Codelco y Enap, dos de las principales empresas del Estado chileno, están en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en la presentación de cifras que llevaron al pago de bonos a sus ejecutivos. Estas acusaciones han generado un intenso debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las compañías estatales.
Codelco y el aumento de producción cuestionado
La controversia en torno a Codelco se centra en un aumento de producción que se reportó a fines del año pasado. Este incremento ha sido objeto de críticas y ha llevado a la creación de una comisión investigadora en el Congreso. La semana pasada, se reveló que Tamara Agnic, directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), había sido socia de KPMG, la firma encargada de realizar la auditoría de la estatal hasta septiembre de 2021. Esta relación ha levantado suspicacias sobre la independencia de la auditoría.
El diputado Cristian Tapia (Ind.) expresó su sorpresa ante esta situación y propuso oficiar al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, para esclarecer cómo se llevó a cabo la contratación de KPMG. Tapia sugirió que, si persisten las dudas sobre la independencia de la auditoría, se debería considerar cambiar de empresa auditora, aunque esto podría retrasar el proceso en uno o dos meses.
ENAP y la alteración en la recuperación de azufre
Por otro lado, Enap se enfrenta a una investigación relacionada con la supuesta alteración de la metodología utilizada para calcular la recuperación de azufre en la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón. Las irregularidades en estos cálculos se habrían producido entre 2021 y 2025, y aunque la controversia salió a la luz en 2026, se han encontrado evidencias de que estas incongruencias eran conocidas desde hace un año.
El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, ha manifestado que, a pesar de que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) confirmó que no hay daño a la salud de la población, la tranquilidad no será absoluta hasta que todas las investigaciones concluyan. Esta situación ha generado una inquietud considerable entre los habitantes de la zona, quienes demandan claridad sobre la operación de la refinería y su impacto ambiental.
Reacciones políticas y futuras investigaciones
El diputado Marco Antonio Sulantay de la UDI ha señalado que podría solicitar comisiones investigadoras para todas las empresas del Estado, sugiriendo que la alteración de cifras podría ser una práctica habitual en entidades que operan con metas. Sulantay advirtió que, si es necesario, se pedirán comisiones investigadoras para abordar esta problemática de manera más exhaustiva.
Las investigaciones en curso no solo afectan la reputación de Codelco y Enap, sino que también plantean serias preguntas sobre la gestión y supervisión de las empresas estatales en Chile. La presión sobre estas entidades para cumplir con objetivos de producción y eficiencia puede haber contribuido a la manipulación de datos, lo que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública y en la administración fiscal del país.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las irregularidades y las posibles sanciones que podrían enfrentar los responsables. La situación actual pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en las operaciones de las empresas estatales, así como la importancia de mantener la integridad en la presentación de datos financieros y operativos.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de estas investigaciones y las acciones que se tomarán en respuesta a las irregularidades detectadas. La atención de los medios y la opinión pública se mantendrá firme en la evolución de estos casos, que podrían marcar un precedente en la gestión de las empresas estatales en Chile.
