El Gobierno argentino anunció que inició el camino hacia un arbitraje internacional por el proyecto Sea Lion y advirtió que, si Londres no detiene las actividades hidrocarburíferas, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno de Javier Milei dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en torno a las islas Malvinas, en medio de la histórica disputa de soberanía entre ambos países. La advertencia, comunicada este 28 de septiembre, apunta directamente al desarrollo petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, un proyecto que ya alcanzó su decisión final de inversión y cuyo inicio de producción está previsto para 2028.
La Oficina del Presidente argentino informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento de arbitraje establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El objetivo declarado por Buenos Aires es impedir la explotación del yacimiento y evitar nuevos permisos relacionados con recursos naturales en las áreas marítimas cuya soberanía Argentina reivindica.
Argentina amenaza con recurrir al Tribunal del Mar
La comunicación argentina incluye una intimación formal a Londres. Buenos Aires exige que, en un plazo de dos semanas, el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o continuidad de las operaciones destinadas a producir hidrocarburos en la zona.
Si el requerimiento no es atendido, el Gobierno argentino anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) medidas provisionales destinadas a preservar los derechos soberanos que reclama sobre su plataforma continental.
La estrategia combina dos vías previstas por la Convemar. Por una parte, Argentina busca constituir un tribunal arbitral bajo el Anexo VII. Por otra, mientras ese órgano es conformado, la Convención permite solicitar al TIDM medidas provisionales en determinadas circunstancias, siempre que el Tribunal considere, entre otros requisitos, que el futuro tribunal arbitral tendría en principio jurisdicción y que existe urgencia suficiente para intervenir.
Eso significa que el anuncio argentino no supone que las operaciones hayan quedado suspendidas ni que exista todavía una decisión judicial internacional contra el proyecto. El primer desafío será determinar hasta dónde puede intervenir un tribunal constituido bajo la Convemar en una controversia estrechamente relacionada con una disputa territorial.
Un antecedente relevante es el arbitraje sobre el área marina protegida de Chagos entre Mauricio y el Reino Unido. En 2015, el tribunal constituido bajo el Anexo VII sostuvo que una controversia territorial de soberanía no puede transformarse automáticamente en un litigio sometido a la Convemar cuando resolverla requiere decidir previamente quién posee soberanía sobre el territorio. Ese precedente no determina por sí solo el resultado de una eventual controversia sobre las Malvinas, pero muestra que la jurisdicción será una de las cuestiones que podrían discutirse.
Sea Lion avanza hacia su primera producción en 2028
La ofensiva argentina coincide con el avance del proyecto Sea Lion, situado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas, según su operador Navitas Petroleum.
Navitas Petroleum Development and Production posee un 65% de participación y opera el proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35% restante. Ambas compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase del desarrollo.
El esquema inicial considera la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Una segunda fase contempla otros 12 pozos. Navitas señala actualmente que el primer petróleo está previsto para marzo de 2028.
Rockhopper informó además que la primera etapa dispone de un paquete de financiamiento que incluye US$1.000 millones en deuda sénior, de los cuales US$350 millones corresponden a su participación. La compañía también ha trabajado con Navitas para acelerar fases posteriores del campo y ampliar sustancialmente su capacidad productiva.
En mayo, Rockhopper indicó que las primeras dos fases habían sido diseñadas para una capacidad cercana a 55.000 barriles diarios, mientras Navitas evaluaba incorporar una segunda unidad FPSO que podría sumar otros 125.000 barriles diarios en etapas posteriores. Esas expansiones requieren todavía nuevas decisiones de inversión y autorizaciones.
Una disputa que Buenos Aires llevó también contra las empresas
El ultimátum al Reino Unido se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre por el Gobierno de Milei.
El 4 de septiembre, la Presidencia argentina anunció la apertura de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. Tres días después, el Ejecutivo informó que promovería una denuncia penal contra compañías relacionadas con operaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte, entre ellas sociedades del grupo Navitas.
La posición argentina se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa. La Resolución 2065 de la Asamblea General reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica mediante negociaciones. La Resolución 31/49 instó posteriormente a las partes a evitar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la ONU.
El Reino Unido mantiene una posición distinta. Londres sostiene que las Falkland Islands son un territorio británico de ultramar y afirma que no discutirá su soberanía mientras los habitantes de las islas no lo soliciten. Como respaldo cita el principio de autodeterminación y el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de quienes participaron votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Argentina rechaza que esa consulta modifique la controversia reconocida por Naciones Unidas.
El conflicto entra ahora en una fase jurídica
La decisión argentina abre un nuevo frente en una disputa que hasta ahora había combinado reclamaciones diplomáticas, legislación nacional contra empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas y gestiones ante organismos internacionales.
En las próximas semanas, el punto inmediato será la respuesta británica al requerimiento argentino y la eventual presentación de Buenos Aires ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En paralelo, Sea Lion continúa en etapa de desarrollo, con trabajos preparatorios e industriales en marcha y perforaciones previstas antes de alcanzar la primera producción.
