Los mayores ingresos de la minería y una contención adicional de casi $710 mil millones mejoran las cuentas de 2026. El alivio, sin embargo, no resuelve las holguras negativas ni el déficit proyectado para los próximos años.
El Gobierno volvió a apoyarse en el cobre, el litio y una nueva reducción del gasto para mejorar sus proyecciones fiscales de 2026. El mayor precio esperado de los minerales permitirá elevar los ingresos públicos y reducir el déficit efectivo desde 2,4% a 2% del Producto Interno Bruto, pero el escenario continúa mostrando una estrechez que podría extenderse durante el resto de la década.
La actualización considera un precio promedio del cobre de US$5,91 por libra durante 2026, una cifra considerablemente superior a los parámetros utilizados al formular el presupuesto. El mejor valor del metal rojo, junto con el aporte del litio, compensa parcialmente una recaudación más débil proveniente del resto de los contribuyentes.
A ese respaldo minero se suma una contención adicional del gasto por $709.993 millones, que permite reducir el desembolso estimado del Gobierno Central. Pese a ambas medidas, las cuentas fiscales seguirán cerrando con números negativos y la deuda pública podría superar el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029.
El problema se vuelve más evidente a partir de 2027. Las proyecciones muestran que el Estado no contará con espacio suficiente para financiar todos sus compromisos y, al mismo tiempo, cumplir las metas de balance estructural anunciadas para el período presidencial.
Cobre y litio mejoran los ingresos de 2026
Los ingresos efectivos del Gobierno Central llegarían a $79,69 billones durante 2026, equivalentes a 21,9% del PIB. La cifra representa un aumento de $876.889 millones frente a la estimación entregada durante el primer trimestre y un crecimiento real de 6% respecto de 2025.
La mejora no proviene de una expansión generalizada de la recaudación. El principal impulso está concentrado en la minería, particularmente por el mayor precio proyectado del cobre y el incremento de los ingresos vinculados al litio.
El nuevo escenario utiliza un valor promedio de 590,5 centavos de dólar por libra para el cobre, equivalente a US$5,905. Ese nivel amplía los pagos provisionales mensuales, los impuestos sobre las utilidades mineras y los ingresos generados por Codelco.
La recaudación tributaria proyectada para las diez mayores compañías privadas de cobre alcanza aproximadamente US$8.039 millones, frente a los US$5.943 millones incorporados en la Ley de Presupuestos. La diferencia supera los US$2.095 millones y representa un aumento cercano a 35%.
Los pagos provisionales mensuales explican más de 80% de la recaudación esperada para la gran minería privada. Esto significa que la caja fiscal de 2026 depende de manera directa del precio observado del cobre y de los resultados operacionales de las principales compañías productoras.
El efecto es positivo para el balance del año, pero también expone la vulnerabilidad de las cuentas públicas. Una corrección del precio, menores leyes minerales, interrupciones operacionales o retrasos productivos en las grandes faenas reducirían parte de los ingresos que hoy sostienen la proyección.
Gasto público baja a $86,94 billones
El gasto total del Gobierno Central se proyecta en $86,94 billones, equivalentes a 23,9% del PIB. La cifra es $606.575 millones inferior a la considerada en la revisión anterior.
La reducción se explica por la contención adicional de $709.993 millones, que logra compensar el costo de iniciativas legales tramitadas entre abril y junio. Sin ese ajuste, el déficit efectivo habría permanecido en niveles más elevados.
La diferencia entre ingresos y gastos dejará un endeudamiento neto de $7,25 billones durante 2026, equivalente a 2% del PIB.
El balance estructural, que elimina los efectos transitorios del ciclo económico y del precio del cobre, cerraría con un déficit de 2,6% del PIB. Este indicador es más desfavorable que el balance efectivo porque una parte importante del ingreso minero actual se considera cíclico y no permanente.
