Transferencias fortalecen inversión local y autonomía comunal
Un nuevo impulso al financiamiento municipal comenzó a materializarse esta semana con la transferencia de la segunda cuota del royalty minero a 309 comunas del país. Sumada a la primera entrega realizada días antes, la cifra total alcanza los $113.267 millones, recursos destinados a fortalecer la capacidad de inversión de los gobiernos locales.
La distribución considera $27.458 millones correspondientes al Fondo Comunas Mineras (FCMI), que beneficia a 45 comunas con presencia de actividad extractiva, y $85.808 millones a través del Fondo de Equidad Territorial (FET), que alcanza a 302 comunas con el objetivo de reducir brechas presupuestarias a nivel nacional.
Impulso a proyectos en salud, educación y seguridad
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, destacó que estos recursos permitirán a los municipios avanzar en iniciativas concretas en áreas prioritarias como salud, educación, medioambiente y seguridad.
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Asimismo, subrayó que esta política responde al compromiso del gobierno del Presidente José Antonio Kast de fortalecer la gestión local y acercar la toma de decisiones a los territorios.
Criterios de distribución y alcance nacional
El royalty minero corresponde a un impuesto aplicado a las grandes empresas del sector, que contempla una distribución anual cercana a los US$ 450 millones entre regiones y comunas del país. En el caso del Fondo Comunas Mineras, la asignación se define en base a criterios establecidos por la Comisión Chilena del Cobre, considerando la presencia de operaciones mineras activas y la pertenencia a regiones con actividad extractiva.
Por su parte, el Fondo de Equidad Territorial busca equilibrar las capacidades financieras entre municipios, permitiendo que comunas con menores ingresos puedan acceder a recursos adicionales para enfrentar sus principales desafíos.
Descentralización y desarrollo territorial
La entrega de estos fondos se enmarca en una estrategia más amplia de descentralización fiscal, orientada a fortalecer el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de las comunidades, especialmente en zonas vinculadas a la actividad minera.
Con esta segunda cuota, el gobierno consolida el despliegue de una de sus principales herramientas de redistribución de la renta minera, reforzando el vínculo entre la explotación de recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales.
