La fabricante de bolas de molienda acusa que Jean Paul Sauré habría entregado antecedentes falsos al Ministerio Público en una disputa originada por el suministro de barras de acero. El conflicto incluye cobros superiores a $7.500 millones y mantiene enfrentadas a dos compañías relevantes para la cadena minera nacional.
Molycop presentó una querella contra Jean Paul Sauré, gerente general de la Compañía Siderúrgica Huachipato, por un eventual delito de obstrucción a la investigación. La acción judicial apunta a la información entregada por el ejecutivo en una causa relacionada con el suministro de barras de acero y solicita investigar también a todas las personas que pudieran resultar responsables.
El nuevo capítulo judicial profundiza el enfrentamiento entre la fabricante de medios de molienda y la siderúrgica perteneciente al grupo CAP, cuya producción de acero fue suspendida indefinidamente en Talcahuano durante 2024.
La controversia se desarrolla en paralelo a un proceso arbitral, demandas de indemnización y acciones penales originadas después del deterioro de la relación comercial entre ambas empresas. Durante años, Huachipato abasteció a Molycop con barras de acero utilizadas para fabricar bolas destinadas a la molienda de minerales, uno de los insumos críticos en las plantas concentradoras de cobre y otros metales.
Una disputa por barras de acero y más de $7.500 millones
El conflicto tiene entre sus antecedentes un contrato de abastecimiento suscrito el 1 de junio de 2022. Bajo ese acuerdo, Huachipato se comprometió a vender y suministrar barras de acero a Molycop, mientras que los precios y volúmenes debían estructurarse mediante planes anuales de compra acordados entre las partes.
El contrato fue renovado hasta el 31 de mayo de 2024, pero las negociaciones para extender la relación no llegaron a puerto. Las diferencias se concentraron en los precios, las condiciones de despacho y la aplicación de una nueva estructura comercial en medio de la crisis que atravesaba la siderúrgica.
Huachipato inició posteriormente una acción para exigir el cumplimiento de una operación asociada a barras despachadas en septiembre de 2024. La siderúrgica reclama un saldo superior a $7.500 millones, correspondiente a material que habría sido producido y entregado a Molycop.
La fabricante de bolas de molienda sostiene una interpretación diferente. Su posición es que la operación correspondía a una compraventa cuyo pago debía realizarse bajo condiciones acordadas para los meses posteriores. También cuestiona facturas emitidas por Huachipato y afirma que durante 2024 enfrentó cambios de precios, retención de despachos y costos adicionales para asegurar suministro desde proveedores internacionales.
La naturaleza jurídica de esa operación es ahora uno de los puntos centrales de la controversia.
La palabra “consignación” en el centro del conflicto
La querella de Molycop cuestiona la utilización del concepto de “consignación” para describir el despacho de barras de acero programado durante 2024.
La compañía acusa que Sauré habría presentado ante la Fiscalía una tesis bajo la cual el material no fue vendido definitivamente, sino entregado para que Molycop pagara únicamente las barras utilizadas y devolviera las restantes. Esa interpretación podría sustentar una eventual investigación por apropiación indebida contra la fabricante y sus ejecutivos.
Molycop rechaza esa lectura y plantea que la operación siempre tuvo la naturaleza de una compraventa. La empresa sostiene que aceptó adquirir anticipadamente volúmenes que todavía no necesitaba, permitiendo a Huachipato asegurar la venta mientras evitaba que el comprador recurriera de inmediato al mercado asiático.
El término cuestionado apareció en un correo electrónico enviado el 28 de julio de 2024 por Sauré a Gustavo Alcázar, gerente general de Molycop. En ese intercambio se abordaba la producción y el despacho anticipado de material correspondiente a requerimientos previstos para diciembre.
