El desembolso corresponde al 70% del monto acordado tras el laudo arbitral favorable a la minera canadiense. Perú deberá pagar otros US$ 21,2 millones antes del 31 de diciembre de 2026.
Lupaka Gold recibió aproximadamente US$ 49,4 millones del Estado peruano, un pago que abre la etapa final de una disputa internacional originada por la pérdida del proyecto aurífero Invicta, en la región de Lima. El desembolso representa el 70% del monto comprometido, incluidos los intereses acumulados hasta el 30 de junio de 2026, mientras que otros US$ 21,2 millones deberán ser cancelados antes de terminar el año.
El acuerdo constituye un giro relevante en un conflicto que se prolongó durante varios años y que terminó involucrando procedimientos de ejecución del laudo en distintas jurisdicciones. Con el primer pago materializado, Lupaka aceptó solicitar la suspensión de esas acciones y abstenerse temporalmente de impulsar nuevas medidas mientras espera la segunda transferencia.
La controversia tiene su origen en Invicta, un proyecto de oro ubicado en la provincia de Huaura, aproximadamente 120 kilómetros al norte de Lima, cuyo desarrollo quedó afectado por bloqueos y conflictos comunitarios que terminaron impidiendo el acceso de la compañía a la propiedad minera. El caso posteriormente escaló a un arbitraje internacional bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Perú completa la primera parte del pago
Los términos aceptados por Lupaka establecieron que el Ministerio de Energía y Minas debía pagar el 70% del monto adeudado, equivalente a cerca de US$ 49,4 millones, mientras que el Ministerio del Interior asumió la obligación de desembolsar el 30% restante.
Ese segundo pago alcanza aproximadamente US$ 21,2 millones y tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. Si el monto no es cancelado dentro del plazo comprometido, comenzarán a aplicarse intereses correspondientes al período transcurrido desde el 1 de julio de 2026 hasta la fecha efectiva del desembolso.
En conjunto, ambas transferencias totalizan alrededor de US$ 70,6 millones, considerando el valor del laudo y los intereses incorporados en el acuerdo alcanzado durante 2026.
El monto es superior a los aproximadamente US$ 65 millones asociados al laudo emitido el 30 de junio de 2025, debido principalmente a la acumulación de intereses durante el período posterior a la resolución arbitral.
Una disputa que comenzó con la paralización de Invicta
El conflicto se remonta a los problemas de acceso que enfrentó Lupaka durante 2018 en el proyecto Invicta. Las movilizaciones y bloqueos realizados en el área impidieron la continuidad de las actividades y derivaron posteriormente en la pérdida de control sobre el activo.
La compañía inició en diciembre de 2019 un arbitraje contra Perú al amparo del acuerdo comercial vigente entre ambos países, argumentando que el Estado no había otorgado la protección requerida a su inversión.
El proceso concluyó el 30 de junio de 2025 con una decisión favorable a Lupaka. El tribunal determinó responsabilidad del Estado peruano por no actuar con la debida diligencia para proteger la inversión frente a los acontecimientos que afectaron el proyecto.
El caso adquirió especial relevancia para la industria minera porque trasladó un conflicto territorial y comunitario ocurrido alrededor de una operación minera al terreno de los tratados internacionales de protección de inversiones.
Durante los meses posteriores al fallo, la falta de pago llevó a Lupaka a avanzar en mecanismos internacionales para ejecutar el laudo. En marzo de 2026, por ejemplo, la minera había iniciado procedimientos en Estados Unidos para buscar el reconocimiento y posterior ejecución de la obligación contra Perú.
Lupaka suspende las acciones de ejecución
El pago de US$ 49,4 millones modifica ese escenario.
Como parte del acuerdo, Lupaka se comprometió a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la suspensión de los procedimientos de ejecución, órdenes de embargo u otras medidas que estuvieran vigentes. También dejará de iniciar nuevas acciones mientras Perú cumpla con el calendario establecido para completar el pago.
La compañía había llevado el proceso de cobro a diferentes jurisdicciones como mecanismo para presionar por el cumplimiento del laudo.
Ahora, el principal punto pendiente será el desembolso de los US$ 21,2 millones restantes antes del cierre de 2026. Si ese pago se concreta dentro del plazo, la controversia quedaría encaminada hacia su cierre financiero definitivo.
Los recursos también reordenan las finanzas de Lupaka
La recepción de los fondos no significa que los US$ 49,4 millones ingresen íntegramente como recursos disponibles para nuevos proyectos.
Una de las primeras obligaciones de Lupaka será pagar a Bench Walk Advisors, firma que financió el proceso arbitral y que tiene derecho al reembolso de los recursos aportados y a una participación contingente en los beneficios obtenidos.
Después de esos pagos, la minera prevé efectuar una primera distribución a los titulares de 160.277.702 derechos de valor contingente (CVR).
El cálculo también considera honorarios legales y profesionales, cuentas por pagar, pasivos acumulados, impuestos y costos relacionados con las distribuciones. Lupaka podrá además retener hasta C$ 8 millones para capital de trabajo y otros fines corporativos.
Una segunda distribución está prevista después de recibir el pago pendiente de Perú.
Para Lupaka, resolver la disputa también permite comenzar a desplazar el foco corporativo desde el litigio hacia la búsqueda y evaluación de nuevos activos de recursos minerales. Actualmente, la compañía mantiene propiedades en Estados Unidos y analiza otras oportunidades de desarrollo.
Una señal para la inversión minera en Perú
Más allá del efecto financiero para Lupaka, el caso Invicta tiene implicancias para la discusión sobre seguridad jurídica, conflictividad social y protección de inversiones mineras en Perú.
El país mantiene una cartera relevante de proyectos minerales, pero una parte significativa de su desarrollo depende no solo de permisos ambientales y disponibilidad de capital, sino también de la capacidad de gestionar relaciones territoriales y garantizar continuidad operacional.
La experiencia de Invicta muestra que una paralización originada fuera de los procesos técnicos y ambientales tradicionales puede terminar transformándose en un riesgo financiero directo para el Estado cuando existen tratados internacionales de protección de inversiones.
El pago ya realizado reduce el riesgo de una escalada adicional del litigio y acerca a ambas partes al término de una controversia que comenzó con un proyecto aurífero detenido en 2018 y terminó, ocho años después, con compromisos de pago superiores a US$ 70 millones.
Para el sector minero peruano, el episodio deja además una referencia concreta sobre el costo que pueden alcanzar los conflictos que impiden el desarrollo de una inversión y no logran ser resueltos antes de ingresar al ámbito del arbitraje internacional.
