El máximo tribunal tuvo por desistidos los recursos de la minera, trasladando el foco de la controversia al Servicio de Evaluación Ambiental y al Comité de Ministros. El proyecto de hierro y cobre en La Higuera continúa sin aprobación ambiental definitiva.
La Corte Suprema formalizó el desistimiento de las acciones judiciales presentadas por Andes Iron en el conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. La resolución, conocida este viernes 9 de octubre, cierra la tramitación de esos recursos ante el máximo tribunal y concentra la controversia en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité de Ministros, donde permanecen pendientes solicitudes de invalidación contra el rechazo de enero de 2025. La decisión judicial no constituye una aprobación ambiental ni modifica por sí misma el estado del proyecto, cuya inversión estimada alcanza aproximadamente los US$3.000 millones.
Qué resolvió la Corte Suprema y cuáles son sus efectos
El pronunciamiento corresponde a la respuesta judicial al desistimiento que Andes Iron había comunicado a fines de septiembre, cuando retiró los recursos de casación y de queja que mantenía ante la Corte Suprema.
La causa se encontraba en una etapa avanzada de tramitación, con el fallo en proceso de redacción bajo la responsabilidad de la ministra Adelita Ravanales.
Al tener por desistidas las acciones, el máximo tribunal no emitirá una sentencia sobre el fondo de esos recursos. En consecuencia, queda firme lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2026, que dejó sin efecto las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de cumplimiento incidental ante el Primer Tribunal Ambiental.
El resultado mantiene la controversia en el escenario administrativo derivado del rechazo adoptado por el Comité de Ministros el 8 de enero de 2025.
La diferencia principal es que la Corte Suprema resolvió una cuestión procesal, no la viabilidad ambiental de Dominga. Tampoco ordenó aprobar la iniciativa ni emitió una nueva evaluación sobre sus impactos.
Cuatro solicitudes de invalidación concentran la próxima decisión
El futuro inmediato del proyecto depende de cuatro solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones sociales favorables a la iniciativa, que cuestionan la legalidad de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.
Las presentaciones fueron realizadas por el Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos, la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile.
Las solicitudes ingresaron durante junio de 2026 y fueron admitidas a trámite por el SEA en septiembre.
Andes Iron sostiene que la existencia de recursos pendientes ante la Corte Suprema había impedido avanzar en estos procedimientos administrativos. Por esa razón, la compañía decidió abandonar esa vía judicial y concentrarse en las invalidaciones.
El SEA interviene como Secretaría del Comité de Ministros, mientras que a este último le corresponde resolver las solicitudes dirigidas contra su decisión anterior.
La admisión a trámite no significa que se hayan aceptado los argumentos de las organizaciones. Para modificar el escenario actual, deberá existir un pronunciamiento administrativo que determine si corresponde invalidar total o parcialmente la resolución cuestionada.
Incluso en ese caso, una eventual invalidación no significaría necesariamente la aprobación automática de Dominga, ya que podrían requerirse nuevas actuaciones de la autoridad ambiental.
Opositores solicitan que Andes Iron asuma las costas judiciales
La resolución de la Corte Suprema también abrió una controversia relacionada con los costos del litigio.
El abogado Marcos Emilfork, representante de la organización ambiental FIMA, solicitó que Andes Iron sea condenada al pago de las costas del proceso.
La presentación cuestiona la actuación procesal de la minera y plantea que los recursos judiciales y la suspensión de los efectos del fallo anterior pudieron utilizarse para mantener condiciones favorables al avance material del proyecto mientras el máximo tribunal estudiaba la controversia.
Se trata de alegaciones formuladas por una de las partes del conflicto, no de irregularidades acreditadas judicialmente.
La posición de Andes Iron es distinta. La empresa sostiene que sus recursos buscaban asegurar el cumplimiento de decisiones judiciales anteriores y que el desistimiento responde a la necesidad de permitir el avance de las solicitudes de invalidación.
Hasta los antecedentes disponibles este 9 de octubre, no se había confirmado un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la solicitud de costas presentada por el representante de FIMA.
Trece años de controversias ambientales y judiciales
Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en septiembre de 2013. Desde entonces ha atravesado sucesivas decisiones administrativas, impugnaciones y sentencias judiciales.
