El Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación ambiental del proyecto C20+ y ordenó al SEA revisar observaciones sobre comunidades costeras, medio marino y operación de la infraestructura hídrica.
Collahuasi volvió al centro del escrutinio regulatorio tras el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental realizar un nuevo análisis acotado del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, conocido como C20+. La decisión apunta a materias vinculadas con la línea de base del medio humano y los impactos sobre el medio marino, especialmente en torno a la planta desaladora y el sector Puerto Collahuasi.
El proyecto, asociado a la continuidad operacional de la minera en Tarapacá por las próximas dos décadas, había obtenido su Resolución de Calificación Ambiental favorable en diciembre de 2021. Según la notificación oficial de la RCA publicada en Ley Chile, la autorización correspondía al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”.
Qué resolvió el Tribunal Ambiental
El Segundo Tribunal Ambiental acogió una de las reclamaciones presentadas contra el procedimiento de evaluación ambiental y ordenó retrotraer el proceso para que el SEA elabore un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones.
La revisión no fue planteada como una reapertura total del proyecto, sino como un análisis acotado a observaciones sobre medio humano y medio marino. El fallo señaló que la autoridad ambiental debe abordar nuevamente antecedentes vinculados al uso del maritorio en Punta Patache y Puerto Collahuasi por parte de asociaciones indígenas reclamantes.
La sentencia también instruyó realizar reuniones bajo el artículo 86 del Reglamento del SEIA, con el objetivo de recopilar antecedentes para determinar si existe una posible afectación significativa a sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Ese punto será clave para definir si corresponde abrir un proceso de consulta indígena.
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Infraestructura hídrica bajo revisión
El foco técnico más sensible está en la planta desaladora y sus obras asociadas. El Tribunal ordenó revisar materias relacionadas con la verificabilidad de la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino y el alcance del plan de vigilancia ambiental.
El punto regulatorio más relevante para la industria es que la infraestructura hídrica dejó de ser solo una obra de soporte operacional y pasó a quedar bajo una revisión ambiental específica por sus efectos marinos y territoriales.
En el proyecto C20+, Collahuasi plantea el uso de agua desalada como parte de su estrategia para disminuir la utilización de agua continental. La compañía describe la iniciativa en su sitio oficial del Proyecto C20+ como una inversión destinada a sostener la continuidad operacional de la faena por las siguientes dos décadas.
Datos clave
Empresa: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.
Proyecto: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi, conocido como C20+.
Región: Tarapacá.
RCA original: N°20219900112, aprobada el 21 de diciembre de 2021.
Materias bajo nuevo análisis: medio humano, medio marino, uso del maritorio, planta desaladora y plan de vigilancia ambiental.
Autoridad que debe revisar: Servicio de Evaluación Ambiental.
Reclamantes: asociaciones indígenas vinculadas a Caleta Chanavaya.
Estado: revisión ambiental acotada ordenada por sentencia del Segundo Tribunal Ambiental.
Por qué importa para la minería chilena
El caso Collahuasi tiene relevancia más allá de una faena específica. La gran minería del cobre en el norte de Chile está acelerando su transición hacia fuentes hídricas no continentales, con plantas desaladoras, sistemas de impulsión y obras portuarias que se han vuelto críticas para sostener producción, permisos y continuidad operacional.
La sentencia refuerza que los proyectos hídricos asociados a minería deberán acreditar con mayor precisión sus efectos sobre el medio marino y la relación con comunidades costeras e indígenas. Esto puede incidir en los plazos de evaluación, en la calidad de las líneas de base y en los estándares de seguimiento ambiental que deberán presentar nuevos proyectos.
Para Tarapacá, el caso también tiene una lectura económica. Collahuasi es una de las operaciones cupríferas más relevantes del país y su continuidad operacional tiene impacto en proveedores, empleo, infraestructura logística y recaudación regional. Sin embargo, la tramitación muestra que las inversiones mineras de largo plazo enfrentan una exigencia creciente en materia ambiental, especialmente cuando combinan expansión productiva, uso de borde costero y abastecimiento hídrico.
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Lo que deberá observar la industria
El próximo hito será la respuesta del SEA al mandato judicial y la forma en que se incorpore el nuevo análisis técnico y territorial. El punto central será determinar si las observaciones sobre comunidades, maritorio y medio marino quedan suficientemente resueltas para restablecer certeza regulatoria sobre la infraestructura hídrica del proyecto.
Para la minería chilena, el caso deja una señal concreta: la desalación seguirá siendo estratégica para producir cobre en zonas áridas, pero su aprobación dependerá cada vez más de evaluaciones marinas robustas, trazabilidad técnica y relacionamiento temprano con comunidades costeras.
