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Energía

Hidroeléctrica de US$420 millones vuelve a evaluación ambiental tras intento de 2022

Inversiones San Carlos propone una central de pasada de 154,4 MW entre Los Ángeles y Mulchén. La iniciativa contempla 43 meses de construcción y posibles impactos sobre humedales, biodiversidad y comunidades locales.

Hidroeléctrica de US$420 millones vuelve a evaluación ambiental tras intento de 2022

Un proyecto hidroeléctrico que contempla una inversión de US$420 millones volvió a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región del Biobío. Se trata de la Central Hidroeléctrica San Carlos, impulsada por Inversiones San Carlos SpA, cuyo nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado el 3 de noviembre de 2026.

La iniciativa busca construir y operar una central de pasada sobre el río Biobío, en el sector de San Carlos de Purén, entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén. Al 4 de noviembre, el proyecto figuraba en etapa de admisión ambiental, por lo que todavía no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que permita avanzar hacia su ejecución.

Una central de 154,4 MW y 43 meses de construcción

La infraestructura propuesta considera una capacidad instalada de 154,4 megavatios (MW) y un caudal de diseño de 750 metros cúbicos por segundo. Su emplazamiento se proyecta aproximadamente 1.200 metros aguas arriba del antiguo puente de la Ruta 5 Sur, actualmente identificado como Ruta Q-619.

El diseño contempla tres turbogeneradores tipo Kaplan, estructuras de contención en ambas riberas, barreras para regular el flujo del río y una casa de máquinas. Aunque corresponde a una central de pasada, también considera la formación de un espejo de agua para alcanzar la altura necesaria para generar electricidad. La energía producida se incorporaría al Sistema Eléctrico Nacional mediante infraestructura de transmisión.

La construcción tendría una duración estimada de 43 meses, con una dotación promedio de 490 trabajadores y un máximo de 906 personas durante los períodos de mayor actividad. La operación se proyecta por 50 años, mientras que la inversión anunciada corresponde al presupuesto de la iniciativa y no a recursos ya ejecutados.

Impactos ambientales que deberán ser evaluados

Uno de los principales aspectos de la nueva tramitación será la evaluación de los efectos que podría generar la central sobre el río Biobío y su entorno. Los antecedentes difundidos sobre la presentación identifican una superficie de intervención cercana a 694 hectáreas y posibles afectaciones a los hábitats fluviales, humedales y especies de flora y fauna bajo protección.

Entre los sectores mencionados aparecen los humedales Los Cuartos y Guilisasti. También se identifican riesgos para sitios arqueológicos y alteraciones en el acceso a espacios naturales utilizados por habitantes del territorio para actividades económicas y recreativas.

Frente a estos impactos, la empresa propone medidas de mitigación, reparación y compensación que incluyen reforestación de bosque nativo, rescate de fauna, restauración ecológica de humedales y acciones de protección de especies acuáticas. En el ámbito comunitario, la propuesta contempla espacios públicos, equipamiento cultural y medidas de relocalización habitacional para familias que pudieran verse afectadas por las zonas de inundación.

Estas medidas corresponden a compromisos planteados por el titular y deberán someterse a evaluación. Su presentación no acredita que sean suficientes para compensar los impactos identificados.

El proyecto ya enfrentó una evaluación ambiental en 2022

La Central Hidroeléctrica San Carlos cuenta con antecedentes de tramitaciones anteriores. En marzo de 2022, Inversiones San Carlos presentó un EIA que posteriormente fue retirado. Un segundo ingreso, realizado en junio de ese mismo año, terminó anticipadamente por resolución del Servicio de Evaluación Ambiental en agosto de 2022, sin obtener una calificación favorable.

Posteriormente, el 21 de febrero de 2025, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) calificó las obras del proyecto como de interés nacional para efectos específicos de la legislación sobre bosque nativo. Esta determinación estuvo relacionada con una eventual intervención de ejemplares de naranjillo (Citronella mucronata), especie clasificada como vulnerable.

Sin embargo, la resolución también advirtió sobre la presencia de comunidades indígenas y antecedentes de conflictos socioambientales asociados a otros proyectos hidroeléctricos aguas arriba. Conaf estableció que esas circunstancias debían abordarse durante la evaluación ambiental de la iniciativa.

La declaración de interés nacional no constituye una aprobación ambiental ni autoriza por sí sola la construcción de la central.

Con el nuevo ingreso de noviembre de 2026, la empresa retoma la tramitación de una iniciativa que ya había enfrentado procedimientos inconclusos. El siguiente paso será resolver su admisibilidad y, si corresponde, iniciar la evaluación de los antecedentes técnicos, ambientales y sociales que determinarán si puede obtener una autorización para desarrollarse.

REDIMIN Responde

¿Cuál es la inversión proyectada para la Central Hidroeléctrica San Carlos?

La inversión proyectada para la Central Hidroeléctrica San Carlos es de US$420 millones.

¿Dónde se ubicará la Central Hidroeléctrica San Carlos?

La Central Hidroeléctrica San Carlos se ubicará sobre el río Biobío, en el sector de San Carlos de Purén, entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén.

¿Cuál es la capacidad instalada proyectada para la central?

La capacidad instalada proyectada para la central es de 154,4 megavatios (MW).

¿Cuánto tiempo se estima que durará la construcción de la central?

Se estima que la construcción de la central durará 43 meses.

¿Qué medidas propone la empresa para mitigar los impactos ambientales del proyecto?

La empresa propone medidas de mitigación, reparación y compensación que incluyen reforestación de bosque nativo, rescate de fauna, restauración ecológica de humedales y acciones de protección de especies acuáticas, además de medidas comunitarias como espacios públicos y relocalización habitacional.