En la comuna de Sierra Gorda, sindicatos de la minera Spence —operación de BHP— manifestaron su rechazo a una serie de despidos que, según denuncian, afectan a trabajadores que participaron en movilizaciones sindicales legales.
Conflicto por desvinculaciones
De acuerdo con la declaración de la Federación de Sindicatos BHP Chile (FESIN), la compañía habría desvinculado a 36 trabajadores y trabajadoras pertenecientes al sindicato de Minera Spence. Los dirigentes calificaron la medida como “inaceptable”, señalando que se produce en un contexto en que la empresa reporta altas utilidades en el negocio del cobre.
Según los representantes sindicales, los despidos carecerían de justificación y podrían configurarse como una práctica antisindical, al estar vinculados a la participación en movilizaciones que —afirman— se desarrollaron dentro del marco legal y sin afectar las operaciones.
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Impacto laboral y críticas al modelo
Desde la federación indicaron que la decisión no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también genera incertidumbre en el resto de la dotación, impactando la estabilidad laboral, emocional y familiar.
Asimismo, los sindicatos apuntaron a una supuesta contradicción entre el discurso corporativo de la empresa —centrado en el compromiso con las personas y el desarrollo local— y prácticas que, a su juicio, refuerzan la externalización y precarización del empleo.
En esa línea, cuestionaron el modelo de subcontratación vigente en la gran minería, advirtiendo que este debilita las condiciones laborales y fragmenta la fuerza de trabajo.
Debate por subcontratación en la minería
El tema se enmarca en un fenómeno estructural del sector. Según el estudio “Fuerza Laboral de la Gran Minería 2025-2034” del Consejo de Competencias Mineras (alianza impulsada por el Consejo Minero), al año 2024 tres de cada cuatro trabajadores de la gran minería se desempeñaban bajo régimen de subcontratación.
Para los sindicatos, esta realidad expone a los trabajadores a condiciones más precarias en términos de salud, seguridad y estándares laborales, en comparación con personal directo.
Además, mencionaron experiencias internacionales —como en Australia— donde se han impulsado normativas que buscan equiparar condiciones salariales entre trabajadores propios y contratistas, contraste que, a su juicio, evidencia brechas en las operaciones chilenas.
Próximos pasos
Los dirigentes sindicales adelantaron que impulsarán acciones para detener los despidos y defender los derechos de los trabajadores afectados, en un escenario que podría escalar hacia instancias administrativas o judiciales.
Hasta ahora, la empresa no ha emitido una respuesta pública detallada frente a estas acusaciones.
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