Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, publicados en 2020 (incluidos en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, publicada en enero 2022), el sector de transporte es responsable del 36,6% del consumo energético del país, del cual el 99% corresponde a fuentes derivadas del petróleo, volviéndolo responsable de cerca de un 25,5% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Chile.
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Esta alarmante cifra fue la promotora de establecer urgentemente una política pública que permita comenzar a normar el consumo energético de este rubro, a fin de aminorar el impacto medioambiental que produce, además de disminuir la dependencia de Chile de combustibles fósiles importados.
Así, y como parte del compromiso adquirido por nuestro país para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, la Estrategia Nacional de Electromovilidad establece que, para 2035, todos los nuevos vehículos livianos y medianos, el transporte público -incluyendo buses y taxis- y la maquinaria de minería y construcción deberán ser cero emisiones. Esta normativa irá avanzando de forma gradual, sumando al 2040 la venta de maquinaria móvil menor (asociada a rubros de construcción, agrícola y forestal) y, al 2045, la venta de transporte de carga y buses interurbanos.
Sin embargo, ante estos nuevos lineamientos, surgen algunas dudas sobre cómo las empresas podrán alcanzar las metas establecidas dado que deberán cumplir con ciertas regulaciones que comenzarán a imponerse, como los requisitos mínimos de eficiencia para los vehículos, costos asociados para que estas nuevas flotas sean asequibles para la ciudadanía y rentables para los proveedores, normativas respecto a la infraestructura y puntos de carga, entre otros factores relevantes.
Sobre este último punto (infraestructura de carga eléctrica), las empresas ensambladoras o importadoras de vehículos deben considerar distintas variantes que entran en juego para poder desarrollar localmente las “estaciones de carga eléctrica” a fin de que los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por la ley, y es aquí donde trabajar con un partner que entienda y dé soluciones específicas a las necesidades de la industria es clave.
Ante este panorama, Miguel Oñate, director de de Desarrollo de Negocios de Black & Veatch, destaca que en nuestro país (y en todo Latam) la oferta calificada para realizar desde el diseño de la infraestructura de las estaciones de carga hasta la construcción es realmente baja, si además se evalúa entre las opciones un proveedor con experiencia global y presencia local capaz de unificar todo el know how para la adaptación de las estaciones de carguío necesarias para cada modelo de vehículo.
En este sentido, la compañía resalta como un proveedor calificado en el país gracias a su know how global y experiencia de más de diez años en el mercado local, proporcionando ingeniería interna, permisos locales, coordinación de servicios públicos y gestión de seguridad/construcción para las empresas; lo que les ha permitido entregar una robusta oferta sobre el manejo de programas de infraestructura de carga para vehículos eléctricos y con celdas de hidrógeno.
No obstante, para alcanzar el cumplimiento de esta meta nacional, Chile también requiere incrementar los puntos de carga necesarios a nivel nacional para satisfacer la demanda que esta migración a flotas limpias implicará, “pero, a diferencia de otros países de la región, Chile cuenta con una gran ventaja para satisfacer esta necesidad gracias a su gran capacidad de generación de energía limpia”, agrega el ejecutivo.
En el caso de los altos costos que aún implica la adquisición de este tipo de vehículos, “es un desafío en el que el Estado debe trabajar para ofrecer mejores condiciones al sector automotor y que las empresas puedan poner en marcha la adquisición de nuevas flotas de vehículos eléctricos que sean accesibles para el consumidor”, añade.
En resumen, para aminorar las cifras de emisión de GEI y el consumo eléctrico que el sector automovilístico genera hoy en día, se hace necesario un trabajo conjunto entre sector público y empresas privadas para cumplir de la mejor forma posible los objetivos propuestos por la Estrategia Nacional de Electromovilidad que, en definitiva, “es 100% alcanzable. El mercado ya está avanzando y va por buen camino; y, como punto a favor, Chile cuenta con capacidades naturales y proveedores altamente calificados para llevar a cabo este proyecto nacional”, finaliza Oñate.
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