Una marcada disminución en la cobertura de fiscalización minera a nivel nacional encendió las alertas institucionales tras la publicación del 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe reveló que el Servicio Nacional de Geología y Minería fiscalizó, en promedio, apenas un 20% de las faenas mineras del país entre 2022 y 2024, evidenciando una tendencia descendente que, según el organismo contralor, constituye un “riesgo crítico” para la supervisión del sector.
De acuerdo con el documento, la cobertura nacional pasó de un 25% en 2022 a un 21% en 2023, cayendo a solo un 14% en 2024. Este escenario adquiere especial relevancia considerando el peso estratégico de la minería en la economía chilena —con una contribución superior al 10% del PIB— y los riesgos asociados en materia de seguridad laboral y protección ambiental.
Brechas territoriales y foco en Coquimbo
El análisis regional expuso diferencias significativas. Las regiones con menor porcentaje de fiscalización fueron Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). En el extremo opuesto, Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) concentraron los niveles más altos de control.
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En este contexto, la Región de Coquimbo aparece como una de las zonas más rezagadas en términos absolutos. El CIC identifica 1.863 faenas sin fiscalización durante el período analizado, ubicándola junto a Atacama y Valparaíso entre las regiones con mayor número de instalaciones no inspeccionadas. A nivel país, la cifra asciende a 7.150 faenas sin fiscalizar por más de dos años.
Uno de los factores explicativos, según la Contraloría, es la alta carga de trabajo de los fiscalizadores. Mientras en regiones del sur un inspector revisa menos de 10 faenas, en Coquimbo —con 15 fiscalizadores y 7.867 faenas registradas— cada funcionario tendría a su cargo, en promedio, 492 instalaciones.
La respuesta de Sernageomin
Frente a estas conclusiones, Sernageomin precisó que el universo considerado por la Contraloría incluye registros históricos y administrativos que no distinguen entre faenas activas, paralizadas o cerradas, lo que —a juicio del servicio— sobredimensiona el problema. Según su información actualizada, al 31 de diciembre de 2025 existían 3.512 faenas operativas en el país, sobre las cuales la cobertura de fiscalización superaría el 80%, priorizando aquellas de mayor riesgo.
En el caso específico de Coquimbo, el organismo indicó que el 93% de las faenas señaladas como no fiscalizadas no se encuentran operativas. Asimismo, aclaró que la dotación de fiscalizadores utilizada por la Contraloría corresponde a un levantamiento histórico, aunque reconoció una disminución real del personal, desde 65 inspectores en 2022 a 56 en 2024.
Un desafío estructural
Pese a las diferencias metodológicas, la Contraloría instruyó adoptar medidas urgentes para fortalecer la capacidad fiscalizadora, mejorar la asignación territorial y priorizar faenas sin control prolongado. El debate, en todo caso, deja en evidencia un desafío estructural: asegurar una supervisión efectiva y proporcional a la complejidad de un sector clave para el desarrollo económico, pero con exigencias crecientes en seguridad y sostenibilidad.
