La iniciativa busca reducir la carga económica sobre concesionarios, facilitar la continuidad de pequeños productores y reactivar la exploración minera. El texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero aún debe completar su discusión en el Senado.
La Comisión de Minería y Energía del Senado inició la revisión del proyecto que modifica el sistema de amparo y pago de patentes mineras en Chile, una reforma que propone volver a una tasa única para las pertenencias de explotación y suspender los remates asociados a deudas correspondientes a 2026.
La iniciativa, identificada como Boletín N° 18.259-08, ingresó a su segundo trámite constitucional después de ser despachada por la Cámara. Su objetivo central es corregir parte de los efectos generados por la normativa que elevó progresivamente el valor de las patentes para concesiones que no acreditan trabajos, inversiones o actividades mineras bajo determinadas condiciones.
El debate tiene impacto directo en pequeños mineros, productores artesanales, empresas de exploración y titulares de concesiones que enfrentan mayores costos para mantener vigentes sus derechos mineros. También puede influir en la disponibilidad de propiedad minera para nuevos proyectos y en la actividad económica de regiones con alta dependencia del sector.
Qué cambia en el pago de las patentes mineras
Uno de los principales puntos del proyecto es la eliminación de la escala progresiva aplicada a las pertenencias de explotación. El texto propone restablecer una regla general de 0,1 UTM por hectárea, suprimiendo restricciones relacionadas con superficie acumulada, vínculos de parentesco y participación en sociedades para acceder a valores rebajados.
El régimen progresivo vigente puede incrementar el costo de la patente a medida que transcurren los años sin que el concesionario acredite alguna de las condiciones definidas para mantener una tarifa reducida. El Ejecutivo busca reemplazar este esquema por un sistema más simple, con menores exigencias administrativas y mayor certeza para los titulares.
El proyecto también plantea derogar el artículo 142 ter del Código de Minería, disposición que regula parte de los requisitos y limitaciones para optar a patentes rebajadas.
La modificación todavía no está vigente. Para convertirse en ley debe ser aprobada por el Senado, resolver eventuales diferencias con la Cámara y completar su promulgación y publicación.
Patente rebajada podría mantenerse sin postulación anual
La reforma incluye un cambio relevante para pequeños mineros y mineros artesanales. La propuesta establece que la patente rebajada pueda mantenerse mientras el permiso operacional se encuentre vigente, evitando que sus beneficiarios deban solicitarla nuevamente cada año.
El objetivo es disminuir el riesgo de perder el beneficio por problemas administrativos, falta de información o incumplimiento de un trámite anual, especialmente en faenas de menor escala que cuentan con equipos reducidos y menor capacidad para gestionar documentación.
La permanencia de la rebaja no significaría una exención automática de todas las obligaciones. Los productores deberán conservar los permisos que correspondan, cumplir las exigencias de seguridad y mantener actualizada su situación ante los organismos competentes.
Otro cambio eleva desde 1.000 hasta 10.000 toneladas mensuales el límite operacional asociado a la declaración minera simplificada. La ampliación permitiría incorporar a productores de mayor tamaño dentro de un procedimiento menos complejo, aunque las condiciones definitivas dependerán del texto que sea aprobado durante la tramitación.
Incentivo para nuevas exploraciones
El proyecto incorpora una tarifa de 0,02 UTM por hectárea para concesiones de exploración en etapas iniciales de prospección.
La medida apunta principalmente a proyectos greenfield, es decir, trabajos realizados en áreas donde todavía no existe una faena desarrollada ni suficiente información geológica para confirmar la presencia de un depósito económicamente explotable.
La exploración enfrenta altos costos, plazos extensos y una elevada probabilidad de no obtener resultados comerciales. Una patente de menor valor durante las primeras etapas puede aliviar parte de la carga financiera, especialmente para empresas junior y equipos que necesitan levantar capital antes de ejecutar campañas de sondajes.
Entre 2022 y 2025, la superficie cubierta por concesiones de exploración registró una disminución de 37%, antecedente que ha reforzado la discusión sobre los incentivos necesarios para mantener una cartera de futuros proyectos mineros.
Para Chile, la exploración es clave porque permite reemplazar yacimientos que van reduciendo sus leyes minerales, identificar nuevas reservas y sostener inversiones de largo plazo en cobre, oro, litio y otros recursos.
Suspensión de remates por deudas de 2026
La iniciativa contempla suspender los procedimientos de remate de concesiones vinculados al pago de patentes correspondiente a 2026.
El mecanismo permitiría retirar temporalmente de las nóminas de remate a concesionarios atrasados, prorrogar el cumplimiento de la obligación y habilitar convenios de pago con la Tesorería General de la República. También se considera la condonación de recargos generados por mora, bajo las condiciones que establezca la normativa definitiva.
Este punto es especialmente relevante porque el remate constituye una de las consecuencias más severas del incumplimiento: el titular puede perder la concesión y, con ello, los derechos asociados a la exploración o explotación del área.
La suspensión busca entregar un periodo de regularización a productores y concesionarios afectados por mayores costos, problemas de liquidez o dificultades operacionales. No se trata de una eliminación permanente de la obligación de pago, por lo que los interesados deberán revisar los plazos y mecanismos que se definan una vez que la ley sea despachada.
Pequeña minería enfrenta daños y menor producción en el norte
La discusión legislativa coincidió con la revisión de las consecuencias de los temporales en Atacama y Coquimbo, donde se identificaron 383 faenas con daños estructurales o problemas de acceso. La mayor parte de las afectaciones está relacionada con la destrucción y obstrucción de caminos.
La paralización podría representar una pérdida cercana a 90.000 toneladas de mineral para la pequeña minería, debido a faenas que no pueden operar, transportar producción o recibir combustible e insumos.
Para enfrentar la falta de liquidez, se analizaron créditos de emergencia, mecanismos de compra anticipada de mineral almacenado y recursos regionales destinados al arriendo de maquinaria y despeje de caminos privados.
La situación agrega presión al debate sobre las patentes, debido a que pequeños productores pueden continuar acumulando obligaciones incluso cuando sus instalaciones se encuentran detenidas por factores climáticos o problemas de conectividad.
Comisión revisará situación de Codelco en El Teniente
Durante la misma sesión, la Comisión de Minería y Energía acordó citar a representantes de Codelco para abordar la suspensión preventiva de actividades en el sector Andes Norte de la División El Teniente.
La paralización fue adoptada ante un aumento de eventos sísmicos inducidos en el macizo rocoso y afecta las labores de trabajadores contratistas vinculados a empresas de servicios.
Los senadores buscarán conocer las medidas de seguridad, los planes de contingencia y los efectos laborales asociados a la detención de las faenas. El análisis también considera la continuidad de los contratos y la situación de los trabajadores mientras se mantengan las restricciones operacionales.
Qué deben revisar los concesionarios
Mientras la reforma siga en el Congreso, continúan siendo relevantes las obligaciones y plazos establecidos en la legislación vigente. Los titulares no deben asumir que la sola presentación del proyecto suspende pagos, elimina deudas o garantiza automáticamente el acceso a una patente rebajada.
El avance en el Senado será determinante para conocer si se mantienen la tasa única, el beneficio permanente para pequeños productores, la tarifa especial de exploración y la suspensión de remates de 2026.
Cualquier cambio aprobado tendrá efectos sobre el costo de mantener concesiones, la continuidad de faenas pequeñas y la capacidad de Chile para atraer inversión exploratoria. Por ahora, el proyecto abre una etapa de debate legislativo en la que todavía pueden incorporarse indicaciones o modificarse sus condiciones.
