Proyecto Dominga enfrenta una etapa decisiva luego del reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dejó vigente el rechazo del Comité de Ministros de enero de 2025. En este nuevo escenario, Andes Iron —la sociedad controlada por las familias Délano (85%) y Garcés Silva (15%)— activó una ofensiva jurídica de alto nivel para intentar revertir el escenario adverso que afecta a la iniciativa de US$2.500 millones en La Higuera, Región de Coquimbo. La minera evalúa tres caminos procesales: solicitar una aclaración al tribunal de alzada, interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema dentro de 15 días hábiles judiciales o presentar una reclamación ante el Tribunal Ambiental en un plazo de 30 días. Detrás de esa definición estratégica se encuentra un equipo legal con experiencia en derecho ambiental, litigación administrativa y regulación pública, que combina trayectoria técnica y redes políticas. La frase que vuelve a instalarse en el debate es “certeza jurídica”, en un caso que ya suma más de doce años de tramitación.
Actualmente, la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto permanece rechazada. No obstante, la empresa ha invertido cerca de US$500 millones, incluyendo la adquisición de terrenos contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, que abarcan 160 hectáreas en Lineal, 10.000 hectáreas en Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.
Alejandro Ruiz: experiencia desde el Tribunal Ambiental
Desde fines de 2023, Andes Iron cuenta con la asesoría de Alejandro Ruiz, expresidente del Tribunal Ambiental de Santiago y especialista en derecho ambiental. Su rol es estratégico: revisar escritos, contrastar criterios jurídicos y aportar en definiciones técnicas de fondo, más allá del litigio cotidiano.
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Su incorporación se produjo tras la decisión del Comité de Ministros encabezado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que calificó desfavorablemente la iniciativa. Ruiz aporta experiencia en análisis de resoluciones administrativas complejas, un aspecto central en un caso que ha transitado por el Comité de Ministros, tribunales ambientales y cortes superiores, como se ha detallado en el seguimiento judicial del proyecto Dominga realizado por REDIMIN.
Ferrada Nehme: litigación ambiental desde 2016
La defensa jurídica estructural del proyecto está en manos del estudio Ferrada Nehme, a través de sus socios Patricio Leyton y Carola Salamanca. Su asesoría comenzó en agosto de 2016, cuando la iniciativa inició su tramitación ambiental.
Leyton, profesor asistente de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, ha participado en procesos vinculados a grandes proyectos de inversión y asesora a compañías del sector minero. Salamanca, por su parte, integra el área de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estudio, con experiencia en planificación, obtención de permisos y cumplimiento normativo.
El rol del estudio ha sido clave en las distintas instancias donde se ha discutido la viabilidad del proyecto, en un contexto donde la tramitación ambiental y la judicialización de inversiones estratégicas se han transformado en un debate estructural para la industria, tema abordado en análisis sobre permisología y grandes proyectos mineros en Chile.
Patricio Walker: estrategia regulatoria y redes políticas
En paralelo, Andes Iron sumó a Patricio Walker, abogado y magíster en Derecho Regulatorio por la Pontificia Universidad Católica, actualmente consejero senior de VGC Abogados. Exdiputado y exsenador de la Democracia Cristiana, Walker aporta experiencia legislativa y conocimiento del entramado institucional.
Desde marzo de 2019 trabaja en el área ambiental del estudio fundado por Mario Galindo y Javier Vergara. En el caso Dominga, su papel se centra en la definición de lineamientos estratégicos, análisis regulatorio y participación en reuniones con ejecutivos y asesores externos.
El proyecto es liderado por Pedro Ducci Cornú, gerente general de Andes Iron, quien ha reiterado que la iniciativa mantiene su planificación técnica y que continúa evaluando todas las herramientas legales disponibles. Mientras se define la vía procesal a seguir, el caso vuelve a tensionar el debate sobre seguridad jurídica, desarrollo minero y estándares ambientales en Chile, en una disputa que seguirá marcando la agenda del sector.
