El proyecto Dominga sumó un nuevo capítulo judicial: Andes Iron —controlada por las familias Délano y Garcés— presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anularon de oficio un procedimiento clave ligado al cumplimiento de resoluciones ambientales, según expone la compañía en su presentación, recogida en este detalle del recurso y sus argumentos.
A la fecha, Dominga mantiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) rechazada. En el escrito, Andes Iron sostiene haber invertido aproximadamente US$500 millones, incluyendo la adquisición de predios considerados en el Estudio de Impacto Ambiental: 160 hectáreas en el sector Lineal, 10.000 hectáreas en el sector Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.
Qué reclama Andes Iron en su recurso de queja
La minera acusa que la sentencia del tribunal de alzada anuló de oficio “todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental” seguido ante el Primer Tribunal Ambiental. A partir de esa decisión, Andes Iron plantea que los ministros recurridos incurrieron en “faltas o abusos graves”, al apartarse —según su tesis— del texto expreso de la ley y de principios procesales básicos.
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Entre los puntos centrales de su presentación, la empresa afirma que:
La decisión del Primer Tribunal Ambiental que había dejado sin efecto una resolución del Comité de Ministros y ordenó un nuevo pronunciamiento “conforme a parámetros precisos” estableció “una obligación de hacer clara y actualmente exigible”.
La Corte de Apelaciones habría realizado un “salto lógico jurídicamente improcedente”, al confundir —según Andes Iron— la afirmación de que la sentencia ambiental no era definitiva ni interlocutoria que pusiera término al juicio, con la conclusión de que carecería de fuerza ejecutiva.
La nulidad se declaró de oficio pese a que la autoridad administrativa compareció al cumplimiento incidental, opuso excepción de pago y “nunca impugnó oportunamente la vía procesal”.
La invalidación se habría decretado sin identificar perjuicio concreto y sin dar audiencia previa a las partes, lo que —en el planteamiento de la minera— vulneró la bilateralidad y el debido proceso.
El recurso fue patrocinado por los abogados Patricio Leyton y Carola Salamaca.
El fallo de Antofagasta que gatilló el nuevo movimiento en la Suprema
El origen inmediato del conflicto está en la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló de oficio lo actuado en el procedimiento de cumplimiento incidental. En un comunicado del Poder Judicial, se detalla que el fallo fue dictado por la Segunda Sala, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, y que se sostuvo que la resolución del tribunal ambiental de febrero de 2025 no correspondía a un caso previsto por la ley.
El mismo texto del Poder Judicial consigna que el tribunal de alzada fundamentó la improcedencia en las reglas de ejecutabilidad del Código de Procedimiento Civil y en que, en ese contexto, se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no previsto, lo que —según ese razonamiento— habilitaba la corrección oficiosa y la anulación de lo obrado.
Lo que está en juego para Dominga en el SEIA, según la empresa
En su presentación ante la Corte Suprema, Andes Iron advierte que la sentencia de la Corte de Apelaciones anuló la totalidad del procedimiento de cumplimiento incidental, lo que —según la compañía— modifica de forma inmediata y sustancial el estatuto jurídico aplicable a Dominga y los actos administrativos dictados en ejecución de la sentencia ambiental de diciembre de 2024 del tribunal ambiental.
La minera también plantea que, si la decisión se mantiene vigente mientras se tramita el recurso, podrían generarse “efectos prácticos inmediatos y de difícil —cuando no imposible— reparación ulterior”, incluyendo la eventual alteración sustantiva del proyecto dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Antecedentes clave del expediente: inversión, superficie y decisiones administrativas
En la tramitación de Dominga conviven hitos administrativos y judiciales acumulados por años. En el plano documental, el extracto del Estudio de Impacto Ambiental publicado en el Diario Oficial a través del SEA consigna que el proyecto ingresó mediante EIA y que el monto estimado de inversión para su ejecución alcanzaba US$2.500 millones, con una superficie de 10.370 hectáreas.
En la secuencia más reciente, el expediente incluye, entre otros, estos hitos ya reportados:
La sentencia del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 y la reacción del Ejecutivo, abordadas en este recuento del frente judicial y administrativo abierto entonces.
El nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros que volvió a calificar desfavorablemente la iniciativa, con argumentos ligados a biodiversidad y planes de contingencia, descritos en este resumen de esa resolución.
El impacto territorial y social que la iniciativa ha tenido en su zona de emplazamiento, recogido en este reportaje sobre La Higuera y su entorno.
