Preocupación nacional por la minería ilegal en Perú: consenso y demandas.

Una encuesta reciente de Ipsos Perú destaca la preocupación nacional sobre la minería ilegal y su impacto en la seguridad del país.

Opinión mayoritaria contra la minería ilegal en Perú

El 81% de los peruanos considera que la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad nacional, reflejando una postura unánime a nivel nacional y especialmente en Lima. Este consenso revela una clara preocupación frente a la crisis de violencia en Pataz, región La Libertad.

“La minería ilegal es vista como un factor de inestabilidad y violencia en el país”, declaró un experto en seguridad.

Experto en seguridad

Este sentimiento se intensificó tras el trágico asesinato de 13 trabajadores en un socavón clandestino, poniendo en el foco la necesidad de revisar las políticas mineras y de seguridad del gobierno de Dina Boluarte.

Rechazo a suspensión total de la minería en Pataz

A pesar de las medidas adoptadas, como el estado de emergencia en Pataz y la suspensión temporal de las actividades mineras, la población no respalda la paralización total de la minería en la zona. Según la encuesta, un 43% aboga por reforzar la seguridad en la actividad minera, mientras que solo el 26% apoya la suspensión total.

• El 28% propone suspender solo la minería informal.
• El 81% exige un nuevo sistema de control en reemplazo del cuestionado Reinfo.

Demanda de mayor control y cambio en el sistema

La encuesta refleja que una amplia mayoría (81%) reclama la sustitución del Reinfo por un sistema más riguroso y con mayor supervisión. Este llamado se traduce en la exigencia de medidas más efectivas para combatir la minería ilegal y fortalecer la seguridad en Pataz.

“Es imperativo implementar un mecanismo más estricto para controlar la actividad minera y garantizar la legalidad”, señaló un analista en política minera.

Analista en política minera

Además, el 47% de la población responsabiliza al gobierno por la crisis de seguridad en Pataz, seguido de los mineros informales, el Congreso, las bandas criminales y la Policía Nacional, según los datos recabados.