Las iniciativas que podrían ingresar al tramo más extenso corresponden principalmente a minería, energía e hidrógeno verde. Dos estimaciones sitúan entre 47 y 49 los proyectos con inversiones desde US$350 millones.
Entre 47 y 49 proyectos actualmente en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) podrían acceder al tramo máximo de 20 años de invariabilidad tributaria contemplado en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.
Los cálculos fueron elaborados por Libertad y Desarrollo (LyD) y Pivotes a partir de la cartera ambiental vigente al cierre de agosto. La diferencia entre ambas estimaciones responde al alcance que tendría el mecanismo después de los cambios introducidos por el Tribunal Constitucional (TC).
Proyectos por US$72.600 millones entrarían al tramo mayor
LyD identificó 151 de los 361 proyectos en evaluación ambiental con inversiones declaradas superiores a US$50 millones, el monto mínimo establecido para optar al nuevo régimen.
Estas iniciativas suman US$86.824 millones y representan cerca del 97% de la inversión actualmente en calificación ambiental. Del total, 42 proyectos ingresarían al tramo de 10 años, 60 al de 15 años y 49 al periodo máximo de 20 años.
Solo las iniciativas ubicadas en el tramo superior reúnen inversiones cercanas a US$72.600 millones. La cartera está compuesta principalmente por proyectos mineros, energéticos y de producción de hidrógeno verde.
Entre ellos aparece el proyecto H2 Magallanes, impulsado por TotalEnergies H2 en la Región de Magallanes, que declaró una inversión de US$16.000 millones al ingresar al SEIA.
Pivotes aplicó una interpretación más restrictiva y estimó que 125 proyectos podrían acogerse al mecanismo. De ellos, 47 accederían a 20 años de invariabilidad tributaria, 54 a 15 años y 24 a 10 años.
Fallo del TC redujo los sectores que podrían acceder
El Tribunal Constitucional mantuvo la estructura central de la invariabilidad tributaria, pero eliminó la expresión “entre otros” del listado de actividades que podrían utilizarla.
De esta manera, el régimen quedó limitado a proyectos mineros, industriales, forestales, energéticos, de infraestructura, telecomunicaciones, investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos.
El fallo también eliminó la posibilidad de extender automáticamente el beneficio a proyectos conexos y restringió la facultad de Hacienda para ampliar los plazos de ingreso de capitales.
La modificación explica por qué proyectos inmobiliarios o de saneamiento, pese a superar los montos exigidos, podrían quedar fuera. Hacienda evalúa si será necesario impulsar un cambio legal para ampliar nuevamente los sectores beneficiados.
Invariabilidad comenzaría a regir en 2027
El texto despachado por el Congreso establece tres periodos según el monto de la inversión:
- 10 años para inversiones desde US$50 millones e inferiores a US$100 millones.
- 15 años para inversiones desde US$100 millones e inferiores a US$350 millones.
- 20 años para inversiones iguales o superiores a US$350 millones.
Los plazos comenzarían a contarse desde la puesta en marcha del proyecto, definida como el ejercicio en que la iniciativa empiece a percibir o generar ingresos brutos de su actividad principal. Las empresas acogidas deberán pagar, además, un recargo de 1,5 puntos porcentuales sobre la tasa del Impuesto de Primera Categoría fijada en el contrato.
El estatuto está previsto para comenzar el 1 de enero de 2027 o desde la entrada en vigencia de la ley si esta ocurre después. La firma del contrato con el Estado no reemplazará la evaluación ambiental ni significará que el proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable u otros permisos sectoriales.
