SANTIAGO.– En medio del complejo escenario que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales de gran magnitud, el Gobierno salió al paso de las críticas que apuntan a una supuesta demora en la implementación del estado de catástrofe. Desde el Ejecutivo aseguraron que el proceso se realizó con celeridad administrativa y conforme a los procedimientos institucionales vigentes.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordaron los cuestionamientos surgidos luego de que el decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric fuera tomado de razón por la Contraloría General de la República varias horas después de su anuncio público.
El estado de catástrofe fue comunicado por el Mandatario pasadas las 3:00 de la madrugada, mientras que la Contraloría formalizó su validación cerca de las 10:00 horas. Este lapso generó críticas desde sectores políticos y autoridades locales, particularmente en comunas severamente afectadas como Penco.
Te puede interesar
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/01/Imagen-Referencial-22-2.webp
“Una controversia contraconducente”
Elizalde afirmó que parte de las críticas responden a un desconocimiento del funcionamiento institucional. “Se ha generado una controversia contraconducente respecto de las Fuerzas Armadas”, señaló, subrayando que el despliegue militar no depende exclusivamente del trámite administrativo en Contraloría.
Según explicó, desde el momento en que el Presidente instruye el estado de catástrofe, las Fuerzas Armadas pueden comenzar a desplegarse para labores de apoyo humanitario, resguardo y logística. “Antes del despliegue se realizan coordinaciones para determinar dónde deben hacerse presentes, lo que requiere planificación, pero eso no implica inacción”, precisó.
En esa línea, el ministro enfatizó que “el Presidente resolvió de manera rápida desde el punto de vista administrativo”, insistiendo en que la prioridad debe estar puesta en el combate de la emergencia y la protección de la población.
Respuesta a autoridades locales
Las declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien cuestionó la oportunidad del decreto y emplazó directamente al Presidente Boric, también fueron abordadas por el titular de Interior. Elizalde sostuvo que “se ha actuado con celeridad desde el primer momento” y confirmó que mantuvo conversaciones con el jefe comunal durante las últimas horas.
“Es una situación muy compleja. Penco se ha sentido muy superado”, reconoció el ministro, apuntando a la magnitud de los incendios y al impacto que han tenido sobre la infraestructura, las viviendas y la vida cotidiana de la comuna.
Por su parte, el ministro Cordero llamó a distinguir entre la orden presidencial, la rapidez administrativa con que esta se ejecuta y la forma en que se gestiona la emergencia en terreno. A su juicio, el foco del debate debe estar en la eficacia de la respuesta del Estado y no en interpretaciones erróneas de los plazos formales.
La frase clave que marcó la postura oficial fue clara: el decreto de estado de catástrofe se tramitó con rapidez administrativa y las instituciones han operado de acuerdo con la normativa vigente, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en contener los incendios y asistir a las comunidades afectadas.