Para Molycop, el uso aislado de esa palabra no modificaba la propiedad de las barras ni establecía la obligación de devolver el acero no utilizado. Sobre esa base, acusa que la versión presentada ante el Ministerio Público habría alterado la dirección de la investigación y generado diligencias vinculadas con una figura penal que considera inexistente.
La querella busca que la Fiscalía determine si hubo entrega deliberada de antecedentes falsos y si esa actuación pudo interferir en el desarrollo de la causa. La presentación también se dirige contra todas las personas que puedan resultar responsables.
Una relación industrial que terminó en tribunales
La controversia refleja la ruptura de una relación estratégica dentro de la cadena de suministro minero-metalúrgica chilena.
Huachipato producía barras de acero que Molycop transformaba en bolas de molienda en sus instalaciones industriales. Estos productos son utilizados en molinos SAG y molinos de bolas para reducir el tamaño del mineral antes de las etapas de concentración y recuperación de metales.
Molycop opera plantas en Talcahuano y Mejillones, además de un centro de innovación en Santiago. Su presencia industrial le permite abastecer a operaciones mineras ubicadas principalmente en el norte y centro del país, donde se concentra una parte significativa de la producción chilena de cobre.
El vínculo con Huachipato ofrecía una fuente local de acero y reducía la exposición a tiempos de transporte, volatilidad logística y costos asociados a las importaciones. Sin embargo, el deterioro financiero de la siderúrgica, la discusión por las sobretasas al acero de origen chino y las diferencias comerciales entre las compañías terminaron debilitando esa integración productiva.
Cuando Huachipato suspendió sus operaciones siderúrgicas en 2024, Molycop debió reorganizar su estrategia de abastecimiento y recurrir a proveedores externos para mantener la continuidad de sus plantas y responder a los contratos con compañías mineras.
Impacto para la cadena de suministro minero
Aunque el conflicto se concentra actualmente en tribunales y fiscalías, sus efectos alcanzan una dimensión industrial más amplia.
Las bolas de molienda representan un consumible esencial para las plantas concentradoras. Su disponibilidad, calidad y precio inciden en la continuidad operacional, el consumo energético, la eficiencia de los molinos y los costos de procesamiento de las faenas.
La desaparición de Huachipato como productor local de barras obligó a sustituir parte de ese suministro mediante importaciones. Esto incrementa la exposición de los fabricantes nacionales a las condiciones del mercado internacional, los fletes marítimos, los plazos portuarios y las variaciones del precio del acero.
El caso también muestra las dificultades de sostener cadenas industriales integradas cuando existen diferencias profundas sobre precios, contratos y medidas de protección comercial. Huachipato enfrentaba pérdidas asociadas a la competencia del acero importado, mientras Molycop necesitaba asegurar insumos a valores compatibles con la demanda de una minería presionada por mayores costos operacionales.
Qué observará la industria
La tramitación de la querella deberá establecer si los antecedentes cuestionados configuran una conducta penal o si las diferencias corresponden exclusivamente a interpretaciones contractuales dentro de una disputa comercial.
También continuará siendo relevante el desarrollo del arbitraje y de las acciones relacionadas con el pago de las barras despachadas en 2024. La resolución de esos procesos determinará la responsabilidad económica de las compañías y la naturaleza del acuerdo que originó el cobro superior a $7.500 millones.
Para la minería chilena, el enfrentamiento constituye una señal sobre la fragilidad que puede alcanzar la cadena de proveedores cuando desaparece capacidad siderúrgica nacional. La continuidad de la producción minera depende no solo de grandes inversiones en yacimientos, plantas y energía, sino también de contratos estables y disponibilidad competitiva de insumos como acero, explosivos, reactivos y medios de molienda.
El conflicto entre Molycop y Huachipato seguirá avanzando en distintos frentes judiciales después del cierre de la siderúrgica. Lo que comenzó como una disputa por precios y entregas de acero se transformó en una controversia penal, arbitral y comercial con efectos sobre dos actores históricos del ecosistema industrial vinculado a la minería chilena.
