La reforma permite concesiones de 30 años, prorrogables por dos períodos de 10 años, y habilita a empresas privadas, estatales, nacionales y extranjeras a explotar oro y minerales estratégicos.
Venezuela aprobó una nueva Ley Orgánica de Minas que redefine el marco legal del sector y abre una vía formal para atraer inversión privada y extranjera a la explotación de oro y minerales estratégicos. La norma fue sancionada por la Asamblea Nacional el 9 de abril de 2026 y deroga regulaciones mineras previas de 1999 y 2015, según informó Reuters.
El cambio marca una señal relevante para el mapa minero latinoamericano, aunque su impacto dependerá de la capacidad del país para entregar seguridad jurídica, infraestructura operativa y trazabilidad en zonas donde la minería ha estado asociada a informalidad, presencia de grupos armados y conflictos socioambientales.
Qué cambia con la nueva ley minera
La nueva legislación permite que empresas o consorcios nacionales, extranjeros, estatales y privados participen en la explotación de oro y de los llamados minerales estratégicos. El Estado mantiene la propiedad de los yacimientos, pero abre un esquema concesional de mayor duración y con mecanismos de resolución de controversias.
De acuerdo con la información disponible, las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años y podrán extenderse por dos períodos adicionales de 10 años cada uno. En la práctica, un proyecto minero podría operar bajo este marco por hasta 50 años, siempre que cumpla las condiciones regulatorias y obtenga las prórrogas correspondientes.
La ley también establece un royalty de hasta 13% sobre el valor bruto de producción del mineral y un impuesto de hasta 6% para compañías que desarrollen actividades mineras primarias. En el caso del oro, el Banco Central de Venezuela asumirá la gestión de las ventas.
Datos clave
País: Venezuela.
Norma: nueva Ley Orgánica de Minas.
Aprobación: 9 de abril de 2026.
Sectores habilitados: oro y minerales estratégicos.
Participación permitida: empresas privadas, estatales, nacionales y extranjeras.
Plazo de concesiones: hasta 30 años.
Prórrogas: dos extensiones de hasta 10 años cada una.
Carga fiscal informada: royalty de hasta 13% e impuesto de hasta 6% para actividades mineras primarias.
Comercialización de oro: bajo administración del Banco Central de Venezuela.
Normas derogadas: legislación minera de 1999 y régimen de oro y minerales estratégicos de 2015.
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El foco está en oro y minerales estratégicos
La reforma se presenta como parte de una estrategia más amplia para reactivar sectores productivos y captar capital externo. En minería, el interés principal está puesto en el oro y en minerales estratégicos, una categoría que puede incluir recursos relevantes para cadenas industriales vinculadas a energía, tecnología, defensa y transición energética.
Sin embargo, la información pública revisada no permite confirmar proyectos específicos de litio bajo esta ley ni montos concretos de inversión asociados a ese mineral. Las referencias verificadas apuntan principalmente a oro, minerales estratégicos, tierras raras, diamantes y otros recursos con potencial aún poco desarrollado.
El atractivo geológico de Venezuela es conocido, especialmente por el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar. Pero esa misma zona concentra buena parte de los riesgos que observan los inversionistas: control territorial irregular, debilidad de fiscalización, trazabilidad limitada y cuestionamientos ambientales.
La apuesta por atraer inversionistas
La apertura minera ocurre en un contexto de reformas económicas respaldadas por Washington y de flexibilización de restricciones para determinadas operaciones con oro venezolano. Reuters informó que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza ciertas transacciones con oro de origen venezolano, incluyendo operaciones con Minerven, la minera estatal de oro.
Ese punto es relevante porque sin licencias, financiamiento, seguros y canales comerciales habilitados, una apertura legal no se traduce automáticamente en inversión minera real. Para compañías internacionales, especialmente en minería metálica, el marco jurídico es solo una parte del análisis; también pesan la estabilidad política, el acceso a divisas, la logística, la energía, la seguridad física y la reputación de la jurisdicción.
Riesgos que siguen sobre la mesa
Pese al nuevo marco legal, el interés inversionista aún enfrenta obstáculos importantes. En un reporte posterior, Reuters señaló que empresas y asesores siguen observando con cautela el sistema legal venezolano, los antecedentes de expropiaciones, los mecanismos de arbitraje, los controles cambiarios y el estado de infraestructura clave como puertos, transporte, energía y agua.
Para la minería, esos factores son críticos. Un proyecto aurífero o de minerales estratégicos requiere permisos, caminos, energía confiable, seguridad operacional, plantas de procesamiento, manejo ambiental, trazabilidad comercial y financiamiento de largo plazo. La ley puede abrir la puerta, pero la ejecución dependerá de la confianza que logre construir el país frente a operadores, bancos, aseguradoras y compradores internacionales.
Impacto para la industria minera regional
La reforma venezolana llega en un momento en que América Latina compite por capital minero vinculado a cobre, litio, oro, tierras raras y otros minerales críticos. Chile, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia ya están en la agenda de inversionistas globales, con distintos niveles de avance regulatorio, cartera de proyectos y riesgo político.
En ese escenario, Venezuela intenta reposicionarse desde una base compleja: alto potencial geológico, pero baja confianza institucional. Para la industria, el movimiento es relevante porque podría sumar una nueva jurisdicción al mapa de búsqueda de recursos estratégicos, aunque todavía lejos de transformarse en un competidor directo para países con minería formal consolidada.
Qué observará la industria
El principal indicador no será solo la promulgación de la ley, sino la firma de contratos concretos, la publicación de reglamentos, la entrega de concesiones, la entrada de operadores reconocidos y la capacidad de demostrar trazabilidad ambiental y comercial.
La apertura minera venezolana puede convertirse en una oportunidad de inversión si logra reducir el riesgo regulatorio y operativo. Si no lo consigue, la nueva ley quedará como una señal política relevante, pero insuficiente para movilizar capital de gran escala hacia una industria que requiere décadas de estabilidad para desarrollar proyectos, recuperar inversión y operar bajo estándares internacionales.