La distinción es clave. Un cobre cercano a US$5,91 por libra aumenta la recaudación disponible, pero no todo ese dinero puede considerarse estructural para financiar gastos permanentes. La regla fiscal corrige el ingreso utilizando parámetros de largo plazo para evitar que un período excepcional de precios altos se transforme en compromisos difíciles de sostener cuando el ciclo cambie.
El alivio fiscal se concentra en un solo año
El Gobierno proyecta cumplir durante 2026 su meta de déficit estructural de 2,6% del PIB. Desde 2027, sin embargo, las estimaciones comienzan a desviarse de la trayectoria comprometida.
Para ese año, la meta oficial establece un déficit estructural de 1,8% del PIB. Con el gasto actualmente comprometido, el resultado llegaría a 2,1% en el escenario base y a 2,4% bajo un escenario que incorpora los efectos de la reforma económica impulsada por el Ejecutivo.
La brecha continúa hacia el final del período. Para 2030, el objetivo es reducir el déficit estructural a 1,5% del PIB, pero las proyecciones lo sitúan en 1,7% en el escenario base y en 2,1% en el escenario alternativo.
Las holguras fiscales se mantendrían negativas entre 2027 y 2030, fluctuando entre 0,2% y 0,5% del PIB por año. En términos prácticos, el Gobierno deberá reducir compromisos, elevar ingresos o combinar ambas acciones para cumplir la trayectoria anunciada.
Dependiendo del año y del escenario utilizado, el ajuste requerido podría acercarse a 1% del PIB. La magnitud obliga a revisar programas, transferencias, contratación pública, inversiones y beneficios cuya expansión no cuente con financiamiento permanente.
Deuda pública llegaría a $155,44 billones en 2026
La deuda bruta del Gobierno Central cerraría 2026 en $155,44 billones, equivalentes a 42,7% del PIB. La cifra se encuentra 0,4 puntos porcentuales por debajo de la estimación del primer trimestre, pero sigue próxima al nivel prudente de 45%.
El margen disponible es estrecho. Bajo el escenario base y manteniendo el gasto comprometido, la deuda continuaría aumentando, superaría 45% del PIB en 2029 y alcanzaría 45,5% en 2030.
Para evitar esa trayectoria, el gasto tendría que ajustarse a las metas de balance estructural. Bajo ese supuesto, la deuda cerraría 2030 en 44,1% del PIB, todavía próxima al límite fiscal.
Un escenario de mayor crecimiento económico podría aliviar la relación entre deuda y PIB. Con las medidas de estímulo propuestas por el Ejecutivo, la deuda llegaría a 43,6% del producto en 2030 manteniendo el gasto comprometido, o bajaría hasta 40,7% si además se cumplen las metas fiscales.
Esas proyecciones dependen de que las reformas eleven efectivamente la inversión, la productividad y el PIB nominal. Si ese crecimiento no se materializa, las necesidades de financiamiento seguirán presionando la deuda.
Menor actividad minera reduce proyección de crecimiento
La paradoja del escenario es que la minería mejora los ingresos fiscales a través de precios más altos, pero al mismo tiempo debilita la actividad económica debido a un desempeño productivo inferior al esperado.
La proyección de crecimiento de Chile para 2026 fue reducida desde 2,1% a 1,8%, principalmente por la menor actividad de sectores ligados a recursos naturales, en particular minería y pesca, además de una demanda interna más moderada.
Para 2027, el escenario base contempla una recuperación del PIB de 2,8%, apoyada por mayor inversión y por la reversión de factores transitorios que han afectado la producción minera.
El escenario alternativo eleva la expansión hasta 3,7% en 2027 y la mantiene cerca de 3,5% hacia el final del período. Para lograrlo, será necesario acelerar proyectos mineros y energéticos, reducir los tiempos de permisos y transformar los actuales anuncios de inversión en construcción, empleo y producción efectiva.
El cobre entrega al Gobierno un alivio relevante para 2026, pero no elimina el problema estructural. Con un déficit persistente, holguras negativas y una deuda próxima a 45% del PIB, el país seguirá dependiendo de una combinación exigente: precios mineros elevados, mayor producción, crecimiento económico y disciplina sostenida del gasto.
