El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de la minera estatal y mantuvo la sanción aplicada por la autoridad ambiental por hechos registrados en instalaciones de División Salvador, en la Región de Atacama.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación judicial presentada por Codelco y confirmó la multa de 1.850 Unidades Tributarias Anuales (UTA) aplicada por incumplimientos ambientales vinculados a la faena Potrerillos de División Salvador, en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.
La sentencia mantiene vigente la sanción impuesta en el marco de un procedimiento iniciado después de hechos ocurridos en 2018 y que involucraron el manejo de aguas de proceso, residuos industriales líquidos y labores de limpieza en sectores afectados por derrames.
Con el fallo, el tribunal descartó los argumentos planteados por la estatal para dejar sin efecto las infracciones cuestionadas, modificar su clasificación o reducir los criterios empleados para calcular la sanción.
El monto de 1.850 UTA equivale actualmente a alrededor de $1.500 millones, consolidando una de las controversias ambientales que ha acompañado durante los últimos años a las instalaciones de Potrerillos.
Un conflicto ambiental que se remonta a 2018
Los antecedentes del caso comenzaron con denuncias presentadas durante julio de 2018, que dieron paso a actividades de fiscalización en las instalaciones de Codelco Salvador-Potrerillos.
Uno de los episodios centrales correspondió a un derrame de residuos industriales líquidos ocurrido el 3 de mayo de 2018, cuyos efectos fueron revisados posteriormente en sectores asociados a las quebradas Mina de Cal y El Jardín.
El procedimiento sancionatorio fue formalizado en mayo de 2021 y comprendió inicialmente cinco hechos infraccionales relacionados con las condiciones ambientales y operacionales de la unidad fiscalizable.
Durante la tramitación, algunas de las imputaciones fueron descartadas, mientras otras derivaron en sanciones que posteriormente fueron objeto de recursos administrativos y judiciales por parte de Codelco.
La empresa acudió finalmente al Primer Tribunal Ambiental después de que la Superintendencia del Medio Ambiente rechazara su recurso de reposición contra la resolución sancionatoria.
Manejo de aguas y limpieza de sectores afectados
Una de las principales controversias examinadas por el tribunal estuvo relacionada con el funcionamiento del circuito cerrado asociado a la Planta de Flotación de Escorias.
Los antecedentes del expediente consideraron la presencia de pulpa de concentrado de cobre con alto contenido de humedad fuera del circuito autorizado, situación que fue evaluada como un incumplimiento de las condiciones establecidas para el funcionamiento ambiental de la instalación.
Otro de los puntos centrales correspondió a las acciones ejecutadas tras el derrame de residuos industriales líquidos.
El tribunal mantuvo el criterio de que las labores de limpieza en las quebradas afectadas no fueron ejecutadas de manera íntegra y oportuna bajo las obligaciones ambientales aplicables a la operación.
Codelco buscó controvertir tanto la existencia de algunas de estas infracciones como su clasificación, pero los planteamientos fueron rechazados por la judicatura ambiental.
Tribunal mantiene calificación de las infracciones
La sentencia también respaldó la evaluación utilizada para establecer la gravedad de los incumplimientos.
Uno de los aspectos discutidos fue si las conductas cuestionadas correspondían efectivamente a infracciones graves o si debían ser consideradas de menor entidad.
El tribunal concluyó que los incumplimientos comprometieron medidas contempladas en las autorizaciones ambientales de la operación y destinadas precisamente a controlar o minimizar impactos asociados a sus procesos.
La decisión resulta relevante porque reafirma el peso que tienen las condiciones específicas contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental para determinar la responsabilidad de una compañía minera frente a incumplimientos operacionales.
En una industria donde numerosas faenas funcionan bajo múltiples permisos ambientales acumulados durante décadas, la trazabilidad de las obligaciones se ha convertido en un componente cada vez más relevante de la gestión operacional.
Cómo se determinó la sanción
Otro de los ejes de la reclamación estuvo relacionado con la metodología utilizada para establecer el monto económico de la multa.
La sentencia respaldó la aplicación de los criterios considerados para ponderar la sanción, entre ellos el beneficio económico asociado a costos evitados o postergados, la conducta previa de la unidad fiscalizable y el nivel de cooperación de la empresa durante el proceso.
El análisis también consideró la condición de Codelco como operador minero especializado y con conocimiento técnico respecto de las obligaciones ambientales que regulan sus instalaciones.
La revisión de estos factores tiene efectos más amplios para el sector minero, debido a que forma parte de los parámetros utilizados habitualmente en procedimientos sancionatorios ambientales para determinar la magnitud de las multas.
En operaciones de gran escala, la capacidad económica de los titulares, la existencia de antecedentes anteriores y las medidas adoptadas frente a una contingencia pueden modificar de manera significativa el resultado final de un expediente.
Potrerillos sigue bajo seguimiento ambiental
La unidad fiscalizable Codelco Salvador-Potrerillos permanece sometida a distintos instrumentos de seguimiento y fiscalización ambiental en la Región de Atacama.
Las instalaciones cuentan con obligaciones asociadas a emisiones atmosféricas, aguas, residuos y otras variables vinculadas al funcionamiento de la fundición y de los procesos relacionados con División Salvador.
Durante 2026 se han mantenido actividades de seguimiento ambiental en el complejo, incluyendo monitoreos de calidad del aire y emisiones.
Una fiscalización correspondiente al desempeño de la fundición durante 2024 registró, entre otros indicadores, emisiones anuales de 53,99 toneladas de arsénico frente a un límite de 157 toneladas y 11.290,69 toneladas de dióxido de azufre (SO₂) frente a un máximo de 24.400 toneladas.
El mismo examen estableció niveles de captura de 96,59% para azufre y 96,47% para arsénico, ambos sobre la exigencia mínima de 95%.
Estos antecedentes corresponden a periodos posteriores a los hechos que dieron origen a la multa y no modifican las responsabilidades analizadas en el procedimiento judicial.
Una señal para las operaciones mineras de larga data
La confirmación de la sanción contra Codelco vuelve a poner el foco sobre la gestión ambiental de instalaciones mineras y metalúrgicas que operan bajo sistemas regulatorios construidos a partir de múltiples permisos y exigencias acumuladas.
Potrerillos forma parte de la infraestructura histórica asociada a División Salvador y mantiene un rol dentro de la cadena productiva y metalúrgica de Codelco en Atacama.
Para la industria, el fallo refuerza que las condiciones establecidas en una RCA no constituyen únicamente compromisos asociados a la etapa de aprobación de un proyecto, sino obligaciones fiscalizables durante toda su operación.
También eleva la presión sobre las compañías para disponer de sistemas capaces de detectar contingencias, actuar rápidamente frente a derrames y demostrar documentalmente el cumplimiento de las medidas comprometidas.
Tras el rechazo de la reclamación, la sanción contra Codelco queda confirmada en sede ambiental, manteniendo las 1.850 UTA aplicadas por los incumplimientos registrados en Potrerillos y cerrando una nueva etapa de un expediente que se extendió por varios años desde los hechos ocurridos en 2018.
