El Gobierno busca enfrentar una tasa de desocupación de 9,5% mediante incentivos a la contratación, aceleración de obras públicas y proyectos habitacionales, junto con medidas destinadas a destrabar inversiones.
El presidente José Antonio Kast presentó este lunes 28 de septiembre el plan “Chile Despega, con más pega”, una estrategia con la que el Ejecutivo proyecta generar más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027, en momentos en que el mercado laboral chileno registra una tasa de desocupación de 9,5%.
El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda y forma parte de la respuesta del Gobierno al debilitamiento del empleo observado durante los últimos meses. La estrategia combina incentivos para nuevas contrataciones con una mayor ejecución de inversiones públicas, especialmente en vivienda e infraestructura, además de iniciativas dirigidas a acelerar proyectos actualmente en tramitación.
Kast sostuvo durante la presentación que las inversiones están comenzando a regresar al país y vinculó ese escenario con los cambios impulsados por su administración en materia de certeza jurídica y permisos sectoriales. Se trata, por ahora, de una evaluación del Ejecutivo: el ingreso o avance administrativo de nuevos proyectos no equivale necesariamente a inversión ejecutada ni garantiza que los empleos proyectados se materialicen en los plazos previstos.
Un plan frente a un desempleo de 9,5%
El lanzamiento ocurre con un mercado laboral que continúa mostrando señales de debilidad.
La última Encuesta Nacional de Empleo disponible del Instituto Nacional de Estadísticas situó la tasa de desocupación en 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
El deterioro no responde únicamente a un aumento de personas buscando trabajo. En doce meses, la fuerza laboral creció 0,7%, mientras el número de ocupados disminuyó 0,2%. Al mismo tiempo, la cantidad de personas desocupadas aumentó 10,4%.
La situación es particularmente compleja entre las mujeres, cuya tasa de desocupación llegó a 10,3%, frente al 8,9% registrado entre los hombres. A ello se suma una tasa de ocupación informal de 26,5% a nivel nacional.
El Gobierno había advertido previamente que el mercado laboral constituía una de sus principales prioridades económicas. En su Cuenta Pública del 1 de junio, Kast planteó como objetivo terminar su mandato con una desocupación cercana al 6%, para lo cual estimó que el país necesitaría generar al menos 300 mil nuevos puestos de trabajo.
El plan presentado ahora constituye una de las etapas de esa estrategia.
Subsidios, vivienda y obras públicas
Uno de los principales componentes preparados por el Ejecutivo corresponde a la ampliación de los incentivos a la contratación.
En la antesala del lanzamiento, el Gobierno había definido aumentar en 75 mil los cupos adicionales del subsidio al empleo, hasta alcanzar un universo total de 100 mil beneficiarios potenciales. El instrumento busca reducir temporalmente el costo de contratación para las empresas y estimular la incorporación formal de personas actualmente desempleadas.
La estrategia también contempla utilizar la inversión pública como mecanismo de generación de empleo durante los próximos meses.
Uno de los sectores prioritarios será vivienda. El ministro del área, Iván Poduje, había adelantado recursos por aproximadamente US$200 millones hasta fines de 2026, destinados a acelerar proyectos habitacionales y otras obras asociadas a la cartera.
A ello se suma el adelantamiento o aceleración de iniciativas del Ministerio de Obras Públicas y proyectos municipales que ya se encuentren en condiciones de comenzar su ejecución. El objetivo es privilegiar obras capaces de generar demanda de trabajadores en períodos relativamente cortos.
La efectividad del programa dependerá, por tanto, no solo de los recursos anunciados, sino también de la velocidad con que los proyectos comiencen a ejecutarse y las empresas utilicen los incentivos disponibles para contratar trabajadores.
La apuesta por destrabar inversiones
El segundo componente de la estrategia económica apunta a acelerar proyectos privados que cuentan con capital comprometido, pero enfrentan procedimientos administrativos o sectoriales pendientes.
Durante su Cuenta Pública de junio, el Gobierno indicó que existían 389 proyectos en calificación ambiental, asociados a cerca de US$89.000 millones, y afirmó que desde el inicio de la administración habían ingresado iniciativas por más de US$22.000 millones. Esas cifras corresponden a proyectos en distintas etapas de evaluación y, por lo tanto, no representan inversión ejecutada.
En paralelo, el Ministerio de Economía comenzó a desplegar Mesas Regionales de Inversión destinadas a identificar trabas específicas que afectan a proyectos.
En Biobío, por ejemplo, la primera instancia revisó 19 iniciativas por US$1.945 millones, que en conjunto tienen asociados más de 2.800 puestos de trabajo. La cartera de Economía comprometió gestiones para agilizar esos proyectos antes del cierre de 2026.
El Ejecutivo apuesta a que la reducción de los tiempos de tramitación permita transformar con mayor rapidez las decisiones de inversión en construcción, producción y empleo.
El desafío será convertir las proyecciones en contrataciones
La presentación del plan ocurre además a dos días de que el INE publique una nueva medición del mercado laboral, correspondiente al trimestre móvil junio-agosto, dato que permitirá determinar si la tendencia de deterioro observada durante los últimos meses comienza a moderarse o continúa profundizándose.
La meta de más de 100 mil empleos anunciada por el Gobierno corresponde a una proyección vinculada a subsidios, inversión pública y aceleración de proyectos. No significa que esos puestos estén creados actualmente.
El resultado dependerá de la utilización efectiva de los subsidios por parte de las empresas, de la ejecución presupuestaria de los ministerios involucrados, del inicio real de las obras y de que los proyectos privados superen las etapas regulatorias pendientes.
Con “Chile Despega, con más pega”, La Moneda busca conectar dos de los principales ejes de su agenda económica: reactivar la inversión y traducirla en empleo. La primera prueba concreta será determinar durante los próximos meses cuántas de las contrataciones proyectadas efectivamente se materializan y qué impacto tienen sobre una tasa de desempleo que permanece en niveles elevados.
