La minera controlada por Freeport-McMoRan y Codelco tendrá hasta el 17 de diciembre para preparar la Adenda de su Estudio de Impacto Ambiental. La iniciativa contempla una nueva concentradora, ampliación del rajo, una planta desalinizadora y un acueducto de 146 kilómetros.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta suspendió hasta el 17 de diciembre de 2026 la evaluación del proyecto “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada”, una iniciativa estimada en US$7.500 millones que busca ampliar sustancialmente las operaciones de Minera El Abra.
La compañía es controlada en 51% por Freeport-McMoRan y en 49% por Codelco. La suspensión fue solicitada por la propia empresa para disponer de más tiempo para responder las observaciones formuladas durante la evaluación ambiental y preparar la correspondiente Adenda.
La decisión no implica un rechazo del proyecto ni pone término a su tramitación. El expediente continúa en evaluación y el plazo administrativo permanecerá detenido mientras la minera prepara los nuevos antecedentes requeridos.
Una evaluación con cientos de observaciones
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante 2026 y posteriormente recibió el primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, conocido como ICSARA.
El documento reúne requerimientos sobre materias como recursos hídricos, biodiversidad terrestre y marina, emisiones, patrimonio, comunidades, infraestructura, riesgos, obras costeras y características técnicas de las instalaciones proyectadas.
La compañía deberá además abordar las observaciones ingresadas durante el proceso de participación ciudadana.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, la evaluación ha acumulado 1.894 requerimientos sectoriales y 738 observaciones ciudadanas, un volumen que obliga a la empresa a preparar información adicional antes de que el procedimiento pueda avanzar hacia sus siguientes etapas.
La Adenda deberá responder técnicamente esas materias y podrá incorporar ajustes, aclaraciones o nuevas medidas ambientales.
Una concentradora para procesar hasta 300.000 toneladas diarias
La expansión busca modificar la escala de El Abra y prolongar la operación del yacimiento mediante la explotación de mineral sulfurado.
El proyecto contempla una planta concentradora con capacidad para procesar hasta 300.000 toneladas de mineral por día, además de la ampliación del rajo existente, nuevas instalaciones de chancado, sistemas de transporte de mineral y obras destinadas a producir concentrados de cobre y molibdeno.
También considera un sistema de relaves espesados, diseñado para aumentar la recuperación de agua y reducir el volumen de líquido contenido en el depósito.
La iniciativa es relevante para el futuro productivo del yacimiento porque las actuales operaciones de El Abra se encuentran principalmente asociadas a la producción de cátodos mediante procesos hidrometalúrgicos. La nueva concentradora permitiría desarrollar a gran escala los recursos sulfurados ubicados en profundidad.
El proyecto todavía no está autorizado para construirse. Tanto sus capacidades productivas como sus volúmenes futuros corresponden a parámetros sometidos a evaluación y dependerán de la obtención de los permisos ambientales y sectoriales correspondientes.
Agua desalada desde la costa
Uno de los componentes principales del proyecto es la transición hacia el uso de agua de mar desalinizada para las operaciones mineras.
La iniciativa considera construir una planta desalinizadora al sur de Tocopilla junto con obras marítimas para la captación de agua y descarga de salmuera.
Desde la costa, el agua sería transportada hasta la faena mediante un acueducto de aproximadamente 146 kilómetros, acompañado de estaciones de bombeo e infraestructura energética.
La transición hídrica busca reemplazar progresivamente el consumo industrial de agua continental utilizado actualmente por la operación.
Este componente es especialmente relevante en la evaluación ambiental debido a que las obras abarcan territorios costeros e interiores de la Región de Antofagasta y requieren analizar impactos tanto terrestres como marinos.
La infraestructura asociada comprende además nuevas líneas eléctricas necesarias para abastecer la desalinizadora, los sistemas de impulsión de agua y la futura planta concentradora.
Un proyecto que atraviesa cinco comunas
La magnitud de la iniciativa amplía considerablemente su área de influencia respecto de una expansión minera concentrada exclusivamente en torno al yacimiento.
Las instalaciones y obras proyectadas se distribuyen entre las comunas de Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe y Tocopilla, incluyendo infraestructura minera, eléctrica, hídrica y costera.
Esa extensión territorial explica parte de la cantidad de organismos públicos que participan en la evaluación y de las materias que El Abra debe responder antes de continuar el procedimiento.
Entre los antecedentes sometidos a revisión figuran los efectos de la construcción y operación de las obras marinas, el transporte de agua, la biodiversidad, los recursos hídricos continentales, el patrimonio y la interacción del proyecto con comunidades y actividades existentes en los territorios involucrados.
Qué ocurrirá después del 17 de diciembre
La suspensión paraliza temporalmente el cómputo del plazo de evaluación, pero no elimina ninguno de los requerimientos formulados a la empresa.
El Abra deberá preparar la Adenda con las respuestas y antecedentes adicionales solicitados. Una vez reanudado el procedimiento, los organismos públicos con competencia ambiental analizarán esa documentación.
Si las respuestas no resultan suficientes, el SEA puede emitir una nueva ronda de consultas y solicitar aclaraciones adicionales antes de que el proyecto llegue a una decisión final.
La tramitación ambiental, por lo tanto, puede continuar durante varios meses y no existe todavía una fecha definida para una eventual Resolución de Calificación Ambiental.
Una inversión aún sujeta a permisos
Los US$7.500 millones corresponden a la inversión prevista para el desarrollo integral de la expansión, pero su ingreso al SEIA no significa que la totalidad de ese capital ya esté ejecutándose.
Antes de iniciar las principales obras, Minera El Abra debe obtener una calificación ambiental favorable y los permisos sectoriales correspondientes. Sus accionistas deberán además avanzar con las decisiones corporativas y de inversión necesarias para materializar el proyecto.
La iniciativa forma parte de los grandes desarrollos cupríferos actualmente sometidos a evaluación ambiental en Chile y resulta especialmente relevante para Codelco por su participación de 49% en la operación.
La suspensión hasta diciembre modifica el calendario del procedimiento, pero no su estado fundamental: El Abra continúa en evaluación ambiental y la empresa debe responder los requerimientos técnicos y ciudadanos antes de que la autoridad pueda pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto.
