El proyecto de tierras raras en Penco, que involucra una inversión de US$ 130 millones, se enfrenta a una fuerte oposición por parte de la ONG Defensa Ambiental. Esta organización ha iniciado acciones legales para invalidar la aprobación del proyecto, que recibió luz verde a principios de junio de 2026 tras un proceso de evaluación que duró dos años. La ONG argumenta que la instalación de esta inversión minera a solo 2 km de la plaza de Penco representa un riesgo significativo para la salud y el medio ambiente de la comunidad.
Movilización en el Servicio de Evaluación Ambiental
El martes pasado, miembros de la ONG Defensa Ambiental, junto a organizaciones sociales y abogados, llevaron a cabo una manifestación frente a la sede del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la región del Biobío. Durante esta jornada, presentaron recursos ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación del proyecto. En caso de no obtener resultados favorables, la ONG planea llevar el caso al Tribunal Ambiental y, potencialmente, escalar la situación hasta la Corte Suprema.
Estrategia legal y perfil de la ONG
La estrategia legal de la ONG está liderada por dos abogados con una década de experiencia en litigios ambientales. Ricardo Frez Figueroa, coordinador ejecutivo de la ONG, y Francisco Astorga Cárcamo, coordinador de litigios, han trabajado en diversas causas relacionadas con conflictos socioambientales. La ONG fue fundada en 2016 y se ha enfocado en brindar asesoría legal a comunidades y organizaciones que enfrentan proyectos considerados contaminantes.
La ONG también ha colaborado con la exconsejera regional del Biobío, Camila Arriagada, quien es la vocera de la campaña “Penco-Lirquén Libre de Mineras”. Esta colaboración refuerza el apoyo a la oposición al proyecto de tierras raras, que ha generado preocupación entre los residentes de la zona.
Relevancia del proyecto de tierras raras
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos metálicos que son esenciales para diversas tecnologías, incluyendo dispositivos electrónicos y motores de vehículos eléctricos. La importancia de este proyecto se ve acentuada por el acuerdo firmado en mayo de 2026 entre el gobierno del Presidente José Antonio Kast y Estados Unidos, que busca fortalecer la cooperación en minerales críticos, entre los que se incluyen las tierras raras.
La oposición al proyecto no es única, ya que otras organizaciones también han impugnado aprobaciones ambientales recientes por parte del SEA. Por ejemplo, Greenpeace ha recurrido al Comité de Ministros para cuestionar la aprobación del Puerto Exterior de San Antonio, cuya inversión supera los US$ 4 mil millones. Al igual que en el caso de Penco, Greenpeace no descarta llevar su reclamo al Tribunal Ambiental y eventualmente a la Corte Suprema.
Futuro incierto para el proyecto
El futuro del proyecto de tierras raras en Penco está en la cuerda floja, a medida que la ONG Defensa Ambiental y otras organizaciones continúan su lucha legal. La próxima acción del Comité de Ministros será clave para determinar si el proyecto podrá avanzar o si se verá obligado a reevaluar su impacto ambiental y social. La comunidad de Penco, que ha expresado su preocupación por los riesgos asociados a la minería, estará atenta a los próximos pasos legales que se tomen en este caso.
La ONG Defensa Ambiental ha demostrado ser un actor relevante en la defensa de los derechos de las comunidades frente a proyectos de inversión que consideran perjudiciales. Su labor resalta la importancia de la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental en el contexto de la minería en Chile.
