El presidente del Partido Republicano defendió el ingreso de capitales privados a la cuprífera, pero descartó que su planteamiento implique entregar la mayoría de la propiedad o del directorio. El Gobierno rechazó avanzar hacia una privatización.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acotó su propuesta para incorporar capital privado a Codelco y aseguró que el Estado debería conservar el control de la principal empresa minera del país, luego de que el Gobierno descartara abrir un proceso de privatización de la corporación.
La precisión se produjo este miércoles 29 de julio, un día después de que el dirigente republicano planteara que Chile debía discutir la privatización total o parcial de la estatal para incorporar “oxígeno privado” a su estructura financiera y de gestión.
Squella sostuvo posteriormente que su propuesta no contempla vender completamente la compañía ni transferir a inversionistas privados la mayoría del directorio. Su planteamiento apunta a colocar una fracción de la propiedad en manos privadas, manteniendo la participación controladora del Estado.
“En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”, afirmó el senador, quien agregó que tampoco respaldaría una estructura en la que el sector público dejara de tener mayoría en la conducción de la empresa.
La discusión instala nuevamente en la agenda política el modelo de propiedad de Codelco, en momentos en que la estatal enfrenta un exigente ciclo de inversiones, elevados compromisos financieros y la necesidad de recuperar producción después de varios años marcados por menores leyes minerales, envejecimiento de sus yacimientos y retrasos en proyectos estructurales.
Gobierno descarta privatizar la compañía
La propuesta encontró un rechazo inmediato en el Ejecutivo. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el Gobierno no contempla privatizar Codelco, aunque mantiene abierta la posibilidad de vender activos considerados prescindibles y que no formen parte esencial del negocio minero.
La posición gubernamental marca una diferencia entre una eventual enajenación de bienes secundarios y la incorporación de accionistas privados a la propiedad de la corporación.
Codelco es una empresa íntegramente estatal y administra activos estratégicos para la economía chilena, entre ellos Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina y El Teniente. También participa en iniciativas vinculadas al litio y mantiene acuerdos con compañías privadas para desarrollar nuevos negocios y optimizar operaciones existentes.
Cualquier modificación profunda de su propiedad requeriría un debate político, legislativo y constitucional de alta complejidad. No se trata únicamente de una operación financiera, sino de una redefinición del modelo mediante el cual Chile administra parte de sus principales recursos mineros.
El ingreso de privados que propone Squella
Squella defendió la idea de que una parte relevante de la compañía quede expuesta a estándares de mercado, mayores exigencias de rentabilidad y mecanismos adicionales de fiscalización. A su juicio, la presencia de accionistas privados podría contribuir a fortalecer la transparencia, revisar decisiones de inversión y reducir la influencia de los ciclos políticos sobre la administración.
Consultado por la posibilidad de vender cerca de un 30% de la propiedad, manifestó que le parecería favorable, aunque reconoció que una operación de esa magnitud corresponde a una discusión de mayor alcance. La cifra, por lo tanto, no constituye una propuesta formal ni un porcentaje definido para un eventual proyecto.
El argumento republicano apunta a que nuevos accionistas podrían aportar capital y participar en el directorio, pero sin desplazar al Estado como controlador. El modelo se acercaría a las estructuras de propiedad mixta utilizadas por otras grandes empresas de recursos naturales, donde el sector público conserva una participación mayoritaria y parte de las acciones se transa en el mercado.
Sin embargo, abrir la propiedad de Codelco no garantiza por sí solo una mejora operacional. Una operación de este tipo exigiría definir qué activos quedarían dentro de la sociedad, cómo se valorizaría la compañía, cuál sería el destino de los recursos obtenidos y qué derechos políticos tendrían los nuevos inversionistas.
También sería necesario resolver si el capital captado se utilizaría para reducir deuda, financiar proyectos estructurales, reforzar el balance o transferir recursos al Fisco.
