Informe advierte cobertura decreciente del Sernageomin y asimetrías regionales que elevan riesgos en territorios con alta concentración de actividad extractiva.
La Contraloría General de la República encendió una señal de alerta sobre la fiscalización minera en el país. En su 18° Consolidado de Información Circularizada, el organismo constató que 7.150 faenas mineras no fueron fiscalizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) durante más de dos años, entre 2022 y 2024. El diagnóstico es categórico: solo un 20% de las operaciones extractivas a nivel nacional recibió inspecciones, con una tendencia a la baja que la Contraloría calificó como “riesgo crítico”.
Cobertura en retroceso y brechas territoriales
El informe revela que la cobertura nacional de inspecciones descendió desde 25% en 2022 a 21% en 2023, para caer a 14% en 2024, pese a que en el período se realizaron 43.595 inspecciones. El problema no es homogéneo: las regiones con menor porcentaje de fiscalización fueron Región de Atacama (13%), Región de Arica y Parinacota (14%) y Región de Valparaíso (14%). En contraste, Región de Magallanes (50%), Región del Maule (44%) y Región de Los Lagos (42%) exhiben mayores niveles de control.
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La concentración de faenas sin inspección se ubica precisamente en zonas de intensa actividad minera: Atacama (2.863), Región de Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048), seguidas por Región de Antofagasta (553) y la Región Metropolitana (237). El contraste regional tensiona la efectividad del control y expone a comunidades y al medioambiente a riesgos evitables.
Dotación y carga de trabajo: un desbalance estructural
Otro hallazgo relevante apunta a la desigual distribución del trabajo fiscalizador. Entre 2022 y 2024, 105 funcionarios realizaron labores de inspección; algunos superaron 2.000 visitas en tres años, mientras otros no alcanzaron el centenar. En regiones mineras del norte, un fiscalizador enfrenta entre 490 y 800 faenas, muy por sobre el promedio, mientras que en zonas del sur la carga puede ser inferior a 10 faenas por inspector.
La titular de la Contraloría, Dorothy Pérez, subrayó la persistencia del problema y ordenó al Sernageomin adoptar medidas urgentes para mejorar la eficiencia de la asignación territorial, priorizando según concentración de faenas y nivel de riesgo. Sin una fiscalización oportuna y proporcional al riesgo, la seguridad operacional y ambiental queda comprometida.
Desafío inmediato
El informe instala un debate ineludible sobre recursos, priorización y gestión. Revertir la caída en la cobertura y corregir las asimetrías regionales será decisivo para resguardar la seguridad, el cumplimiento normativo y la confianza pública en una industria estratégica para el país.
