El ministro Jorge Montero advirtió en conferencia junto a la presidenta Dina Boluarte que la actividad ilegal afecta gravemente la recaudación fiscal y el desarrollo regional.
Pérdida fiscal y daño al desarrollo regional
El ministro subrayó que la expansión de la minería ilegal representa ingresos que el Estado deja de percibir, afectando directamente la inversión pública. La situación genera un retroceso en las condiciones de vida en zonas productoras, al reducir los fondos para proyectos sociales y de infraestructura.
En sintonía con lo anunciado por la presidenta Boluarte, el ministro confirmó que este lunes se instalará una mesa de trabajo nacional para avanzar en una nueva ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal. La propuesta busca modernizar el marco legal y reforzar la seguridad y la fiscalización.
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Prioridad en seguridad laboral y salud ocupacional
El nuevo enfoque legislativo, según Montero, tendrá como pilares la salud ocupacional, la formalización y el respeto a la dignidad del trabajador minero. “Queremos que la minería formal sea una oportunidad de desarrollo, no un espacio de precariedad”, afirmó.
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