Tribunal Ambiental abrió un nuevo frente judicial para un proyecto de exploración minera en San Pedro de Atacama luego de acoger a trámite una reclamación presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao contra la aprobación ambiental de la iniciativa “Exploraciones Aida”. La acción judicial cuestiona la decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que revirtió la calificación desfavorable emitida previamente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta y terminó aprobando el proyecto impulsado por Minera Planta Carina SpA. El conflicto pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre exploración minera y protección de ecosistemas sensibles en el altiplano atacameño, especialmente debido a la cercanía del proyecto con el Salar de Tara, zona protegida como Reserva Nacional y Sitio Ramsar por su relevancia ecológica e hídrica.
Comunidad indígena acusa deficiencias en evaluación ambiental del proyecto
La reclamación presentada ante el Primer Tribunal Ambiental sostiene que la resolución del SEA no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas relacionadas con eventuales impactos sobre el sistema hídrico del Salar de Tara.
Según expone la comunidad indígena, existirían deficiencias en la caracterización hidrogeológica desarrollada durante la evaluación ambiental del proyecto. Entre los cuestionamientos planteados aparecen supuestas faltas de información y errores metodológicos en el modelo utilizado para descartar impactos sobre vegas, bofedales y acuíferos protegidos.
La acción judicial también acusa que no se habrían evaluado correctamente los posibles efectos sobre sistemas de vida, usos culturales y prácticas espirituales vinculadas al territorio ancestral de la comunidad atacameña.
De acuerdo con la reclamación, la evaluación ambiental habría omitido aspectos relevantes asociados al componente humano y cultural del área de influencia del proyecto, situación que —a juicio de la comunidad— impediría descartar adecuadamente impactos significativos sobre el territorio indígena.
Por esta razón, los reclamantes solicitaron dejar sin efecto la resolución del director ejecutivo del SEA y mantener vigente la calificación ambiental desfavorable originalmente emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta.
Tribunal evalúa suspensión de obras y efectos de resolución ambiental
Junto con la reclamación principal, la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao pidió además la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la paralización de las obras asociadas al proyecto mientras se desarrolla el proceso judicial.
El tribunal informó que dicha solicitud cautelar se encuentra actualmente en evaluación y que será resuelta durante los próximos días.
La comunidad argumentó que la suspensión resulta necesaria para prevenir eventuales efectos negativos derivados de las supuestas falencias ambientales e hidrogeológicas detectadas en la evaluación del proyecto.
El caso podría transformarse en un nuevo precedente respecto de proyectos de exploración minera emplazados en áreas ambientalmente sensibles del norte de Chile, particularmente en territorios cercanos a salares altoandinos, humedales protegidos y zonas con presencia de comunidades indígenas.
Proyecto contempla ocho sondajes y US$1 millón de inversión
El proyecto “Exploraciones Aida”, impulsado por Minera Planta Carina SpA, tiene como objetivo desarrollar actividades de exploración minera mediante la perforación de ocho sondajes diamantinos.
La iniciativa busca confirmar o descartar la presencia de un cuerpo mineralizado y caracterizar concentraciones minerales en profundidad. Según los antecedentes presentados durante la evaluación ambiental, la inversión estimada alcanza aproximadamente US$1 millón.
Las obras contemplan una duración cercana a tres meses y se emplazarían en un sector ubicado a unos 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama.
La controversia vuelve a evidenciar las crecientes complejidades que enfrentan proyectos mineros en ecosistemas altoandinos, especialmente en territorios donde convergen intereses extractivos, conservación ambiental y protección de comunidades indígenas vinculadas históricamente al uso del agua y del territorio.
