la denuncia anónima contenía varios puntos y que uno de ellos advertía revisar la producción. También reconoció que la segunda línea de defensa falló, aunque la tercera línea, auditoría interna, logró detectar la desviación. Esa lectura instala una pregunta incómoda para la estatal: cómo una compañía de la escala de Codelco pudo reportar casi 27 mil toneladas como producción terminada sin que los mecanismos preventivos actuaran antes.
El desenlace tendrá impacto más allá del caso puntual. Si la fiscalía determina que hubo conductas penalmente relevantes, el episodio podría transformarse en una causa emblemática sobre responsabilidad ejecutiva en empresas públicas. Si, en cambio, el foco queda en fallas internas sin delito, la presión se trasladará al rediseño de controles, incentivos y reportabilidad. En ambos escenarios, Codelco enfrenta un desafío mayor: recuperar confianza en sus cifras y evitar que una disputa técnica sobre reconocimiento de producción termine dañando su posición como activo estratégico del Estado chileno.
