Un grupo de diputados, alcaldes y el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, se reunieron con representantes del sindicato de la Siderúrgica de Huachipato, tras el anuncio de la empresa de una paralización indefinida. En medio de este complejo escenario, parlamentarios de diversos sectores políticos, apoyaron un proyecto de ley que apunta a proteger a la industria local.
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La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, dijo en un comunicado que la iniciativa, busca que “podamos aplicar una sobretasa a los productos que contengan acero, desde China, porque reconocemos que aquí la Comisión ha hecho un trabajo importante, pero creemos que es insuficiente para lo que otros países han reconocido en cuanto a las distorsiones de precios”.
Mientras que el gobernador Díaz, planteó que el cierre de Huachipato es un duro golpe económico para la región.
“Si Huachipato dejara de operar, nuestra cesantía regional va a pasar de 7% a 12%. Seríamos la primera región en cesantía en el país. Si Huachipato dejara de operar, hay 300 pymes que están en la región que reciben del orden de US$130 millones al año que dejarían de recibir este dinero. Si Huachipato dejara de operar, hay aproximadamente 3.500 trabaja
dores que están en sus primeros anillos de trabajo, que no están en las pymes, que dejarían de recibir US$70 millones al año”, indicó.
Y luego agregó que “existe preocupación y angustia, porque hay 20 mil familias que tienen a alguien trabajando directamente en Huachipato está ocurriendo ahora. Ese drama está dentro de las casas. Esto es como si en Magallanes se cerrara la ENAP”.
El presidente del Sindicato N°2 de Huachipato, Fernando Orellana, hizo un llamado al gobierno ante la situación de la empresa.
“Quiero mandarle un mensaje al presidente de la República. Hoy día necesitamos soluciones concretas. Usted, presidente, puede pasar a la historia, a la historia que salvó 20 mil empleos en la octava región. Como también puede quedar en la historia que en su gobierno se perdieron 20 mil empleos”, precisó.
El proyecto de ley fue creado por la diputada Pérez, y cuenta con el apoyo de Francesca Muñoz, Sergio Bobadilla, Pamela Jiles, Leónidas Romero, Roberto Arroyo, Camila Flores, Marlene Perez, Félix González y Marcos Ilabaca. La iniciativa que consiste en una reforma constitucional será presentada el 1 de abril, cuando se retomen las actividades en el Congreso.
En su artículo único señala que “durante los tres años siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, toda importación de productos de acero como alambrones, acero de refuerzo para la construcción, barras y bolas de molienda de minerales, de origen de la República Popular China estará gravada con arancel del cincuenta por ciento”.
