El Primer Tribunal Ambiental mantuvo la sanción de 1.850 UTA aplicada a la estatal por incumplimientos asociados al manejo de aguas de proceso, derrames y limpieza de sectores afectados en la Fundición Potrerillos, en Atacama.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por Codelco y confirmó la multa de 1.850 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente actualmente a cerca de $1.524 millones, aplicada por incumplimientos ambientales en la Fundición Potrerillos de División Salvador, ubicada en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.
La resolución mantiene vigente la sanción impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un procedimiento originado a partir de hechos registrados durante 2018 y que incluyó infracciones relacionadas con el manejo de aguas de proceso, disposición de material fuera de áreas autorizadas, limpieza de sectores afectados y descargas provenientes de instalaciones de la fundición.
Con la decisión judicial, el tribunal especializado desestimó los argumentos planteados por la minera estatal para dejar sin efecto o modificar la sanción y respaldó la legalidad de las resoluciones administrativas que dieron origen a la multa.
El fallo adquiere relevancia para la industria no solo por el monto involucrado, sino también porque reafirma las exigencias de cumplimiento asociadas a las resoluciones de calificación ambiental y a las condiciones operacionales bajo las cuales funcionan instalaciones metalúrgicas de larga trayectoria.
Una sanción de 1.850 UTA por incumplimientos ambientales
El procedimiento se concentra en una serie de situaciones detectadas en las instalaciones de Potrerillos durante 2018.
Entre los antecedentes considerados se encuentra la disposición y permanencia de pulpa de concentrado de cobre no final en un sector no autorizado, material extraído desde un estanque de aguas de proceso. Esa operación incumplió la condición de mantener las aguas del proceso de flotación de escorias dentro de un circuito cerrado y estuvo vinculada a un derrame ocurrido el 3 de mayo de 2018.
Otro punto cuestionado correspondió a la forma en que se ejecutó posteriormente la limpieza de los sectores afectados. La fiscalización determinó que las labores no se desarrollaron de manera íntegra y oportuna, incluyendo áreas vinculadas a las quebradas Mina de Cal y El Jardín.
El expediente también abordó situaciones relacionadas con residuos líquidos industriales y una descarga detectada el 26 de julio de 2018 en la quebrada Mina de Cal, proveniente de instalaciones de la Fundición Potrerillos.
El proceso sancionatorio consideró cinco cargos, dos de ellos clasificados como graves y tres como leves. Tras la tramitación administrativa, la sanción económica quedó establecida en 1.850 UTA.
Tribunal respalda la actuación de la SMA
Codelco llevó el caso ante el Primer Tribunal Ambiental buscando revertir las resoluciones que mantuvieron la sanción.
Entre los elementos discutidos estuvieron la configuración de las infracciones, su clasificación y los criterios utilizados para determinar el monto económico de la multa.
La sentencia del 25 de agosto de 2026 rechazó la reclamación en todas sus partes y confirmó la legalidad de la resolución de la SMA que había mantenido la sanción contra la empresa.
El pronunciamiento también validó la ponderación de las circunstancias utilizadas para establecer la multa, incluyendo los antecedentes asociados a la gravedad de las conductas y las obligaciones ambientales aplicables a la operación.
Para Codelco, el resultado significa que la sanción de 1.850 UTA se mantiene sin modificaciones tras la revisión judicial realizada por el tribunal ambiental.
La controversia tiene además una dimensión relevante para el sector minero: demuestra que la discusión sobre cumplimiento ambiental no se limita a excedencias directas de parámetros de emisión. Las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales sobre manejo de materiales, aguas industriales, circuitos de proceso y medidas de mitigación también constituyen obligaciones fiscalizables.
Potrerillos bajo presión regulatoria
La Fundición Potrerillos forma parte de División Salvador y se localiza en la provincia de Chañaral, en uno de los distritos mineros históricos de la Región de Atacama.
Dentro del complejo funciona infraestructura asociada al procesamiento metalúrgico de cobre, además de instalaciones vinculadas al manejo de escorias y producción de ácido sulfúrico.
Uno de los proyectos involucrados en los antecedentes del caso corresponde a la Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición Potrerillos, iniciativa que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en 2011 y cuya operación busca mejorar la recuperación metalúrgica del proceso.
Las obligaciones ambientales de una instalación de estas características abarcan múltiples componentes, desde emisiones atmosféricas hasta residuos líquidos y manejo de materiales.
La fiscalización sobre Potrerillos continúa siendo relevante. La unidad ha sido objeto de distintos procedimientos y actividades de seguimiento ambiental, mientras actualmente mantiene sistemas de monitoreo asociados, entre otros parámetros, a calidad del aire y dióxido de azufre.
En paralelo, existe otro procedimiento sancionatorio iniciado en 2024 relacionado con la implementación del sistema de monitoreo continuo para dióxido de azufre y variables operacionales de la fundición. Ese expediente es independiente de la multa ahora ratificada por el Tribunal Ambiental y permanece registrado como un procedimiento en curso.
Qué implica el fallo para las operaciones mineras
Aunque una multa de aproximadamente $1.524 millones tiene un impacto financiero acotado frente a la escala económica de Codelco, la señal regulatoria resulta más amplia.
El caso refuerza el riesgo que enfrentan las operaciones cuando existen diferencias entre las condiciones bajo las cuales un proyecto fue ambientalmente aprobado y la manera en que determinados procesos son ejecutados en terreno.
En instalaciones industriales maduras, donde conviven infraestructura antigua, modernizaciones y nuevas exigencias regulatorias, ese desafío puede adquirir particular complejidad.
Para las compañías mineras, el cumplimiento ya no depende únicamente de alcanzar determinadas metas globales de emisiones o calidad ambiental. También exige trazabilidad operacional, monitoreo permanente, respuesta frente a contingencias y capacidad de acreditar que las medidas comprometidas funcionan durante toda la vida del proyecto.
La confirmación judicial de la sanción a Potrerillos se produce además en momentos en que la minería chilena enfrenta mayores exigencias para sostener y ampliar su producción bajo estándares ambientales más estrictos.
Para Codelco, el desafío se cruza directamente con División Salvador, una operación donde la estatal está ejecutando una transformación productiva con el desarrollo de Rajo Inca para extender la continuidad del distrito.
En ese escenario, el desempeño ambiental de sus instalaciones existentes se convierte en una variable relevante no solo desde el punto de vista sancionatorio, sino también para la ejecución de inversiones, permisos y continuidad operacional.
El fallo sobre Potrerillos deja así una señal concreta para el sector: las condiciones ambientales que acompañan a una operación minera mantienen plena exigibilidad durante su ejecución, incluso cuando los hechos fiscalizados se remontan varios años atrás. Para proyectos que operan durante décadas, esa trazabilidad puede terminar siendo tan determinante como los propios indicadores productivos.
