La organización sostiene que 20 mil toneladas de óxidos contabilizadas por la división cumplían las normas internas de Codelco. La controversia involucra incentivos por US$14,3 millones pagados a 6.322 trabajadores y ejecutivos.
El Sindicato de Profesionales de Chuquicamata rechazó la devolución de bonos solicitada por Codelco tras la corrección de las cifras de producción de 2025 y abrió una disputa técnica sobre la forma en que fueron contabilizadas 20 mil toneladas de cobre provenientes de óxidos de la división.
La organización, que reúne a cerca de 700 profesionales de la operación ubicada en Calama, sostiene que ese material cumplía las condiciones internas para incorporarse a la producción del ejercicio y que, por lo tanto, los incentivos asociados al cumplimiento de metas habrían sido correctamente pagados.
La posición sindical se distancia de las conclusiones de la auditoría interna desarrollada por la estatal, que detectó desviaciones en el registro de aproximadamente 26.875 toneladas métricas finas de cobre. El ajuste incluyó 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas vinculadas a material metalúrgico de la División Ministro Hales.
Como consecuencia de esa revisión, Codelco inició el recálculo de los incentivos variables entregados a trabajadores, supervisores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz. El proceso involucra a 6.322 personas y un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a un promedio cercano a $2 millones por beneficiario, aunque los valores individuales pueden variar según cargo, remuneración y estructura del bono.
La disputa por las 20 mil toneladas de Chuquicamata
El centro de la controversia no está únicamente en el pago de los incentivos, sino en la clasificación técnica utilizada para registrar el mineral dentro de la producción anual de la corporación.
La auditoría concluyó que parte del material contabilizado como producto terminado debía mantenerse como producto en proceso. Esa modificación redujo la producción propia reportada por Codelco para 2025 desde 1.334.445 toneladas métricas finas hasta 1.307.570 toneladas, una diferencia cercana al 2%.
El Sindicato de Profesionales de Chuquicamata cuestiona que las 20 mil toneladas de óxidos sean tratadas bajo el mismo criterio que el material observado en Ministro Hales. Su planteamiento es que ambos casos presentan condiciones técnicas y económicas diferentes.
La organización argumenta que los óxidos de Chuquicamata contaban con un programa de tratamiento de 18 meses, protocolos de prueba entre Chuquicamata y Radomiro Tomic y una proyección económica favorable. Bajo esa interpretación, la inclusión del material en la producción habría estado respaldada por mecanismos de excepcionalidad contemplados en normas internas de Codelco.
Los trabajadores mencionan específicamente la norma NCC-2 y la Instrucción Financiera Corporativa 108, instrumentos que regulan la clasificación y el reconocimiento de determinados productos dentro de los procesos productivos y financieros de la compañía.
La discusión será clave para establecer si existió efectivamente una sobreestimación de producción en Chuquicamata o si el material podía incorporarse bajo una excepción válida. De resolverse a favor de la interpretación sindical, podría modificarse el recálculo de los bonos correspondientes a esa división.
Profesionales defienden recepción de buena fe
El director del Sindicato de Profesionales de Chuquicamata, Marcelo Bucarey, sostuvo que los trabajadores recibieron los recursos de buena fe y sin participación en las decisiones utilizadas para contabilizar el material.
“Si hay que devolver algo, obviamente que lo vamos a devolver, pero lo que no vamos a hacer es devolver algo que no corresponde”, afirmó el dirigente.
El sindicato busca separar la responsabilidad de quienes aprobaron o validaron los registros de producción de la situación de los trabajadores que recibieron el bono después de que la empresa certificara el cumplimiento de las metas.
Este punto agrega una dimensión laboral y reputacional al conflicto. La organización considera que se ha instalado públicamente la percepción de que los beneficiarios conservaron recursos que no les correspondían, pese a que los pagos fueron procesados por la propia corporación dentro de sus mecanismos regulares de remuneraciones.
La devolución también genera efectos financieros directos para las familias involucradas. Los incentivos fueron pagados con anterioridad y, en muchos casos, incorporados al presupuesto de los trabajadores, por lo que cualquier restitución deberá considerar gradualidad, condiciones individuales y el marco jurídico aplicable a descuentos sobre remuneraciones.
Auditoría externa deberá resolver diferencias técnicas
Codelco dispuso una nueva revisión externa para analizar los antecedentes y entregar mayor claridad sobre las decisiones que llevaron a incorporar el material en los resultados productivos de 2025.
El sindicato espera que esa instancia examine por separado los óxidos de Chuquicamata y el material de Ministro Hales, en lugar de tratarlos como una sola desviación. También pide revisar la aplicación concreta de las normas internas y determinar si existían las condiciones comerciales, operacionales y financieras necesarias para reconocer la producción.
La organización expresó además reparos por la designación de KPMG para participar en la revisión, debido a la anterior relación profesional de Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, con esa firma. El sindicato considera que ese antecedente debió transparentarse previamente, aunque no ha presentado pruebas que permitan establecer una afectación efectiva sobre la independencia del proceso.
El resultado de la auditoría externa tendrá consecuencias más amplias que el monto de los bonos. También deberá determinar la calidad de los controles internos utilizados para cerrar las cifras de producción, la responsabilidad de los ejecutivos participantes y la consistencia entre los registros operacionales, contables y financieros de la empresa.
Un conflicto sensible para la principal productora de cobre
La controversia se produce en momentos en que Codelco busca recuperar producción, mejorar sus indicadores operacionales y sostener un programa de inversiones destinado a extender la vida útil de sus principales yacimientos.
En ese escenario, la precisión de las cifras productivas resulta especialmente relevante. La producción anual influye en la evaluación del desempeño de cada división, el pago de remuneraciones variables, la planificación financiera, los compromisos comerciales y las proyecciones entregadas al Estado.
El caso también expone los riesgos asociados a sistemas de incentivos vinculados directamente con metas de toneladas producidas. Cuando las definiciones sobre producto terminado, inventario o material en proceso admiten interpretaciones distintas, una decisión técnica puede traducirse en efectos laborales y económicos para miles de personas.
La industria observará ahora si la nueva revisión confirma íntegramente la corrección aplicada por Codelco o establece diferencias entre Chuquicamata y Ministro Hales. De esa resolución dependerá la devolución de parte de los incentivos, la determinación de responsabilidades y la capacidad de la estatal para cerrar una controversia que ya traspasó el ámbito contable y se convirtió en un conflicto de confianza con sus profesionales.