La presión financiera detrás del debate
El cuestionamiento sobre la estructura de propiedad aparece mientras Codelco ejecuta uno de los planes de inversión más exigentes de su historia. La estatal debe financiar proyectos destinados a prolongar la vida útil de sus divisiones y sostener su capacidad productiva durante las próximas décadas.
Entre estas iniciativas se encuentran la transformación subterránea de Chuquicamata, el proyecto Andes Norte en El Teniente, el desarrollo de Recursos Norte en esa misma división, la continuidad operacional de Salvador y las obras requeridas para mantener la producción en Andina.
Estos proyectos son indispensables porque buena parte de los yacimientos de Codelco lleva décadas en explotación. La disminución de las leyes minerales obliga a remover y procesar mayores volúmenes de material para obtener la misma cantidad de cobre, aumentando las necesidades de inversión, energía, agua, infraestructura y equipos.
El presidente del directorio de la corporación, Bernardo Fontaine, ha situado la deuda de la empresa en torno a US$25.000 millones. Esa carga financiera se ha transformado en uno de los principales argumentos de quienes promueven cambios en el modelo de financiamiento.
Al mismo tiempo, los resultados de 2025 mostraron una recuperación operacional y económica. La compañía cerró ese ejercicio con un Ebitda de US$6.670 millones, un aumento de 23% frente a 2024, mientras sus aportes consolidados al Fisco alcanzaron US$1.778 millones.
Las cifras reflejan que la estatal mantiene una elevada capacidad de generación de caja cuando mejoran la producción, los precios y el desempeño operacional. El desafío es compatibilizar esos resultados con las inversiones necesarias para sostener sus operaciones y con las obligaciones financieras acumuladas.
Qué está realmente en discusión
El debate abierto por Squella no se limita a decidir si una porción de Codelco puede pasar a manos privadas. La discusión central es cómo financiar el crecimiento de la empresa sin comprometer su estabilidad financiera ni debilitar los ingresos que genera para el Estado.
Una apertura de capital podría ampliar las fuentes de financiamiento y someter a la compañía a mayores exigencias del mercado. También podría reducir la capacidad del Estado para capturar íntegramente los beneficios futuros del negocio, además de introducir nuevos intereses en decisiones vinculadas a inversión, empleo, proveedores y desarrollo territorial.
Otra alternativa sería mantener la propiedad estatal y reforzar la capitalización directa, modificar la política de entrega de excedentes, impulsar asociaciones para proyectos específicos o vender activos que no sean estratégicos. Codelco ya opera mediante alianzas con privados en determinadas iniciativas, sin que ello implique transferir la propiedad de toda la corporación.
Para la industria minera, el punto decisivo será distinguir entre una discusión destinada a resolver necesidades concretas de capital y una reforma de propiedad motivada principalmente por diferencias ideológicas.
Una discusión con impacto sobre toda la minería chilena
Codelco sigue siendo una pieza central de la producción nacional de cobre, de la recaudación fiscal y de la actividad económica en varias regiones. Sus decisiones de inversión movilizan contratos de ingeniería, construcción, tecnología, mantenimiento, energía, agua y servicios especializados.
Por esa razón, cualquier modificación de su estructura tendría efectos más allá de la propia compañía. Los proveedores, trabajadores, comunidades, gobiernos regionales y mercados financieros observarían especialmente las garantías de continuidad operacional, el gobierno corporativo y el destino de los recursos obtenidos.
La precisión realizada por Squella reduce el alcance inicial de la controversia: la propuesta republicana no apunta ahora a que el Estado abandone Codelco, sino a discutir una propiedad mixta con control estatal.
Por el momento, no existe un proyecto formal, una valorización, un porcentaje acordado ni un calendario legislativo. El Gobierno cerró la puerta a la privatización, mientras el Partido Republicano busca mantener abierto un debate que tocará uno de los asuntos más sensibles de la economía chilena: quién controla Codelco, cómo se financia su futuro y qué modelo permitirá sostener su aporte al país.
