Minería Internacional

Preocupación nacional por la minería ilegal en Perú: consenso y demandas.

Una encuesta reciente de Ipsos Perú destaca la preocupación nacional sobre la minería ilegal y su impacto en la seguridad del país. Opinión mayoritaria contra…

Preocupación nacional por la minería ilegal en Perú: consenso y demandas.
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Una encuesta reciente de Ipsos Perú destaca la preocupación nacional sobre la minería ilegal y su impacto en la seguridad del país.

Opinión mayoritaria contra la minería ilegal en Perú

El 81% de los peruanos considera que la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad nacional, reflejando una postura unánime a nivel nacional y especialmente en Lima. Este consenso revela una clara preocupación frente a la crisis de violencia en Pataz, región La Libertad.

“La minería ilegal es vista como un factor de inestabilidad y violencia en el país”, declaró un experto en seguridad.

— Experto en seguridad

Este sentimiento se intensificó tras el trágico asesinato de 13 trabajadores en un socavón clandestino, poniendo en el foco la necesidad de revisar las políticas mineras y de seguridad del gobierno de Dina Boluarte.

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Rechazo a suspensión total de la minería en Pataz

A pesar de las medidas adoptadas, como el estado de emergencia en Pataz y la suspensión temporal de las actividades mineras, la población no respalda la paralización total de la minería en la zona. Según la encuesta, un 43% aboga por reforzar la seguridad en la actividad minera, mientras que solo el 26% apoya la suspensión total.

  • El 28% propone suspender solo la minería informal.

  • El 81% exige un nuevo sistema de control en reemplazo del cuestionado Reinfo.

Demanda de mayor control y cambio en el sistema

La encuesta refleja que una amplia mayoría (81%) reclama la sustitución del Reinfo por un sistema más riguroso y con mayor supervisión. Este llamado se traduce en la exigencia de medidas más efectivas para combatir la minería ilegal y fortalecer la seguridad en Pataz.

“Es imperativo implementar un mecanismo más estricto para controlar la actividad minera y garantizar la legalidad”, señaló un analista en política minera.

— Analista en política minera

Además, el 47% de la población responsabiliza al gobierno por la crisis de seguridad en Pataz, seguido de los mineros informales, el Congreso, las bandas criminales y la Policía Nacional, según los datos recabados.