La ofensiva judicial del proyecto minero-portuario Dominga sumó un nuevo capítulo. Andes Iron, controladora de la iniciativa ligada a las familias Délano y Garcés, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile en contra del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, resolución que dejó sin efecto lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental vinculado al proyecto.
Actualmente, el Proyecto Dominga mantiene su Resolución de Calificación Ambiental rechazada. No obstante, la compañía sostiene haber invertido aproximadamente US$500 millones, cifra que incluye la adquisición de predios contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental: 160 hectáreas en Lineal, 10.000 hectáreas en Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.
Cuestionamientos a la actuación de la Corte
En su presentación, la minera acusó que la sentencia del tribunal de alzada anuló de oficio “todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental”. Según el escrito, los ministros habrían incurrido en “faltas o abusos graves”, apartándose —a juicio de la compañía— del tenor expreso de la ley y de principios procesales básicos.
Te puede interesar
Segundo Tribunal Ambiental rinde Cuenta Pública 2025 destacando solidez técnica para responder a histórico aumento de causas
Suprema sella alianza Codelco-SQM y cierra la ofensiva judicial de Tianqi
Corte de Apelaciones reanima permiso ambiental de Dominga y deja definición en la Suprema
La empresa argumentó que la decisión del tribunal ambiental, que previamente había anulado la resolución del Comité de Ministros y ordenado dictar un nuevo pronunciamiento bajo parámetros específicos, estableció una obligación clara y actualmente exigible. En esa línea, cuestionó que la Corte de Apelaciones confundiera la naturaleza procesal de la sentencia ambiental con una supuesta falta de fuerza ejecutiva.
Más aún, Andes Iron sostuvo que la nulidad fue declarada de oficio pese a que la autoridad administrativa compareció al cumplimiento incidental, opuso excepción de pago y no impugnó oportunamente la vía procesal. A ello añadió que la invalidación se habría decretado sin identificar un perjuicio concreto y sin otorgar audiencia previa a las partes, lo que —según su tesis— vulneraría principios como la bilateralidad y el debido proceso.
[Imagen: https://www.mundomaritimo.cl/noticias/get_image/30277/798] https://www.mundomaritimo.cl/noticias/get_image/30277/798
Impacto jurídico y efectos inmediatos
La minera advirtió que la sentencia de la Corte de Apelaciones modifica de forma sustancial el estatuto jurídico aplicable al proyecto y a los actos administrativos dictados en ejecución de la sentencia ambiental de diciembre de 2024.
De mantenerse vigente la resolución mientras se tramita el recurso ante la Corte Suprema, la empresa estima que podrían generarse efectos prácticos inmediatos y de difícil reparación posterior. Entre ellos, menciona la eventual alteración sustantiva del proyecto dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El recurso de queja abre así una nueva fase en un conflicto que se ha extendido por más de una década y que mantiene a Dominga en el centro del debate jurídico, ambiental y político del país. La decisión del máximo tribunal será determinante para definir si el proyecto logra reencauzar su tramitación o si el entramado judicial continúa profundizando la incertidumbre en torno a una de las iniciativas mineras más controvertidas de Chile.
