LA SERENA. Una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena puso término a una investigación penal que expuso graves irregularidades en la administración de recursos públicos destinados al fomento de la pequeña minería en la Región de Coquimbo. En un procedimiento abreviado, el tribunal condenó al exfuncionario de la Seremi de Minería de Coquimbo, Patricio Bolvarán, como autor de un delito reiterado de fraude al Fisco.
La resolución judicial estableció una pena de 3 años de presidio, más 5 años de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos y el pago de una multa de $14,4 millones, sanción que se impuso tras considerar la irreprochable conducta anterior del acusado y su colaboración con la investigación. Por estos factores, el tribunal otorgó la remisión condicional de la pena privativa de libertad.
El caso fue investigado y llevado a juicio por la Fiscalía de La Serena, la que logró acreditar que el condenado se apropió indebidamente de recursos públicos mediante engaño y abuso de confianza, afectando directamente a un sindicato de pequeños mineros de la comuna de Canela.
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Desvío de recursos destinados a la pequeña minería
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el 6 de enero de 2020 la Seremi de Minería de Coquimbo entregó un cheque por $103,5 millones al Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza. Dichos fondos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tenían como objetivo financiar obras de mejoramiento en una planta gravimétrica de procesamiento de oro en Canela, proyecto ejecutado por la empresa Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada.
Según la investigación, el acusado —quien prestaba servicios a honorarios en la repartición pública— se presentó ante los dirigentes del sindicato como representante del ministerio, atribuyéndose incluso una calidad profesional que no tenía. Aprovechando su acceso a información institucional y la confianza de los beneficiarios, indujo a los trabajadores a convertir parte de los recursos en vales vista endosables en una sucursal del BancoEstado.
Entre enero y junio de 2020, el exfuncionario cobró personalmente cuatro de los seis vales vista emitidos, apropiándose de $72,2 millones, sin autorización ni respaldo administrativo, configurando así el delito de fraude al Fisco.
Investigación y antecedentes clave
El fiscal de La Serena, Marcial Pérez, detalló que la causa se sustentó en un robusto cuerpo probatorio, que incluyó declaraciones de funcionarios públicos, documentación de la Subsecretaría de Minería, informes bancarios, peritajes de la Policía de Investigaciones y los propios vales vista cobrados por el condenado.
La frase clave que atraviesa el fallo es clara: el uso indebido de recursos públicos destinados al desarrollo productivo de la pequeña minería constituye una vulneración grave a la fe pública y a los principios de probidad administrativa, aun cuando los montos hayan sido parcialmente restituidos o existan atenuantes personales.
El caso marca un precedente relevante en materia de control y persecución penal de delitos asociados a la gestión de fondos públicos en el sector minero regional.
