La estatal desistió del amparo económico presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que una nueva resolución reemplazara la toma de razón por un mecanismo especial de fiscalización para determinadas operaciones societarias.
Codelco decidió retirar el recurso de amparo económico que había interpuesto contra la Contraloría General de la República, poniendo término a la disputa judicial originada por la revisión del procedimiento asociado al proyecto de litio en el Salar de Ascotán.
La determinación fue adoptada por el directorio de la estatal después de la publicación, el 9 de julio de 2026, de la Resolución N°14 de Contraloría en el Diario Oficial. La nueva normativa modificó el sistema de control aplicable a determinadas decisiones corporativas de las empresas estatales productoras de cobre y cambió las condiciones que habían motivado la presentación judicial.
El recurso había sido ingresado el 18 de junio ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Codelco cuestionaba que decisiones vinculadas con sociedades en las que participa debieran formalizarse mediante actos administrativos sometidos al trámite de toma de razón, mecanismo de control previo utilizado por la Contraloría para revisar la legalidad de actuaciones de organismos públicos.
Con la nueva resolución, ese control previo fue reemplazado por una modalidad posterior de revisión documental para un conjunto específico de acuerdos de directorio.
El origen de la controversia por Ascotán
La disputa surgió durante la tramitación de un Contrato Especial de Operación de Litio, conocido como CEOL, solicitado para Minera Ascotán SpA, sociedad vinculada a Codelco y constituida para desarrollar oportunidades en el salar del mismo nombre, ubicado en la Región de Antofagasta.
La Contraloría había revisado el procedimiento mediante el cual el Ministerio de Minería evaluaba los requisitos y condiciones para el otorgamiento del contrato. En ese proceso, el organismo fiscalizador planteó que determinadas actuaciones corporativas relacionadas con la participación de la empresa estatal debían quedar sometidas a controles administrativos.
Codelco sostuvo que esa interpretación alteraba el marco jurídico bajo el cual desarrolla sus actividades comerciales, debido a que la corporación opera como empresa minera bajo normas de derecho privado en buena parte de sus decisiones económicas.
La controversia no se limitaba al proyecto de Ascotán. El alcance del criterio podía incidir en futuras asociaciones, creación de filiales, modificaciones societarias, adquisiciones de participaciones y otros acuerdos vinculados con la estrategia de crecimiento de la estatal.
Por esa razón, el conflicto era seguido con atención por la industria minera y por las empresas que evalúan alianzas con compañías del Estado. La aplicación de un control previo podía incorporar nuevos tiempos administrativos en operaciones que requieren decisiones comerciales, financieras y societarias coordinadas.
Qué cambia con la Resolución N°14
La Resolución N°14 de 2026 estableció modalidades especiales de fiscalización para actos adoptados por empresas públicas productoras de cobre o de sus subproductos.
La norma incorpora un mecanismo de control de reemplazo para acuerdos de directorio relacionados con la constitución, participación, modificación, retiro o extinción de sociedades. También incluye la adquisición de acciones u otros títulos de participación, además de aumentos o disminuciones en la presencia del Estado dentro del capital o los directorios de empresas relacionadas.
Bajo el nuevo esquema, estas decisiones no deberán someterse previamente a toma de razón. Las empresas tendrán que remitir a la Contraloría una copia del acta del directorio y los antecedentes que sustentaron el acuerdo dentro de un plazo de 10 días hábiles desde su adopción.
El organismo podrá examinar posteriormente la documentación para verificar la regularidad de la operación y comprobar que las decisiones se mantengan dentro de los objetivos legales de la empresa estatal.
El cambio conserva la capacidad fiscalizadora de la Contraloría, pero evita que determinadas decisiones corporativas deban esperar una aprobación administrativa previa para comenzar a ejecutarse.
Para Codelco, la modificación elimina el elemento central que justificaba la acción judicial: la obligación de emitir actos administrativos y someterlos a toma de razón en materias asociadas con sociedades donde mantiene participación.
Efectos para el proyecto de litio en Ascotán
El desistimiento reduce la incertidumbre jurídica que rodeaba el proceso vinculado a Minera Ascotán, aunque no equivale por sí mismo a la aprobación del CEOL ni autoriza el inicio de actividades de exploración o explotación.
El contrato especial continúa sujeto a la tramitación correspondiente ante las autoridades competentes. Además, cualquier desarrollo minero futuro deberá cumplir con las exigencias ambientales, territoriales, técnicas y sectoriales aplicables a la extracción de litio.
El Salar de Ascotán forma parte de los activos que Codelco ha evaluado dentro de su ingreso a la industria del litio. La estatal también participa en iniciativas relacionadas con el Salar de Atacama y el proyecto Maricunga, en el marco de la estrategia chilena para aumentar la participación pública en este mercado.
La resolución del conflicto regulatorio permite separar la discusión sobre el control corporativo de los procesos técnicos y administrativos necesarios para avanzar en cada yacimiento.
También entrega mayor claridad para estructurar sociedades, incorporar socios o modificar participaciones en proyectos de minerales estratégicos, siempre que las decisiones sean posteriormente remitidas al organismo contralor.
Impacto en el gobierno corporativo de Codelco
La nueva fórmula regulatoria busca equilibrar dos objetivos: preservar la autonomía comercial de una empresa que compite en mercados internacionales y mantener mecanismos de supervisión sobre decisiones que involucran activos estatales.
Codelco enfrenta un periodo de elevada exigencia financiera. La compañía debe sostener inversiones estructurales en sus divisiones de cobre, recuperar niveles de producción y desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas con el litio.
En ese escenario, la capacidad para crear sociedades, firmar asociaciones e incorporar capital privado o tecnológico resulta relevante para ejecutar proyectos de largo plazo. Sin embargo, esas operaciones también deben responder a estándares de transparencia, trazabilidad y control debido al carácter estatal de la corporación.
El sistema definido por Contraloría no elimina la fiscalización. Traslada su aplicación desde una revisión previa hacia un examen posterior de los acuerdos y antecedentes que respaldaron cada decisión.
Ese diseño podría evitar paralizaciones administrativas, pero obliga a los directorios de las empresas públicas a mantener expedientes sólidos, evaluaciones económicas documentadas y fundamentos claros para cada operación societaria.
Una señal para las asociaciones público-privadas
El desenlace tiene implicancias más amplias para la minería estatal. Las asociaciones con empresas privadas son una herramienta cada vez más utilizada para compartir riesgos, acceder a tecnología y financiar proyectos intensivos en capital.
La claridad sobre el tipo de control aplicable resulta especialmente relevante en el litio, donde Chile busca atraer inversión sin renunciar a una participación pública predominante en determinados salares.
La retirada del recurso evita prolongar una disputa institucional entre Codelco y Contraloría, pero mantiene abierto el desafío de compatibilizar la velocidad de las decisiones empresariales con la supervisión sobre recursos y activos pertenecientes al Estado.
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución N°14, la atención estará puesta en cómo se aplicará el nuevo control de reemplazo y en los criterios que utilizará Contraloría para revisar acuerdos corporativos después de su adopción.
Para la industria, la principal señal es que las operaciones societarias de Codelco conservarán un régimen de fiscalización especial, aunque sin quedar condicionadas al trámite previo de toma de razón que originó la controversia por Ascotán.
