Salar de Atacama. La ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que las críticas de la industria frente a la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente de declarar más de 76 hectáreas como áreas protegidas serán “debidamente sopesadas” en el marco del proceso de consulta pública en curso. Empresas como Codelco, Albemarle y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) han presentado reparos técnicos y de oportunidad regulatoria.
La secretaria de Estado abordó el tema tras la firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Maricunga, subrayando que la iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, cuyo objetivo incluye la creación de una red de salares protegidos. “Es un desafío inédito para el Estado: determinar esta red, realizar los estudios necesarios y las consultas para dotarla de legitimidad”, señaló.
Consulta pública y legitimidad técnica
Williams recalcó que la etapa actual corresponde a la recepción de observaciones y que el Ministerio del Medio Ambiente deberá ponderarlas en lo que corresponda. “Para nosotros es importante conocer estas opiniones y hacerlo en esta etapa”, indicó, recordando que la consulta permanece abierta hasta el viernes.
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Desde la industria, los cuestionamientos apuntan a eventuales impactos sobre planes de inversión y operación en uno de los distritos de litio más relevantes del mundo. El Salar de Atacama concentra activos estratégicos para la producción de carbonato e hidróxido de litio, insumos clave para baterías y electromovilidad.
[Imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Salar_de_Atacama%2C_Chile_-_NASA_Earth_Observatory.jpg] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Salar_de_Atacama%2C_Chile_-_NASA_Earth_Observatory.jpg
Equilibrio entre desarrollo y conservación
La Estrategia Nacional del Litio busca compatibilizar desarrollo productivo con resguardo ambiental en ecosistemas de alta fragilidad. La propuesta de nuevas áreas protegidas se inserta en esa lógica, aunque el sector privado ha pedido claridad técnica y coordinación interministerial para evitar superposiciones regulatorias.
Con la consulta en su fase final, el debate se traslada a la evaluación de antecedentes y a la definición de eventuales ajustes. En un contexto de competencia global por litio, el desafío para la autoridad será equilibrar certeza jurídica, protección ambiental y continuidad de inversiones en el Salar de Atacama.