En 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó la iniciativa, decisión posteriormente respaldada por el Comité de Ministros.
En agosto de 2021, el proyecto obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable, pero las reclamaciones administrativas posteriores llevaron nuevamente el expediente al Comité de Ministros, que rechazó la iniciativa en enero de 2023.
El Primer Tribunal Ambiental anuló esa decisión en diciembre de 2024 y ordenó un nuevo pronunciamiento.
Sin embargo, el 8 de enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a calificar desfavorablemente Dominga. Entre los fundamentos de esa resolución figuraron observaciones sobre la evaluación de especies vegetales protegidas y deficiencias en los planes de contingencia para riesgos asociados al transporte marítimo de hidrocarburos y concentrados minerales.
Esos antecedentes tienen especial relevancia por la ubicación del proyecto en el entorno del archipiélago de Humboldt, una zona de alta biodiversidad marina.
Andes Iron ha defendido la suficiencia técnica de su evaluación ambiental, mientras organizaciones opositoras mantienen sus cuestionamientos sobre los impactos potenciales de las instalaciones mineras y portuarias.
Una inversión millonaria que permanece bajo incertidumbre
El proyecto contempla la explotación de hierro y cobre mediante dos rajos a cielo abierto, una planta concentradora e infraestructura portuaria.
Su diseño considera una producción anual estimada de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
La inversión originalmente asociada a la iniciativa se situaba en torno a US$2.500 millones, mientras estimaciones más recientes la elevan aproximadamente a US$3.000 millones.
Estas cifras corresponden a capacidades proyectadas y montos de inversión asociados al desarrollo del proyecto, no a producción efectiva ni a recursos íntegramente desembolsados.
Aunque Andes Iron ha impulsado actividades iniciales en el área del proyecto, la controversia sobre su situación ambiental sigue abierta. La realización de trabajos preliminares tampoco equivale a contar con una autorización definitiva para ejecutar todas las instalaciones previstas.
Para la Región de Coquimbo, la resolución de estas controversias tiene consecuencias potenciales sobre futuras inversiones, contratación de servicios industriales y oportunidades laborales. Sin embargo, esos efectos dependen de que el proyecto consiga superar las instancias administrativas pendientes.
Qué debe ocurrir ahora
El siguiente hito será la tramitación y resolución de las cuatro solicitudes de invalidación relacionadas con el rechazo ambiental de enero de 2025.
El Comité de Ministros deberá determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para modificar el acto cuestionado. Si los requerimientos son rechazados, se mantendrá el escenario administrativo vigente, sin perjuicio de otras acciones que pudieran ejercer los interesados.
Si alguna solicitud prospera, podría abrirse una nueva etapa de revisión, cuyo alcance dependerá del contenido de la resolución correspondiente.
Por ahora no existe una fecha confirmada para ese pronunciamiento.
La novedad del 9 de octubre es, por tanto, la formalización judicial del desistimiento previamente anunciado. Dominga deja atrás esa instancia específica ante la Corte Suprema, pero mantiene pendiente la controversia sobre su aprobación ambiental, que determinará si la inversión puede avanzar hacia su desarrollo integral.
REDIMIN Responde
¿Qué decidió la Corte Suprema respecto a los recursos de Andes Iron?
La Corte Suprema tuvo por desistidos los recursos de casación y de queja presentados por Andes Iron, lo que significa que no emitirá una sentencia sobre el fondo de esos recursos. Esto deja firme lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2026.
¿Cuál es el estado actual del proyecto Dominga en términos de aprobación ambiental?
El proyecto Dominga continúa sin una aprobación ambiental definitiva. La controversia se mantiene en el ámbito administrativo, con solicitudes de invalidación pendientes ante el Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros.
¿Qué organizaciones han presentado solicitudes de invalidación contra el rechazo del proyecto Dominga?
Las solicitudes de invalidación han sido presentadas por el Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos, la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile.
¿Cuál es la inversión estimada para el proyecto Dominga?
La inversión estimada para el proyecto Dominga alcanza aproximadamente los US$3.000 millones, según estimaciones más recientes.
¿Qué producción anual se proyecta para el proyecto Dominga?
El proyecto Dominga proyecta una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
